Diputados aprobó una declaración sobre las observaciones que el Comité para la Prevención de la Tortura hizo en las cárceles de San Luis
El organismo realizó una inspección para determinar el estado de las instituciones y encontró espacios en “condiciones deplorables”.
En la última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración presentada por el Interbloque San Luis Unido, a través de la cual le piden al Gobierno de Alberto Rodríguez Saá que “tome nota” de las observaciones que realizó el organismo nacional en los complejos penitenciarios de San Luis y Pampa de las Salinas, sobre todo en los lugares de aislamiento y castigo.
La visita del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) se desarrolló entre el 22 y 24 de febrero de este año y contó con la presencia de los comisionados Diego Lavado (jefe de la delegación), Rocío Alconada Alfonsín e integrantes del equipo técnico interdisciplinario.
La iniciativa fue impulsada por Fabiana Zárate (Avanzar).
La legisladora expuso, basándose en el informe, que en la Penitenciaría de la capital puntana “se observa un gran contraste donde pueden advertirse sectores en muy buenas condiciones y otros deplorables como los espacios destinados a jóvenes adultos y aislamiento”.
Además hizo hincapié en la falta de luz, ventilación, privacidad para la utilización de sanitarios en los lugares de aislamiento, y espacios de juego y esparcimiento para niños alojados con sus madres.
En la propuesta también detalló que en el complejo existen lugares con “olores nauseabundos, sanitarios tapados y desbordados, insectos, y un exceso en el límite temporal de la sanción”. En este último caso, el régimen excede los 15 días, pero en muchos casos se extiende por meses, "contrario a los estándares nacionales e internacionales para la utilización de este tipo de prácticas”.
Similar fueron las observaciones que el CNPT encontró en la cárcel de máxima seguridad ubicada en el norte provincial.
Zárate también enumeró las “recomendaciones” que el organismo recomendó al Gobierno provincial, entre ellos, elaborar un plan de adecuación para mejorar las instalaciones de los sectores que se encuentran en peores condiciones y clausurar los espacios de aislamiento o castigo, "sustituyéndolos paulatinamente por programas o prácticas basados en la justicia restaurativa”.
“Este tipo de prácticas no son compatibles con el objetivo buscado, que es la reinserción social, que la persona deje de dañarse y de dañar a la sociedad”, señaló la diputada.