El Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio denunció al Gobierno de San Luis en la Justicia Federal y pide medidas para evitar el clientelismo

El Comité Nacional de Control Electoral de Juntos por el Cambio denunció al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá y a sus funcionarios como posibles autores o partícipes de delitos electorales. Entre ellas las maniobras desarrolladas para “captar el sufragio de los ciudadanos, promover o desincentivar el voto a favor o en contra de determinados candidatos”. Todo eso usando los dineros públicos.

Están sospechados de llevar adelante conductas penadas por el Código Penal y el Código Nacional Electoral, tales como asociación ilícita, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos y peculado; falsedad ideológica y lavado de activos, y de la presunta violación de la ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos.

En la denuncia, que tiene 51 páginas, el Comité que se conformó para denunciar penalmente eventuales maniobras de clientelismo del kirchnerismo en todo el país para comprar votos, solicitó a la Justicia Federal (que tiene competencia en materia electoral) que se investiguen los delitos apuntados y que en el caso de ser comprobados “se condene a sus responsables al máximo de la pena legal”.

Al mismo tiempo y a fin de evitar que estas conductas “pudieran entorpecer y afectar el normal desarrollo de la campaña electoral” y de los comicios del 14 de noviembre requirió una medida cautelar urgente.

La demanda estuvo a cargo de la integrante del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y presidenta de Bases Republicanas, Jimena de la Torre y el apoderado del Frente Unidos por San Luis, Ricardo Endeiza. Ingresó en el juzgado hoy a primera hora.

Pidió que se le ordene al gobernador, a sus ministros y a todos los funcionarios públicos involucrados en estas acciones que “se abstengan de disponer de fondos para el pago de subsidios o cualquier otra erogación que pudiera estar dirigida al condicionamiento de los electores en las elecciones generales y simultáneas”.

En ese sentido agregaron la existencia de expedientes administrativos en curso, los cuales tramitan adelantos de coparticipación a favor de los municipios oficialistas; y también la habilitación de fondos rotatorios destinados a los ministros y secretarios de Estado por $5 millones, para cada uno. El gasto global que estaría en juego asciende a los $85 millones.

Consideran que hay “indicios y sospechas serias de la posible motivación de alterar y afectar las elecciones”, lo que según se expone, resultaría “una hipotética y eventual intencionalidad electoralista partidaria” para financiar la campaña proselitista del oficialismo provincial.

Sobre esto último se expone que “escaparía a todo proceso de contratación ordinario al que además se le pretende dotar de un mecanismo de rendición excepcional, relajado e incontrolable (mediante el uso de simples declaraciones juradas).

En declaraciones al programa La Mañana de Dimensión, De la Torre se detuvo en los alcances de la presentación.

El Comité de Control sostiene que estas maniobras desplegadas por funcionarios del Gobierno “podrían configurar la comisión de acciones típicas disfrazadas de asistencia social mediante la posible extracción o desvíos de fondos públicos”, a través de la entrega de dinero en efectivo. Todo esto “con ánimo de captar ilegítimamente el sufragio a favor de los candidatos oficialistas y poniendo, en consecuencia, en circulación en el mercado financiero ese dinero con apariencias de licitud”.

Se destaca que los intendentes oficialistas, los ministros y secretarios de Estado del Gobierno de Rodríguez Saá dispondrían de “cajas chicas” para entregar discrecionalmente y de manera masiva, subsidios en dinero o en bienes en pleno proceso de campaña electoral. “No antes ni después, sino exclusiva y excluyentemente durante su desarrollo”, cuestionaron.

Jimena de la Torre, ex subdirectora de la AFIP y ex jefa de Gabinete de la Unidad de Información Financiera (UIF), además de titular de la organización orientada a defender activamente la república y la Constitución Nacional; y el presidente de la comisión jurídica para delitos electorales del Frente opositor, Ricardo Endeiza firmaron la denuncia.

Además el Comité de Control tiene en cuenta que todas las conductas denunciadas comenzaron a desarrollarse luego de la derrota del Frente k Fuerza San Luis en las PASO del 12 de septiembre, y que pretenden “revertir dicho resultado para su conveniencia partidaria a través de la utilización de fondos públicos”. La alianza de Rodríguez Saá perdió ante el Frente Unidos por San Luis que lidera el candidato a diputado nacional, Claudio Poggi.

A lo largo del texto se detalla cuáles son las acciones que lanzó el Gobierno “inmediatamente después” de una reunión con la militancia kirchnerista en la sede del Partido Justicialista. El encuentro trascendió por publicaciones periodísticas y no por la publicidad que debieron “imprimirle los responsables”.

Describe que el 21 de septiembre los intendentes solicitaron un anticipo de coparticipación a la jefa del Programa de Asuntos Municipales, María Eugenia Cantaloube. Y se detiene en un detalle, si bien la presentación se efectuó en forma individual (cada jefe comunal) todas las notas fueron redactadas con idéntica definición y sin aportar ninguna precisión adicional que fundamente dicho pedido.

“La modalidad de la operatoria dejaría entrever una posible connivencia entre los funcionarios municipales y provinciales con miras a las próximas elecciones”, describieron.

Todos al mismo tiempo expusieron llevar adelante la misma “contención social”. Justificaron los intendentes que los dineros serían destinados a “cubrir las necesidades de vulnerabilidad social de mi localidad, provocada a causa de la pandemia del virus SRS-COV2”. Usaron la misma fecha, el mismo texto, el mismo formato, la misma tipografía, el mismo motivo y fundamento.

Hacen referencia a las solicitudes económicas que hicieron las municipalidades en plena pandemia (a partir de la baja coparticipación), aunque esa vez nunca tuvieron respuesta.

En concreto advirtieron que “desde que comenzó la pandemia y hasta la derrota electoral de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 12 de septiembre, los Intendentes oficialistas no ejecutaron acción alguna para atender situaciones de vulnerabilidad social con la ayuda provincial”.

“El bien jurídico tutelado por los artículos del CNE es el de garantizar la adecuada función electoral y garantizar la plena libertad del sufragio”, expusieron al advertir que “en este caso podría verse afectada la garantía del votante, a través la ‘compra de votos’”.

“Estamos, nada más y nada menos, ante el retorno del fraude electoral más descarnado. Porque, para que ello ocurra, no es necesario fraguar o adulterar actas de los comicios, quemar urnas o amenazar a los ciudadanos”, puntualizaron.

En ese marco sostuvieron que “el proceso electoral comienza antes y cuando, como en este caso, es utilizado para torcer de manera ostensible y grosera la voluntad del electorado estamos ante una flagrante violación de las normas electorales”.

El Comité de Control pide una batería de medidas de prueba en función de la gravedad que le adjudican al accionar del Gobierno para favorecer al Frente k Fuerza San Luis.

A continuación la denuncia: