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ELECCIONES DEL 14 DE NOVIEMBRE

Ahora el Banco Supervielle quedó en la mira por posible lavado de dinero

La entidad actúa como agente financiero de la Provincia. La comisión jurídica de denuncia de delitos electorales del Frente Unidos por San Luis le envió una carta documento.

por Daniel Miranda

elchorrillero.com

Actualizada: 01/10/2021 12:32

La maniobra que está llevando adelante el Gobierno provincial para que los funcionarios de primera y segunda línea tengan “caja chica” para dar subsidios en efectivo y bienes por $50 mil en la campaña electoral del kirchnerismo liderado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, fue denunciada por el interbloque de San Luis Unido en la Cámara de Diputados.

Ahora la comisión jurídica de denuncia de delitos electorales del Frente Unidos por San Luis creada para garantizar la transparencia del proceso electoral le envió una carta documento al Banco Supervielle.

Según trascendió, la Comisión habría intimado a la entidad a que previo a abrir las cuentas bancarias para operar los fondos rotatorios, se controle el estricto cumplimiento de todos los requisitos legales y reglamentarios. Es decir se planteó que el acto admnistrativo que autoriza la apertura emane de la autoridad competente -exclusivamente el titular del Poder Ejecutivo, art. 68 de la Ley VIII-0256-2004-, como así también todo otro requisito administrativo propio que exigen los fondos rotatorios.

Los abogados Ricardo Bazla y Lucio Pereira le hicieron la advertencia al banco para “prevenir la comisión de delitos”.

El Gobierno de Rodríguez Saá encontró en los fondos rotatorios el conducto para que ministros y secretarios de Estado dispongan de fondos públicos que serían direccionados a la campaña del Frente k Fuerza San Luis.

De acuerdo al pedido de informe de los diputados opositores los fondos rotatorios son por $5 millones y $10 millones por cada funcionario. En total serían 17 cuentas y se estima que de movida se busca afectar $85 millones.

Ministros y funcionarios.

Hay fuertes sospechas que el dinero iría a financiar en forma ilegal a la campaña del kirchnerismo en San Luis a través de la entrega de plata o bienes a electores.

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