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Advierten que el Gobierno no tiene registros de muertes bajo custodia del Estado

La Cámara de Diputados aprobó una declaración para que el Ejecutivo “tome nota” de las observaciones que se hicieron en una inspección nacional. Esto fue luego de los planteos que un organismo hizo a las investigaciones por las muertes de Florencia Morales y Franco Maranguello.

Diputada Fabiana Zárate.

por Nestor Miranda

elchorrillero.com

Actualizada: 25/11/2021 11:23

Este miércoles y en la última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados le pidió al Gobierno provincial que tenga en cuenta las observaciones del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), sobre que no cuenta con registros de muertes bajo custodia policial, de malos tratos ni con la instrumentación de mecanismo local de prevención de la tortura.

La declaración promovida por el interbloque San Luis Unido, se basó en el informe que realizó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) luego de una inspección en la provincia en febrero de este año a comisarías, el Hospital Escuela de Salud Mental y las cárceles de San Luis.

De esa manera abordó los casos de Florencia Morales y Franco Maranguello, y plantearon irregularidades en las investigaciones.

Morales y Maranguello.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura aclaró que, si bien los dos hechos fueron identificados como suicidios (según la versión policial) las averiguaciones para esclarecer las circunstancias aún se encuentran en curso, y le requirieron información a la Justicia.

En la iniciativa, de autoría de la diputada Fabiana Zárate (Avanzar), los legisladores indicaron que el relator Especial sobre la Tortura de Naciones Unidas, “recordó en su visita en 2018 al país que el establecimiento y el buen funcionamiento de los mecanismos locales es una obligación jurídica internacional aceptada por la Argentina, y que la vigilancia periódica e independiente de todos los lugares de privación de libertad es uno de los instrumentos más eficaces para reducir el riesgo de tortura y malos tratos”.

La propuesta fue aprobada por unanimidad y sin oralizar.

“Por eso es menester que esta Cámara declare la necesidad de que el Poder Ejecutivo, a través de las carteras ministeriales competentes, proceda a remediar tales observaciones del Comité”, finalizaron.

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