Rodríguez Saá apelará el fallo para seguir usando los fondos rotatorios de $5 millones sin control

En el inicio de la semana y tras el freno que puso la Justicia Federal al uso de fondos rotatorios, el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá hizo las primeras presentaciones para lograr la habilitación de las herramientas para usarlas en la campaña. La resolución también dispuso que los subsidios, microcréditos, créditos y préstamos se paguen pasadas las elecciones del 14 de noviembre.

El fiscal de Estado, Eduardo Allende dio detalles del recurso de reposición y anunció que si el juez Juan Esteban Maqueda, ratifica la decisión apelarán en la Cámara Nacional Electoral. Además, apuntó directamente al fiscal Cristian Rachid, que fue quien requirió las medidas a instancias del Comité de Control de Juntos por el Cambio.

Los recursos que componen esta “caja chica” tienen el fin de que ministros, secretarios de Estado y jefes de organismos cuenten con dinero en el acto de una cuenta que se iba alimentar en forma ilimitada. Para eso, abrieron cuentas en el Banco Supervielle por $5 millones que tienen como titulares a los funcionarios para que hagan el uso sin rendir cuentas.

Entre los fundamentos que expuso, señaló que las medidas anunciadas en las últimas semanas por el Gobierno tuvieron su origen en el discurso que dio Rodríguez Saá el 1º de abril, y los pedidos realizados en el Consejo Económico y Social. Además se amparó en que fueron aprobadas por la Legislatura.

En rigor el paquete fue lanzado una vez que el Frente K Fuerza San Luis fue derrotado en las PASO por el Frente Unidos por San Luis.

Las medidas de corte electoralista fueron implementadas en las últimas semanas y la gestión de Rodríguez Saá fijó un calendario que contemplaba el pago de subsidios dos días de la votación.

Esa fue la reacción del Gobierno frente al descontento de los distintos sectores de la sociedad que se sintieron ignorados a lo largo de la pandemia.

El fiscal no se enteró que el Gobierno y los candidatos del Frente K inscribes en locales partidarios

Al mismo tiempo, dijo que “a nadie se le pide que vaya a un acto político a darle un beneficio, o que lo vaya a retirar a un partido, ni mucho menos”. Sin embargo, desde que lanzaron las inscripciones a los beneficios, hubo denuncias por instalar puestos para los interesados en unidades básicas y sedes partidarias.

Incluso, El Chorrillero dio a conocer estas situaciones en Potrero de los Funes y varios sectores de la capital puntana. En esos lugares, los que anotaban eran candidatos de Fuerza San Luis y había carteles mostrando a los candidatos.

Ofensiva contra el fiscal

Allende arremetió contra el accionar del representante del ministerio Público Fiscal y cuestionó la tarea que desempeña desde hace años en el fueron Federal. Por eso, por orden de Rodríguez Saá pidió la nulidad “de todo lo que se ha actuado en este proceso” y recusaron a Rachid.

“Planteamos esto porque es una garantía que tenemos todos los judiciables de que los funcionarios a quienes nos sometemos estén designados conforme a la Constitución y a la ley. Es una garantía para que en el día de mañana no pueda venir cualquier persona a intentar juzgarnos o poner en duda nuestras conductas. Y no tener las habilidades”, sostuvo.

Así, planteó que “su cargo es secretario de la Fiscalía e intenta firmar como titular”. Fundamentó que “la única forma de designar a un fiscal subrogante es que esté vacante y no está así. La titular es Mónica Spagnuolo a quien en su momento se le pidió también la atención de la fiscalía ante el Tribunal Oral”.

“Simplemente es un secretario. Esto es absolutamente ilegal e inconstitucional y se repite desde hace ocho años”, cuestionó.

Escraches

En la conferencia de prensa que Allende dio junto a Roald Bartolomé Cattaneo y Andrés Heredia, un periodista le consultó por las garantías que el Gobierno le da a Juntos por el Cambio y a los representantes de la Justicia Federal (Rachid y Maqueda) de que “no se altere la paz social en San Luis con esto” por los escraches que hubo.

“Como fiscal de Estado, represento judicialmente a la Provincia y vengo a hacer una presentación jurídica. El planteo, de inicio, es político porque lo hace el Frente Juntos por el Cambio, a partir de allí se desata toda esta actuación. Pero yo estoy acá, no haciendo política. Y el Gobierno tampoco lo ve como algo político, sino como medidas destinadas a la generalidad de la sociedad”, respondió el fiscal que se incomodó frente a la pregunta.