Los diputados rodriguezaístas aprobaron un aumento del 40% de los impuestos para 2022

Luego de una extensa sesión extraordinaria, los diputados de Rodríguez Saá aprobaron por mayoría un aumento promedio del 40% en los impuestos provinciales para el próximo año. Era el único tema que faltaba abordar en el calendario legislativo ordinario.

Desde la oposición plantearon críticas a la iniciativa debido a que existen tributos que superan ese incremento y tampoco estipula eximiciones para los sectores económicos castigados por la pandemia. Otras críticas se centraron en que hay artículos que facultan al Ejecutivo a modificar e incluso crear nuevas tasas.

En ese sentido, el presidente del bloque Unidos por San Luis, Gastón Hissa, manifestó que una suba en estos momentos “no alivia el bolsillo del contribuyente”.

“Este proyecto, me da la impresión, ha sido una especie de copie y pegue de las anteriores Impositivas con la particularidad que la ley del 2020 tenía un aumento del 61%. Fue totalmente distorsivo, inoportuno”, sostuvo en relación al impuestazo aprobado en diciembre de 2019.

El proyecto estipula una suba promedio del 40%. Sin embargo, hay tasas administrativas administrativos que tienen variaciones de entre un 50% y 70%.

“Se tienen que poner del lado del contribuyente”, dijo Hissa y agregó: “No se cumple con los principios tributarios como de proporcionalidad, progresividad e igualdad, porque no todos los sanluiseños estamos en las mismas condiciones económicas”.

El mínimo de Ingresos Brutos del 2015 hasta la actualidad subió un 374%.

“Lo que esperábamos eran mayores incentivos para todas las clases o los segmentos que fueron más afectados en la pandemia. Hay que alentar la producción, federalizar este tipo de proyectos, hacerlos participativos, regionales o plantear incentivos”, expuso.

Para la redacción de la propuesta, se tuvo en cuenta las proyecciones del Presupuesto nacional para el próximo año con un dólar de $131, crecimiento del PBI en el 4% y una inflación del 33%.

Entre los ajustes más importantes se ubican el trámite para normalizar una asociación en la Dirección de Constitución y Fiscalización de Personas Jurídicas que alcanzará el 700%.

La diligencia para solicitar la baja de la unión convivencial en el Registro Civil aumentará el 337,5%.

Otras de las actualizaciones aparecen en las tasas administrativas de San Luis agua que estarán entre un 60% y 80%, mientras que para realizar una operación parcelaria en la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales será del 100%. Además, el cambio de titularidad de una embarcación costará un 140% más y para el registro de instrumentos de medición en el Programa de Defensa del Consumidor un 180% más.

En el caso del impuesto Inmobiliario se incrementó en un 40% y se mantienen las alícuotas en los mismos valores. El mínimo será de $1400.

Además, sigue igual el pago de cinco cuotas del impuesto rural a partir de mayo y la clasificación de las parcelas suburbanas.

En Sellos la variación será del 40% al igual que en el caso de Ingresos Brutos y en este último, el mínimo de $800. El mismo porcentaje regirá para las tasas judiciales.

El Automotor aumentará el 60% y se tomará el valor de la base la información que suministra la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Regirá el pago de las patentes en 10 cuotas desde marzo y el descuento del 30% pago contado el vencimiento al 15 de ese mes.

Otro de los aspectos es el descuento de entre el 10% al 30% al buen contribuyente, que se establecerá de acuerdo al cumplimiento de cada uno.

Desde el oficialismo, la presidenta de la Comisión de Finanzas, Anabela Lucero, explicó que la iniciativa “no contempla aumento, sino que es una adecuación del poder adquisitivo del Estado en un contexto inflacionario y de recesión, que está por debajo de la inflación acumulada”.

El ajuste de los tributos entre 2020 y 2022 debería ser del 180%, dijo durante la lectura de su exposición.

“El Ejecutivo hace un esfuerzo muy importante para mantener financiados todos los gastos, los servicios públicos, el nivel de inversión sin endeudamiento y siendo siempre eficiente y eficaz”, planteó.

Por su parte, la diputada Mónica Becerra de San Luis Unido consideró que “teniendo en cuenta el contexto que se vive en San Luis con un alto índice de pobreza del 44 por ciento e indigencia del 5 por ciento, con siete de cada 10 niños pobres y un alto índice de desocupación, este aumento es borrar con el codo lo que escribe con la mano”.

“No se tiene en cuenta la real situación que tiene la provincia y creen que con medidas que rigen por dos o tres meses, se va a solucionar este problema que realmente es estructural”, definió.

Becerra señaló que existe un beneficio del 30% para los que paguen de contado pero “tenemos que tener 10 años del impuesto en tiempo y forma, eso debería haberse revisado porque el contexto en el que estamos, se han creado nuevos pobres”.

También se refirió a que se creará una nueva multa de $50 mil por no declarar el domicilio fiscal electrónico.

“Esta ley es sumamente gravosa, peca por un espíritu excesivo de recaudación e impactará negativamente en nuestra economía, no genera seguridad para el que quiera invertir y desalienta esa apuesta de dinero en fortalecer el sector privado que tanto necesita el Gobierno. Falta voluntad de bajar la carga tributaria, es decir, aliviar el agobio al ciudadano”, finalizó.

En el debate intervinieron los diputados Eugenia Gallardo, Marisa Patafio Federico Trombotto, Charly Pereira, Federico Trombotto, Ingrid Blumencweig y Gabriela Mansilla de Unidos por San Luis; Sonia Delarco, Gloria Petrino yFederico Berardo del rodriguezaísmo; Luis Lucero Guillet de la UCR; Verónica Causi (Sanluiseños por el Cambio) y los aliados del Gobierno, Mario Merlo, Berta Arenas y Mario Alume.

El Senado convocó a sesión extraordinaria este martes a las 12 para tratar la ley.