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Diputados le pidieron al Gobierno que tome medidas por las personas detenidas en la Penitenciaría con padecimientos mentales

La iniciativa fue presentada por legisladores del Interbloque San Luis Unido luego de conocer el informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Fabiana Zárate, diputada de San Luis Unido.

por Nestor Miranda

elchorrillero.com

Actualizada: 17/11/2021 23:20

En una sesión exprés y la penúltima del año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración en donde le pedían al Gobierno provincial que “atienda y remedie” la situación de las personas alojadas en la Penitenciaría, sobre todo, aquellos que padecen alguna enfermedad mental.

El proyecto, de autoría de la diputada Fabiana Zárate de San Luis Unido, se basó en el informe que realizó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) luego de una inspección en la provincia en febrero de este año a comisarías, Hospital Escuela de Salud Mental y a las cárceles de San Luis.

De la investigación, se desprende que, durante la visita al Complejo Penitenciario de la capital puntana, advirtieron que dentro de la población de detenidos, hay personas con padecimientos mentales.

Una de ellas se entrevistó con el personal del comité y las autoridades penitenciarias les informaron que tenía un “diagnóstico psiquiátrico” y que había sido declarada inimputable, aunque “se encontraba estable, recibiendo la medicación en tiempo y forma”.

“El organismo entiende que las unidades penitenciarias no son espacios adecuados para alojar a personas con padecimientos mentales y menos aún cuando fueron declaradas inimputables y por lo tanto no responsables penalmente”, señala la declaración.

De la visita del organismo también se desprende que la institución de San Luis posee un sector muy “reducido” para internaciones, limitadas a casos agudos que no suelen prolongarse por más de 15 días. Para aquellos que requieren un periodo más largo de estadía “recurren a derivaciones interjurisdiccionales”.

En ese sentido, los legisladores solicitaron a la administración de Alberto Rodríguez Saá proceda a «remediar la situación», otorgando alojamiento a los pacientes en lugares en un lugar adecuado y con el tratamiento profesional y asistencia conforme la Ley de Salud Mental Nº26.657.

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