Ley de Alquileres: desde San Luis proponen que el aumento sea “libre entre las partes” y contratos de dos años

Ante el malestar que generó la implementación de la Ley de Alquileres en los diferentes sectores, el anuncio de que el Gobierno impulsará en el Congreso un nuevo proyecto que reemplace a la actual normativa generó expectativas. Sin embargo, consideran que las modificaciones deben realizarse en el corto plazo.

La principal característica de la legislación que está vigente desde julio de 2020 es que el porcentaje del incremento surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación y de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte). Esto junto a los contratos por un plazo mínimo de tres años fue lo que consideraron un “fracaso” en el mercado inmobiliario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa reconoció los efectos negativos que provocó y ahora se aguarda la conformación de una mesa de trabajo para rever los principales pintos.

“Hemos estado reunidos. A nivel provincial como Colegio dándoles toda la información a nuestros matriculados y a nivel nacional porque somos parte del Cofesi (Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina), y somos uno de los que proponen las modificaciones de la ley”, transmitió este lunes el presidente de la entidad que nuclea a los Martilleros en San Luis, Fernando Olcese.

En declaraciones a El Chorrillero dijo que ya solicitaron a los legisladores una reunión, pero todavía no tuvieron respuesta y se encuentran a la espera para definir cómo se van a tratar los cambios. Además anticipó que este

miércoles habrá un encuentro del Cofesi en Rosario donde abordarán el tema.
Olcese advirtió que son dos los puntos sobre los que buscan introducir las modificaciones. El primero de ellos es “el formato de las actualizaciones de locativos” para que “sea libre entre las partes”, es decir, que los montos de alquiler y aumentos sean determinados por los dueños e inquilinos.

“Si dejás la libertad en las partes eso es parejo para ambas. Si no hay acuerdo, no hay contrato, nadie te obliga a nada”, fundamentó.

En el mismo sentido dijo que la suba actual puede variar entre un 20% y 35% pero nunca alcanza un 51% como sucedió este mes: “El inquilino está totalmente desamparado en este momento. Y eso que era una ley teóricamente a beneficio de ellos”.

Otro de los factores negativos que expuso en relación a esto fue que al “haber pocos inmuebles en alquiler, poca oferta, los montos de las locaciones que existen son altos”.

La segunda variante que buscan introducir es que los contratos vuelvan a ser de dos años (con la ley deben ser de tres). “Abaratamos el sellado, costos contractuales y por otro lado garantizamos las dos partes que no se desactualicen en forma desmedida”, argumentó en este punto.

Al mismo tiempo, advirtió que ante este escenario “muchos propietarios retiran el inmueble del alquiler”.
Olcese insistió en que estos ítems deben analizarse “en forma urgente”. Y aclaró que no hay fecha para que entren en vigencia debido a que seguramente serán tratados en 2022 por los legisladores, pero no saben cuándo terminarán de hacerlo.

“Estamos en una incertidumbre, principalmente debido a que hablan de poner en suspenso la ley. Si esto sucede ¿sobre qué nos vamos a basar? No tenemos nada”, subrayó.