El Comité para la Prevención de la Tortura formuló observaciones en comisarías y cárceles

El Comité para la Prevención de la Tortura (CNPT) sacó conclusiones luego de recorridos que realizaron en distintas dependencias de San Luis y Villa Mercedes para determinar el estado de la infraestructura, personal trabajando, la cantidad de aprehendidos y si cumplen con los estándares necesarios para el alojamiento de detenidos.

Al principio del informe, menciona la Ley Orgánica de la Policía que regula el accionar de las fuerzas de seguridad y destacó el artículo 10 que los faculta a “detener a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medio de vida, en circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a identificarse”.

“Lo preocupante de estas técnicas es que habilita la discrecionalidad del accionar policial, en tanto presume que la persona pudiera cometer un delito o una contravención sin razones fundadas y meramente subjetivas. Incluso, entra en colisión con los principios constitucionales de libertad, presunción de inocencia, igualdad ante la ley y judicialidad”, señalaron.

La visita del CNPT se desarrolló entre el 22 y 24 de febrero de este año y contó con la presencia de los comisionados Diego Lavado (jefe de la delegación) y Rocío Alconada Alfonsín. También participaron integrantes el equipo técnico interdisciplinario compuesto por Silvina Irrazábal, Rosario Gauna Alsina, Bruno Pandolfo, Mercedes Duberti, Macarena González Alderete, Ornela Calcagno, Laura Escobar, y los asesores Malena Romero Rau y Juan Cardozo.

Para los recorridos se cumplió con un patrón común; conocer las instalaciones, sacar fotos, entrevistar al personal policial y a los aprehendidos, y revisiones de libros administrativos.

La delegación se distribuyó en dos grupos: uno a cargo de Alconada Alfonsín, que se focalizó en el Complejo Penitenciario y las comisarias 4º, 6º y del Menor ubicadas en la capital puntana; mientras que el otro grupo, dirigido por Lavado, visitó la cárcel Pampas de las Salinas y las dependencias Nº 9, 10 y del Menor de Villa Mercedes.

Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de San Luis

Se determinó que desde principio de año hasta la fecha de la visita, estuvieron detenidos 38 niños y adolescentes entre 11 y 17 años.

Los uniformados comunicaron que cuando los menores son aprehendidos en la vía pública permanecen algunas horas hasta que se notifica al “juzgado de Familia” y los familiares a cargo los retiran del lugar.

Sin embargo, según los registros, advirtieron que algunas detenciones se prolongaban por lapsos de hasta 24 horas e incluso “se observaron dos casos de adolescentes de 15 y 16 años donde se extendieron por más de un mes”. Sobre estos últimos, los ingresos fueron el 5 de enero y los liberaron el 15 y 21 de febrero respectivamente. En ambos, no se registró horario de salida ni motivo de encierro.

“Al consultar a las autoridades, refirieron que hubo un error y no permanecieron más de un día allí, lo que también resultaría grave en cualquier caso, particularmente frente al supuesto de privar de libertad a menores donde los recaudos y garantías deberían extremarse”, sostuvieron.

Respecto de las razones más frecuentes de detenciones, 10 casos eran de chicos en situación de calle y otros cinco por “averiguación por hurto”. “Preocupa que en 11 casos no figuraba la causa y la falta de registro de la hora de ingreso y salida de la dependencia; como así también, las tachaduras y borrones sin salvar”.

Por otra parte, la delegación determinó que los efectivos “ostentan armas” y las guardias se encuentran conformadas por grupos de 10 integrantes por turno. También cuenta con una psicóloga y una trabajadora social pero no se encontraban al momento de la recorrida. Las revisiones médicas, por su parte, se efectúan en un “hospital de la zona”.

La comisaría tiene dos sectores de alojamiento y las niñas son derivadas en distintos espacios.

Uno de las divisiones estaba compuesto por una celda amplia, con poca luz y sin baño. El otro, tenía dos baños y cuatro habitaciones, de las cuales una de ellas es utilizada como ropero comunitario: “En todas ellas escaseaba el acceso a la luz natural”.

Además, hay cuatro calabazos (uno se usa como depósito) y cuando hay superpoblación de menores en las celdas, recurren a estos espacios.

En cuanto a la alimentación, generalmente son los familiares quienes se encargan, pero en caso de que no puedan proporcionarla, los efectivos solicitan viandas al Servicio Penitenciario Provincial.

Comisarías Nº 4 y 6 de San Luis

En la sexta, en lo que iba del año, se habían detenido a ocho personas, todos hombres de entre 18 y 40 años; cinco por averiguación de antecedentes, en su mayoría rondando las 13 horas de permanencia aproximadamente.

Cuando son alojados por disposición judicial, las estadías suelen durar entre ocho y 10 días hasta tanto se otorga un cupo en la unidad penitenciaria.

Los exámenes médicos se practican en “hospitales de la zona” y se desarrollaban en presencia del personal policial “por seguridad”.

También determinaron que no contaban con acceso a celulares, y dependía de la buena voluntad del personal a cargo para acceder a la comunicación: “Esto no sólo impedía el contacto con familiares, sino también con sus respectivas defensas”. Por ejemplo, en la Comisaría 4º los efectivos eran los encargados de notificar allegados sobre la detención.

En ambas dependencias estaban permitidas las visitas todos los días durante una hora, excepto cuando hay pocos uniformados que proceden a suspenderlas. Los que están por averiguación de antecedentes no pueden tenerlas.

La delegación recabó testimonios de alojados en unidades penitenciarias que manifestaron haber padecido situaciones de violencia en el momento de la detención y durante su alojamiento en dependencias: “Una de ellas relató que hace unos años, mientras estuvo alojado en la cuarta, le dieron una fuerte golpiza e intentaron asfixiarlo poniéndole una bolsa en la cabeza”.

Sobre la alimentación, acceden a las viandas que provee el Servicio Penitenciario y quienes se encuentran por averiguación de antecedentes, no reciben comida porque “permanecen por poco tiempo”.

La Comisaría Nº 4 posee un sector de alojamiento con dos celdas, donde se percibía un olor nauseabundo debido al agua que se desbordaba de los inodoros. Además, la cama era de cemento y no tenía colchón.

En el caso de la sexta, posee tres calabozos que no contaban con ventanas que tienen capacidad para dos personas en cada uno. Las mujeres son separadas de los hombres y si no hay uniformados femeninos, “se procedía trasladarlas a otra unidad”.

Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes

La agente policial que acompañó la recorrida indicó que ya no se utilizaba para alojar “desde hace un año” a menores. El año pasado, en medio de las restricciones duras por la pandemia por el coronavirus, en ese lugar murió Franco Maranguello de 16 años y las autoridades apuntaron a que se trató de un suicidio.

El informe del organismo indica que en la misma dependencia, años atrás, también fallecieron dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron quemados.

En la unidad, el sector de alojamiento se encuentra al fondo del edificio, atravesando un patio. En el ingreso, del lado izquierdo, funciona un “locutorio”. Luego, del lado derecho hay un pasillo con cuatro celdas (dos de cada lado).

Por el mismo lugar pero del lado izquierdo, se observan dos espacios sin cerramiento ni puerta; uno que habría funcionado como baño, pero posee un lavamanos y un desagüe (sin inodoro). Al costado, dos duchas, separadas por una pared que no garantizan la privacidad de las personas.

“Si bien no se pudieron llevar a cabo entrevistas con adolescentes, durante las conversaciones con jóvenes adultos en unidades penales provenientes de Villa Mercedes, manifestaron que era habitual recibir golpes al momento de la detención en esta comisaría y malos tratos de tipo verbal”, precisaron.

La CNPT apuntó que la Provincia si bien ha adherido a la Convención sobre los Derechos del Niño, aún tiene pendiente el desarrollo de normativa específica en materia de niñez y “preocupa” que estas instituciones dependan funcionalmente de la División DG10 de la Policía.

Por otra parte, destacaron que es inquietante la situación de los menores detenidos por “situación de calle” e incluso el ingreso y permanencia, como también los casos en los que advirtió el alojamiento alrededor de un mes, no siendo aptas las instalaciones.

También, llama la atención el estado de los registros y partes policiales poco fidedignos con “tachaduras y omisiones sobre horarios y fechas de ingreso y egreso”.

Comisaría Nº9

El sector de celdas se ubica hacia el fondo del edificio. Dispone de una reja de entrada sobre el pasillo central, desde allí se observa una ducha e inodoro, y a cada lado una celda.

“Se observa suciedad en el piso (manchas oscuras)”, detallaron.

La celda de la derecha tiene dimensiones de 2,20 x 2,60 x 1,00 y cuenta con un asiento/camastro de cemento, con medio colchón de goma espuma encima sin funda. Mientras que la del lado izquierdo era más amplia y sus medidas eran de 3,80 m x 2,60 m x 2,90. También tiene un asiento/camastro de cemento, sin nada más en el interior.

Ninguna cuenta con instalación eléctrica. El inodoro es de tipo antivandálico, la ducha no tiene flor y hay servicio de agua. Por este motivo, es que una policía le afirmó al comité que si una persona necesitaba realizar sus necesidades fisiológicas le entregaban “un tacho”.

Comisaría Nº10

Se inspeccionó principalmente el sector de calabozos, ubicado en el patio que está al fondo de la dependencia.

El lugar contaba con dos celdas contiguas en las que había dos personas alojadas y un baño con ducha compartido.

Los colchones que poseían eran “precarios” y el lugar estaba en condiciones de higiene deficientes, así como también que la ventilación e iluminación eran escasas. A la fecha y horario de realización de la visita, se pudo constatar que eran sectores “extremadamente calurosos”.

Los detenidos manifestaron que se encontraban allí hace 5 y 10 días respectivamente.

La delegación mantuvo reuniones con organizaciones sociales de la provincial sobre el “aumento” de detenciones en contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), particularmente en los barrios populares.

“Se registraron situaciones humillantes durante las detenciones, como requisas donde exigían a las personas desnudarse frente a varios efectivos policiales, como fue el caso de una mujer que permaneció 24 horas expuesta frente a policías varones y se hizo referencia al hostigamiento que padecen los jóvenes que relatan casos de golpes, picana, y submarino seco; y allanamientos sin orden judicial particularmente en Villa Mercedes. Además, que no existen organismos estatales donde hacer pública la situación o denunciar lo que ocurre y que los organismos judiciales ‘planchan las causas’”.

Penitenciaría de San Luis

El establecimiento está dividido en cuatro unidades.

Unidad Nº1: Está destinada especialmente a varones condenados. Sin embargo, había 126 con prisión preventiva y 130 sentenciados. Según lo informado, la capacidad es de 273 plazas.

En este sector había dos extranjeros, 11 adultos mayores, cuatro con medidas de seguridad y 27 personas en sectores de admisión o aislamiento. En lo que iba del año, se habían producido dos muertes causadas por patologías preexistentes.

Unidad Nº2: se alojan mayoritariamente varones procesados, y al momento de la visita había 246; de las cuales cuatro eran extranjeros, cuatro de adultos mayores y 24 se encontraban bajo algún tipo de tratamiento por padecimientos mentales. Al momento de la inspección, se habían producido cuatro muertes.

Este sector se distribuye en 6 módulos, 10 pabellones y 136 celdas.

Unidad Nº3: Destinado a jóvenes adultos y cuenta con una capacidad para 90 personas. Al momento de la visita, había 55 jóvenes. Según el organismo, es la que está en “peores condiciones” en cuanto a la estructura edilicia.

Unidad Nº4: La unidad se encuentra destinada a mujeres cis y trans. Según lo informado, la capacidad es de 37 y, al momento de la inspección, había 35: dos trans alojadas en un sector separado del resto de la población; dos eran adultas mayores; dos estaban en admisión y había un niño, alojado con su madre en un lugar independiente.

Del recorrido se determinó que las instalaciones dedicadas a la atención médica, que brinda servicios de atención primaria. En casos graves, o que requieran internación, se traslada a las personas privadas de libertad al Hospital Central que cuenta con 3 camas destinadas a esta población. De no haber lugar en estos espacios, se procede a la utilización de los sectores comunes.

A nivel de la infraestructura las condiciones eran buenas, aunque existían sectores donde se evidenciaba un gran contraste, particularmente a los espacios de admisión, aislamiento y los sectores de jóvenes adultos. Allí el deterioro se traducía en rastros de quemaduras en paredes, colchones rotos, falta de limpieza, poca luz, entre otras cuestiones.

En cuanto a los procedimientos de ingreso, la mayoría de los detenidos hizo mención a que las revisiones médicas y la aplicación de vacunas “nunca eran realizadas de manera confidencial sino que siempre se hacían en presencia del personal penitenciario”.

En cuanto al acceso a la justicia, el contacto con sus defensas es “nulo” y lo mismo ocurre en cuanto al contacto con otros operadores judiciales: “No estaban acostumbrados a visitas externas de organismos de control, y se sorprendían por el ingreso a pabellones y celdas”.

Tres días a la semana pueden enviar notas a los juzgados en donde tienen causas “aunque se recibieron varios reclamos refiriendo en que muchas oportunidades estos escritos no son presentados por el personal penitenciario que los recepciona”.

Asimismo, hay quejas y reclamos respecto del acceso a la salud durante el alojamiento que se vinculan principalmente a las dificultades para realizar controles en hospitales “extramuro”, es decir, fuera de la Penitenciaría. A su vez, deben presentar notas para solicitar turnos y que a pesar de ello “no los sacan”.

Otro de los inconvenientes que expuso el organismo es que el acceso a la comunicación es prácticamente “inexistente”. Sólo pueden contactarse con sus vínculos afectivos dos días a la semana durante cinco minutos: “En muchos casos, frente al personal penitenciario e informando previamente el número y los datos de la persona con la que van a comunicarse. Es decir que no puede comunicarse libremente, siendo uno de los aspectos que más preocupan”.

También recorrieron las instalaciones dedicadas a los talleres de carpintería, educación, entre otros. En este caso, la CNPT puntualizó que “no perciben un sueldo, sino que pueden ganar dinero mediante la venta de los productos que realizan dentro de la unidad a partir de la gestión de sus familiares. Sin embargo, es muy difícil acceder a estos espacios”.

“El régimen cotidiano se encuentra atravesado por el ocio y la rigidez en el trato. Esto se traduce en conteos que se repiten varias veces al día y donde se obliga a los presos a permanecer de pie dentro de sus celdas durante varias horas o en estado de alerta. Esta práctica se profundiza en el sector de mujeres y en los sectores de aislamiento, donde estas conductas se refuerzan con la aplicación de sanciones en caso de no encontrarse de pie”, enumeraron.

También deben atravesar un “escaso” acceso al patio que en varias oportunidades sólo se permite dos veces por semana.

“Pasan gran parte del día dentro de sus celdas, sin poder conversar con otras personas alojadas y equipararon la rutina diaria a violencia psicológica. Esto se profundiza aún más en los sectores de aislamiento cuando son castigados. Las sanciones en estos espacios pueden extenderse por meses y no existen controles tales como entrevistas psicológicas, contacto con la defensa, jueces u otros organismos. Aquí tienen 30 minutos de recreación que deben ser utilizados para bañarse”, puntualizó la entidad.

En el caso particular del aislamiento en población de jóvenes adultos, durante el día en estos espacios no disponen de colchones ya que son retirados por el personal y se les hace entrega para su uso sólo por la noche. “Esto se implementó con el fin de evitar que se produzca la quema de estos elementos”, explicaron las autoridades.

En el contacto con los presos, la delegación recibió alegaciones sobre requisas que consisten en el desnudo total cuando regresan de la recreación.

Por otra parte, en cuanto a mecanismos de clasificación, existen algunos lineamientos formales como estado procesal, tipo de delito, lugar de procedencia y género, pero también se advierten otras prácticas discrecionales. Por ejemplo, los privados de la libertad “más conflictivos” y que muchas veces el personal conoce la existencia de conflictos previos entre algunos de ellos, los agrupa en el mismo sector.

Complejo Penitenciario “Pampa de las Salinas”

Al momento de la visita había 252 personas privadas de libertad, mientras que su capacidad de alojamiento es de 236. Esta unidad aloja varones, casi en su totalidad condenados, sólo hay una persona procesada que se encuentra allí por disposición del juzgado debido a una causa de femicidio.

Como el complejo se encuentra apartado de ciudades centrales “dificulta” la recepción de visitas y de encomiendas, sumado a las implicancias en la asistencia de la salud, dado que los hospitales más cercanos están a más de una hora.

El módulo I y II están compuestos por 4 pabellones con 24 celdas cada uno, con capacidad para 96 personas en cada pabellón. Se encuentran destinados al alojamiento de “población común”. Algunos pabellones se destinan de forma exclusiva a personas detenidas por causas vinculadas a violencias por motivo de género. En caso de un conflicto, los realojan en el módulo III.

El módulo III está integrado por cuatro pabellones con seis celdas cada uno, con capacidad para 24 personas y alojaría a aquellos que están bajo medida de “resguardo” según disposición penitenciaria.

En la práctica es utilizado para ingresos, sancionados, y centralmente para personas que “no pueden convivir hasta conseguir alojamiento” por conflictos con la población.

Cuentan con una hora por la mañana y por la tarde para “esparcimiento y limpieza” de la celda.

En el módulo IV hay dos pabellones de seis celdas cada uno. Aloja a población avanzada en la progresividad y cuenta con un régimen “abierto”. Es el que tiene menor capacidad y según refirieron las autoridades, se agregaron camas cuchetas en el último tiempo.

Existe un módulo denominado “VIP” que está compuesto por tres casas-departamentos. Allí se alojan un policía y dos personas con causa de abuso sexual.

En cuanto a la alimentación, “las condiciones sanitarias del lugar son deficientes en cuanto a olores, incluso considerando que había sido baldeado previo a llegar al sector”. Precisaron que la presencia de moscas era “abundante” y el sistema de refrigeración en depósito de carnes “no era el adecuado, lo cual se pudo corroborar en el estado de las que se encontraban almacenadas (por su color oscuro, con durezas).

En el informe se destaca que la cantidad de visitas varían entre 40 y 70 personas, es decir, que la gran mayoría de la población “no cuenta con ellas o las tiene pero con poca regularidad”.

Los días previstos para la llegada de familiares y amigos son martes, miércoles, sábados y domingos, pero señalan que en la semana “hay muy pocas, ya que deben llegar por sus propios medios”.

“Las autoridades afirmaron que trabaja sólo el 20% de la población en talleres productivos, mientras que otros realizan actividades “para matar el ocio” como tareas de limpieza.

El Complejo no cuenta con programas especializados por temática como suicidio o consumo de drogas ni de tratamiento.

Cuentan con el Grupo Especial de Acción Rápida, que interviene en caso de “alteraciones al orden”, pero cuando el organismo solicitó el protocolo de actuación, las autoridades manifestaron que “no tenían”.

Por último, la entidad reveló que en el pabellón de sancionados, las condiciones edilicias son “deplorables”, ya que las personas se encontraban en celdas con suciedad, con pérdidas de agua y con la presencia de insectos. “Las mismas estaban prácticamente vacías, solo contaban con un colchón y no tenían la posibilidad de llevar ropa extra o elementos personales. En esos casos alegaron que debían permanecer allí castigados por 15 días sin ninguna actividad por haber ‘faltado el respeto’ a los oficiales”, cerró.