Las víctimas del funcionario K de “Pipi” Alí ampliarán sus declaraciones en la Justicia
A partir del lunes acudirán a Tribunales para aportar más datos en torno a la estafa que sufrieron por parte de Facundo Devia.
La causa contra el ahora ex funcionario k del intendente Ernesto “Pipi” Ali continúa su trámite en la Justicia. La última novedad surge por parte de la representación legal de las víctimas que en las próximas horas solicitará más medidas probatorias.
Asimismo se prevé que tanto el lunes como el martes de la semana que viene cinco denunciantes acudan ante el juez Penal Juan Manuel Montiveros Chada para ampliar la declaración.
Devia fue procesado por “estafas reiteradas en concurso real” y puesto en libertad.
Era jefe del área Acción Social de la Municipalidad de La Toma y encargado de administrar los beneficios sociales provenientes de la
Nación dentro de la localidad. Cuando la maniobra explotó por las redes sociales, fue desvinculado del cargo.
Según el relato de las mujeres, todas en una frágil situación de vulnerabilidad, les robó los datos para acceder a las cuentas bancarias. Así es que realizaba transferencias a su caja de ahorro personal.
Gabriela López, Johana Ceratto, Paola Alejandra Escudero, Myrna Cecilia Quiroga y María Milagros Fernández son quienes llevaban adelante la denuncia.
“Tienen temor a perder el plan nacional y provincial, ellas viven de eso como muchos puntanos. Es una situación de una delicada vulnerabilidad, pero más allá de eso, vencieron la barrera del miedo para denunciar”, sostuvo Adelaida Muñiz, abogada de dos de las cinco víctimas en declaraciones a El Chorrillero.
En este mismo sentido calificó como “agresiva” la estrategia que usó la defensa de Devia, por lo que sucedió el viernes 15 durante la ratificación de la acusación en sede judicial.
“Los tres abogados recordaban una y otra vez a los gritos que existe un artículo que sanciona la falsa denuncia. Una cosa es leerlo y otra que lo repitan tres o cuatro veces tal como lo hicieron”, resaltó.
Días atrás, Ceratto dio cuenta de “aprietes” sufridos por el abogado Miguel Orozco. Por mensajes de WhatsApp buscó “un acuerdo” y le advirtió que, en el caso de seguir adelante con la presentación y “sino puede probarlo”, podrían tomarse acciones.
Muñiz ponderó el rol de funcionario que ocupaba dentro de la comuna: “No es un tema menor, era el que administraba los planes, se aprovechó de su lugar. No queremos que en los gobiernos exista gente que se aproveche de la gente”.
Luego de que se concrete la ampliación de las mujeres, está previsto que concurran a sede judicial los cuatro efectivos policiales que intervinieron en un primer momento en el caso.