Jimena de la Torre: “Para el fiscal Federal se están cometiendo delitos electorales y pidió medidas urgentes al juez Federal”

El fiscal Federal, Cristian Rachid solicitó al juez Federal, Juan Maqueda medidas cautelares urgentes luego de la presentación por delitos electorales que formuló el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio en contra del gobernador Alberto Rodríguez Saá y el gabinete por el uso de fondos públicos para financiar la campaña del Frente K Fuerza San Luis.

La integrante del Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio y presidenta de Bases Republicanas, Jimena de la Torre en declaraciones que formuló esta tarde en el programa Otra Dimensión manifestó que para “el fiscal están dadas las condiciones para la cautelar”.

“Entendemos que para negarse a trabar la medida cautelar por lo pronto tendrán que desbaratarse los fundamentos del fiscal que son muy sólidos, son 18 fojas donde argumenta las razones por las cuales entiende que están dadas las condiciones para trabar la medida. Esperamos que el juez ordene las medidas cautelares que corresponden como lo hizo la jueza (María) Servini a nivel nacional”, dijo Jimena de la Torre que formalizó la denuncia junto a Ricardo Endeiza que preside la comisión jurídica para delitos electorales del Frente Unidos por San Luis.

El requerimiento se produjo teniendo en cuenta los elementos aportados y en la ampliación de la denuncia como en la prueba producida. Se pidió que se prohíba al gobernador y a los funcionarios del gabinete llevar adelante una serie de medidas de corte electoralista hasta el 15 de noviembre, es decir el día posterior al comicio.

Desde el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio fueron a la Justicia porque sostienen que el Gobierno de Rodríguez Saá recurrió al uso irregular de dinero público en efectivo y en bienes con el objetivo de dar vuelta la derrota de las PASO y ganar las elecciones del 14 de noviembre.

Entre otras cosas se tiene en cuenta “el torpe accionar de los funcionarios provinciales que expresamente establecieron que los pagos de los beneficios que de pronto se les ocurrió dar, se realizarán en los tres días hábiles previos a la elección”. Así lo determina el decreto 5963 – JGM -2021 dictado ya iniciado el periodo de campaña electoral.

Desde ayer los distintos niveles de gobierno tienen prohibido el lanzamiento o la promoción de planes o actos que puedan promover la captación del sufragio a favor de candidatos. La veda está contemplada en el cronograma y las limitaciones están fijadas en el artículo 64 quater del Código Electoral Nacional.

Desde el Frente Unidos por San Luis señalaron que “nadie se opone a que desde el Poder Ejecutivo se cumpla debidamente con sus funciones y asista a los sectores más vulnerables de la población, sino que nos oponemos a que ello se realice con fines electoralistas y en pleno proceso en marcha de la campaña electoral”.

Una vez pasadas las elecciones entienden que podrán continuar las acciones oficiales, sin perjuicio de la investigación judicial que proseguirá tanto por los delitos electorales como por los delitos establecidos por el Código Penal para los funcionarios.