Cumbre K en La Pedrera: piden la reactivación de la causa por uso de fondos públicos y que llamen a declarar al intendente Frontera
Es en el marco de la presentación judicial que hizo Ricardo Bazla en 2018 para que se indague sobre el uso de recursos del Estado que se usaron en un acto que tuvo al gobernador Alberto Rodríguez Saá como anfitrión de dirigentes de distintos corrientes del kirchnerismo.
El 16 y 17 de marzo de 2018 el complejo del Estado provincial La Pedrera fue escenario de una cumbre nacional que organizó Alberto Rodríguez Saá bajo la consigna “Hay 2019”.
El gobernador puntano ya estaba enrolado en el kirchnerismo al haber atado una alianza con Cristina Kirchner para las elecciones de 2017.
Las fotos de esos días dejaron retrataron a Alberto Rodríguez Saá con dirigentes que formaron parte del ciclo k de doce años en el poder. Por el estadio Arena de La Pedrera pasaron Axel Kicillof, Aníbal Fernández, Agustín Rossi, Andrés “cuervo” Larroque, Jorge Capitanich, Jorge Taiana, Martín Sabbatella, el gremialista Hugo Moyano, la actual candidata a diputada nacional bonaerense,Victoria Tolosa Paz, y el entonces presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, entre otros. Para las dos jornadas, donde se calculó la participación de unas 10 mil personas (llegaron desde todo el país), se pagaron unos 2 mil kilos de asado y 6 mil choripanes.
El 24 de abril de ese año, Ricardo Bazla presentó ante el juzgado Penal N° 3, que en ese momento estaba a cargo de la fiscal Virginia Palacios, un recurso de “prueba anticipada”, y le pidió a la Justicia que ordene una serie de medidas ante las sospechas de que ese acto partidario se hizo con dineros públicos.
Tres años y cinco meses después, la causa está dormida, y por eso este jueves Bazla realizó una nueva presentación, en el mismo juzgado que ahora tiene otro juez porque Palacios fue designada fiscal de Cámara. Pidió la reactivación en la investigación y que se cite a prestar declaración testimonial al intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, quien en ese momento era el administrador del complejo ubicado en La Ribera.
“Después que la jueza de ese momento me citara a ratificar la denuncia, el proceso penal quedó paralizado”, señaló el abogado en declaraciones a El Chorrillero.
También solicitó que se cite a todos los jefes policiales que tuvieron a su cargo la custodia de las dos jornadas que duró el evento. Se dispusieron en la oportunidad entre 60 y 70 policías para que se ocupen de la custodia de la seguridad de los invitados.
De este modo, Bazla insistió en “la falta de impulso procesal por parte de la Justicia, lo cual denota la parcialidad con que se tratan las causas penales donde están acusados los funcionarios del Gobierno que utilizan o han utilizado los bienes del estado en beneficio propio o de terceros”.
En su momento tuvo en cuenta que había “pruebas suficientes” que confirmaron la utilización del dinero público, como por ejemplo “declaraciones de personas que trabajaron esos días y que indicaron cómo han sido administrados los fondos” por parte de quien tenía a cargo La Pedrera.