DELITOS ELECTORALES
Intimaron a decenas de funcionarios por el desvío de fondos públicos para uso electoral del kirchnerismo
La comisión jurídica del Frente Unidos por San Luis le envió cartas documentos a ministros y jefes de distintos organismos a raíz de que detectaron maniobras tendientes a favorecer a los candidatos del Frente Fuerza San Luis.
Esta tarde se conoció que desde la comisión jurídica para delitos electorales se intimó a funcionarios de distinto rango del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá en el marco del proceso que finalizará con las elecciones del 14 de noviembre.
Desde el Frente Unidos por San Luis accionaron apenas tomaron conocimiento de maniobras diseñadas desde el Gobierno para liberar fondos para la campaña electoral del kirchnerismo local. El interbloque de Diputados presentó la semana pasada un pedido de informe sobre la habilitación de fondos rotatorios, también conocido en la jerga como “caja chica”, por $5 millones y $10 millones para la entrega de subsidios en efectivo y bienes eludiendo los filtros legales que rigen el manejo de recursos.
Desde la comisión jurídica ya dieron claras señales que no le pierden pisada al kirchnerismo e irán fondo para evitar que los recursos del Estado sean direccionados por funcionarios y candidatos de Rodríguez Saá a comprar voluntades.
Anoche el candidato a diputado nacional, Claudio Poggi se reunió con alrededor de 30 abogados del comité de control que preside Ricardo Endeiza y trabaja en forma integrada con el equipo nacional conformado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.
Las cartas documentos fueron despachadas por el coordinador de la comisión, Ricardo Bazla y su par Lucio Pereira. Les advirtieron a los funcionarios desde la jefa de Gabinete para abajo que puede quedar involucrados en la comisión de delitos tipificados en los artículos 248, 263 y 291 del Código Penal que contemplan penas de prisión. Incluyeron también el artículo 139 del Código Electoral Nacional.
Los fondos rotatorios tienen como titulares a los funcionarios que son los firmantes en las cuentas corrientes del Banco Supervielle.
A continuación los funcionaros que fueron intimados:
Jefatura de Gabinete de Ministros
María Natalia Zabala Chacur
Griselda Amara Anzulovich Olivero
María Nayme Raba
Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura
Alberto Rodríguez Saá
Emilio Adolfo Groezinger
Andrea Victoria Gomina Catalán
Ministerio de Hacienda Pública
Eloy Horcajo
Juan Pablo Parnisari Pascuarelli
Emanuel Federico Lucero
Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto
Fabián Filomena
Juliana Lucero
Sergio Daniel Zavala
Ministerio de Seguridad
Luciano Anastasi
Jorge Joaquín Sopeña
Lucas Martín Sosa
Ministerio de Educación
Andrés Dermechkoff Fanco
Mariano Sebastián Barrera
Natalia Andrea Bertín
Ministerio de Desarrollo Social
Federico Berardo
Gloria Ayelén Anzulovich Olivero
Luis Alberto Spagnolo
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Alicia Bañuelos
Nicolás Rodríguez Ianello
Gastón Dip Davoli
Ministerio de Salud
Silvia Sosa Araujo
Alberto Martín Vega
Fernando Andrés Gómez
Ministerio de Producción
Juan Lavandeira
Nazareno David Perroni
Jorge Marcelo Pereyra
Secretaría General de la Gobernación
Miguel Angel Berardo
Tania Rosa Suárez Sosa
Secretaría de Turismo
Luis “Piri” Macagno Fernández
Pedro Luciano Morales
Claudia Inés Lucero Meza
Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad
Ximena Ayeleén Mazzina Guiñazú
Erica Laporte
Ivana Soledad Salinas
Secretaría de Vivienda
Guillermo Daniel Alaniz
Marta Nilda Moreira
Mariana Pacheco
Secretaría de Transporte
Sebastián Anzulovich
Pablo José Mallimaci
Horacio Gastón Balcala Salado
Secretaría de Medio Ambiente y Parques
María Natalia Spinuzza
Erica Beatriz Reta
Darío Ezequiel Szklarek
Secretaría San Luis Logística
Sebastián Alejandro Lavandeira Muñoz
Alejandra Pellegrini
Claudio Ariel Grippo