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Droga, corrupción e impunidad: así es el Gobierno de un Alberto Rodríguez Saá kirchnerizado

Qué pasa con la droga y los funcionarios del kirchnerismo en San Luis.

Gobernador Alberto Rodríguez Saá en la anterior campaña.

por Daniel Miranda

elchorrillero.com

Actualizada: 17/10/2021 03:56

Desde la cima del poder se envían señales que dan lugar al avance de una cultura que puede erosionar los cimientos de la sociedad. Rodríguez Saá apuesta todo a recrear su “plan platita” para sumar diputados para Cristina.

Estamos en presencia de un Gobierno que no se planta con determinación frente a agentes que trastocan el orden.

Estamos en presencia de un Gobierno que tiene sometida a la Justicia.

Estamos en presencia de un Gobierno que cobija a funcionarios acusados en la Justicia de delitos y abusos. Es cómplice y los apaña porque siguen en los cargos.

Estamos en presencia de un Gobierno que obstaculiza el ejercicio de la prensa. La desprecia y se vale de que la única forma de sobrevivir de casi todos los medios es la publicidad oficial. La pauta es el látigo para arrodillarlos como nunca antes ocurrió en los últimos 38 años.

Cuando un Gobierno y sus funcionarios no hacen cumplir y no respetan la ley, la droga y la corrupción corroen todo lo que tocan.

Estamos en presencia de un Gobierno que no predica con el ejemplo.

Ni la fuerza de los hechos conmueven a un gobernador camuflado en el recambio generacional. Tanto él como los jóvenes maravillosos e inteligentes están distanciados de una sociedad que en las PASO acaba de dar otra vez indicios de cansancio.

El sopapo en las urnas lo dejó atormentado. Deambula en este tiempo atrapado entre dos obsesiones. Una: la urgente necesidad de satisfacer la demanda del kirchnerismo que abraza fervorosamente. La Jefa Cristina necesita un triunfo en San Luis para sumar un diputado más y Rodríguez Saá para ofrendárselo abre la billetera del Estado para empapelar y llenar los flacos bolsillos de miles sanluiseños a cambio del voto. La otra: la insaciable sed de poder.

Ignora todos los escándalos delictivos de quienes están bajo su amparo.

Con el indignante silencio oficial en el “caso Sol Uría”, Rodríguez Saá quiere obligarnos definitivamente a naturalizar que un funcionario público tiene derecho a vincularse y divertirse en un ambiente donde abunda la droga. La crónica periodística reprodujo que en la juerga fluía un cóctel de cocaína, éxtasis, LSD y marihuana.

La funcionaria-candidata formó parte del exclusivo público de una fiesta clandestina ocurrida el 23 de marzo durante la cuarentena dura. Fue detenida e imputada. El Gobierno ocultó el caso hasta esta semana que el portal Apuntes San Luis hizo la revelación.

Sol Uría no tuvo el raro privilegio de ser la primera funcionaria que esconde su conducta detrás de la delgada línea que separa lo privado de lo público.

En 2018 la entonces ministra de Educación, Natalia Spinuzza se filmó luego de fumar marihuana. “Me fui a Marte” contaba en el video grabado durante un viaje a Holanda y confiaba que fue “un churro enorme” y que estaba “chupada”.

Estos actos en la tabla de valores de Rodríguez Saá tienen una ponderación especial a juzgar por el destino de ambas.

Fueron premiadas.

Spinuzza dejó Educación y quedó encumbrada como secretaria de Estado de Medio Ambiente y Parques. Tiene rango de ministra. Se dio el lujo de llevar a juicio y lograr que una jueza comedida condenara al periodista Diego Masci por reproducir en un portal la grabación que circulaba por las redes. El gobernador fue el principal testigo y el abogado fue Omar Uría (padre de Sol).

Uría conserva el cargo en un organismo oficial y después del escándalo de la fiesta clandestina con droga en Buenos Aires, fue impulsada como candidata a diputada provincial titular.

Quedó demostrado que desde los poderes del Estado se pone más ahínco en perseguir y castigar a un periodista y dejar un precedente para el resto.

Rodríguez Saá no se cansa de poner a prueba la capacidad de asombro y tolerancia de los sanluiseños.

Desde más arriba Alberto Fernández se da el gusto de concederle el manejo de las fuerzas de seguridad y la custodia de los argentinos a Aníbal Fernández. La “Morsa” exime de referencias sobre su trayectoria en los 22 cargos públicos que ocupó. Todos lo conocemos y el último en comprobar como es Aníbal en estado puro fue Nik.

Todo es posible bajo el firmamento kirchnerista.

Nada es casual.

La División del Narcotráfico provincial está incapacitada para sostener la lucha contra las mafias. Está manca de recursos. Dicho de otro modo: no tiene apoyo político. La dupla de mujeres considerada “incorruptible” que estaba al frente fue echada después de denunciar a los jefes por violencia de género.

Desde el ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich en su momento dio cuenta de la falta de predisposición del Gobierno de San Luis para articular acciones con las fuerzas del Estado nacional. Rodríguez Saá le alambró la provincia.

El Gobierno está con la guardia baja y no tiene un programa de prevención y atención a las víctimas. Así las mafias pueden hacer una fiesta en San Luis.

El Gobierno no podrá contratacar argumentando que lo inventa la oposición o la prensa “canalla” en medio de la campaña electoral. Lo dijo Emmanuel Vega, acompañante terapéutico y director del Centro Terapéutico Integral Tratamiento de Adicciones "Día Uno" en una entrevista de siete minutos sin desperdicio con la periodista Ayelén Britos. (Fue publicada en Facebook el 13 de octubre a las 11:29)

Veamos qué dijo para poder calibrar que la provincia está en emergencia:

“Nos está costando burocráticamente hacer un convenio con la Sedronar”;

“La pasta base se multiplicó y se cree que hay laboratorios acá porque explotó el consumo”;

 “No hay lugares de contención”;

“San Luis no tiene un centro de tratamiento con internación para adicciones”.    

El Gobierno cree que todos tienen precio y salió desesperado a ofrecer plata en formato de subsidios y préstamos en efectivo y en especies.

El gobernador está convencido que todos están pendientes y actuarán el 14 de noviembre en las urnas en función de su oportunista billetera e ignorarán la zaga de desenfrenos que envuelven a funcionarios y dirigentes de su partido.

En cualquier Estado donde los poderes son independientes, Juan Carlos Eduardo no se pasearía orondo como presidente de la Cámara de Diputados. En un lugar normal ya hubiera eyectado del sitial y se discutiría el apartamiento de la banca hasta dilucidar la repugnante conducta denunciada. De la actuación de la fiscal Eugenia Zabala Chacur poco se sabe y la empleada que denunció que fue obligada a pasarle la mitad del sueldo a la hija del diputado de San Francisco, en una entrevista con el periodista Daniel Rodríguez también denunció el último jueves que recibió amenazas. Está aterrorizada y responsabilizó a “todo lo que está alrededor” del dirigente si le pasa algo. Quebrada le pidió a la fiscal que la llame a ella como a otros diputados y funcionarios que quedaron salpicados porque “no es natural que yo haya renunciado (a la denuncia), lo hice por miedo”. (La nota fue publicada en Facebook el 14 de octubre a las 15:58)

En la provincia que esconde Rodríguez Saá, Eduardo es la figura institucional que corona la aprobación del Presupuesto, la ley de leyes.

Brota la miseria y mugre del kirchnerismo de San Luis. Un funcionario desde un despacho de la Municipalidad de La Toma les robó durante meses a un grupo de mujeres el plan social, que era el único sustento para sus hijos en la fábrica de pobres que convirtió Rodríguez Saá a la provincia.

Estas madres pobres, dignas y valientes denunciaron el accionar aberrante del ahora ex funcionario y no dieron marcha atrás. El intendente Ernesto “Pipi” Alí nunca sospechó nada. Lo separó del cargo a Facundo Devia y provocó que la pareja del deshonesto funcionario renunciara a la banca de concejal. Siempre el hilo se corta por lo más delgado.

El militante K recuperó ayer la libertad después de ser procesado. Estuvo once días en un calabozo.

El comportamiento del jefe del subprograma Plan Carne San Luis y gerente de Sol Puntano Carne, Roberto Piccardo D´Andrea tampoco mereció reproches y sanciones. Fue denunciado por acoso sexual y maltrato laboral por cuatro empleadas.

¿Para qué está la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad?

El silencio equivale a protección de los funcionarios y dirigentes del Frente Fuerza San Luis cuestionados formalmente por un proceder impropio.

Todas estas mujeres denunciantes no existen para la secretaría de la Mujer.

La impunidad no es eterna.

Cuando parecía que la mansa gente de San Luis iba a seguir sin decir nada, envió un mensaje.

 

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