La Federación Latinoamericana de Fiscales manifestó su respaldo a Cristian Rachid
La entidad expresó su “profunda preocupación” y denunció “enérgicamente los ataques efectuados por algunos legisladores provinciales” del bloque del gobernador Alberto Rodríguez Saá.
Después que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá direccionara un ataque contra el fiscal federal Cristian Rachid, la Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) manifestó “su profunda preocupación ante las reiteradas pretensiones de algunos poderes políticos de la región de hostigar a los fiscales y a los jueces”.
“Sugiriendo mediáticamente, sin recurrir por la vía recursiva legal, que actúan de manera indebida o ilegal, en especial cuando no están de acuerdo con sus dictámenes o sienten que afectan sus interese partidarios”, detalló la entidad integrada por asociaciones de 11 países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Rachid fue destinatario de ataques provenientes desde el Gobierno provincial y legisladores rodriguezaístas a raíz de la intervención en un causa en la que se pidió desde el Comité de Control Electoral de Juntos por el Cambio que se investigara al mandatario y su funcionarios por la posible comisión de delitos electorales.
Antes, también habían expresado su repudio la Asociación de Fiscales de la Nación y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de San Luis.
“Denunciamos enérgicamente los ataques efectuados por algunos legisladores provinciales a la persona de nuestro colega el Cristian Rachid”, indicaron en el comunicado que se difundió en las últimas horas.
“Más allá de los cuestionamientos jurídicos a su actuar profesional que se deberán canalizar en el proceso pertinente, se advierte un sesgo amedrentador ante cualquier decisión adversa a los intereses sectoriales, ya que luego de adoptar una resolución de repudio solo se la notifican al juez que tiene a su cargo la resolución de las impugnaciones interpuestas en contra del fiscal”, detallaron.
La FLF, que tiene como presidenta a Susana Marta Pernas, expresó que “tanto los funcionarios del poder ejecutivo como los parlamentarios deben ser muy prudentes en las críticas a las personas de los operadores judiciales, debiendo evitar cualquier riesgo de incurrir en injerencias prohibidas en la función jurisdiccional, máxime si se pueden interpretar como presiones directas o indirectas para torcer la imparcialidad que debe reinar en el actuar del Ministerio Público en un caso concreto”.
Fundamentaron que La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reiterados fallos “ha enfatizado que uno de los propósitos principales de la separación de poderes es, precisamente, garantizar la independencia de los órganos del sistema de Justicia”.
En ese sentido advirtieron que es obligación de los Estados “garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole”, puntualizaron teniendo como referencia lo establecido por las directrices sobre la función de los fiscales, aprobada el 7 de setiembre de 1990 La Habana, Cuba, Octavo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y tratamiento del delincuente.