SAN LUIS
Fondos públicos y delitos electorales: el triunvirato que está en la mira
Eloy Horcajo, Daniel Marone y Juan Pablo Parnisari son piezas imprescindibles del engranaje de movimientos de los recursos estatales. Los antecedentes y las denuncias sobre maniobras para favorecer a los candidatos del Gobierno orientan las miradas hacia los tres funcionarios.
El gobernador Alberto Rodríguez Saá ya dio señales inequívocas que el Tesoro provincial será otra vez el botín para sumar votos. En el noveno día tras la derrota en las PASO salió con un festival de promesas para remontar la “derrota de mierda”.
El paquete de medidas anunciadas para persuadir al electorado se llevó la atención. Sin embargo, no son las únicas herramientas que utilizará el Gobierno para intentar dar otro batacazo el 14 de noviembre para emular el “milagro” de 2017, logrado a instancias del fenomenal revoleo de fondos públicos y planes sociales.
Ayer se conocieron dos denuncias que entraron en escena bajo el formato de pedido de informe en la Cámara de Diputados sobre posibles delitos electorales. Acá es donde aparece el triunvirato del ministerio de Hacienda y cobra atención su rol.
El interbloque de Diputados de San Luis Unido requiere respuestas al Gobierno a través de la jefa de Gabinete, Natalia Zabala Chacur; al ministro de Hacienda, Eloy Horcajo o la jefa de Programa Asuntos Municipales, Eugenia Cantaloube sobre el trámite de anticipos de coparticipación por parte de los intendentes del Frente K Fuerza San Luis.
Los legisladores tienen la sospecha de que ese dinero pedido la semana pasada por todos los intendentes rodriguezaístas será volcado al financiamiento de la campaña.
La segunda denuncia es la creación de fondos rotatorios de $5 millones y $10 millones para los ministros y secretarios de Estado. De esa forma se aseguran contar con “caja chica” que escapa a los controles y procedimientos de contratación por una masa de $85 millones.
Horcajo, Marone y Parnisari
Los tres mantienen una baja exposición mediática, como la mayoría de los integrantes del gabinete. Son prácticamente desconocidos, aunque se desenvuelven en áreas decisivas para el funcionamiento de la estructura del Poder Ejecutivo. Superan ampliamente una década en la función pública.
| Eloy Horcajo es el ministro de Hacienda. Administra las finanzas del Estado. Asumió en la cartera el 10 de diciembre de 2019, venía de la Tesorería.
Foto Marcos Verdullo.
| Daniel Marone es el Contador General de la Provincia. Es el más antiguo de los tres en el puesto y en el plantel político del organigrama con paso por distintas reparticiones en varios gobiernos.
El cargo está consagrado en la Constitución y el nombramiento del gobernador requiere del acuerdo del Senado. Dura cuatro años en el ejercicio y puede ser renombrado.
Marone tiene el récord de permanencia en el cargo y de antigüedad como funcionario.
El artículo 171 de la Carta Magna establece que “ningún pago se hace sin intervención del Contador General”.
En las gestiones de Rodríguez Saá se le asignó el rol de defender las cuestionadas Cuentas de Inversión en la Legislatura.
Foto Marcos Verdullo.
En 2016 fue denunciado ante la Justicia por falsedad ideológica por prestarse a una operación de desprestigio montada por Alberto Rodríguez Saá en contra del ex gobernador Claudio Poggi.
Después fue confirmado en el cargo desde el cual audita los movimientos financieros de la administración provincial.
| Juan Pablo Parnisari es el Tesorero de la Provincia. Juró el 10 de diciembre de 2019, al iniciar el cuarto mandato Rodríguez Saá.
Foto ANSL.
La función le asigna la responsabilidad de administrar y controlar el servicio y gestión de pago y de la ejecución del gasto público.
Desde el Frente Unidos por San Luis ya atacaron las maniobras que detectaron.
La comisión jurídica de denuncia de delitos electorales del Frente opositor llevó a un funcionario a la Justicia Federal porque una tanda de la Tarjeta Alimentar del Estado nacional fue entregada en un merendero manejado por punteros y candidatos del Frente k Fuerza San Luis. El jefe del Programa de Inclusión Social, Arnaldo Soria como coordinador del operativo de distribución del beneficio fue denunciado por: peculado, un delito que prevé una pena de 2 a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública; incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad; y violación del Código Electoral Nacional y Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. La candidata a concejal de Potrero de Funes, Guadalupe Belen Arrascaeta Aranzazu fue alcanzada por la denuncia.