San Luis no tiene estadísticas sobre denuncias por negligencia y maltrato físico a menores

La semana pasada, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) dependiente del ministerio de Desarrollo de la Nación presentó un informe sobre la cantidad de llamadas que hubo en todas las jurisdicciones al 102, el teléfono de atención especializada en derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el documento, que se desarrolló durante 12 meses y en el cual se reúne a 45.589 llamadas, no hay datos de San Luis. La ausencia de información también se produjo en Santa Fe, Tierra del Fuego y La Pampa.

En el caso local se debió a que recién este año, el Gobierno anunció la implementación de la línea que brinda atención gratuita y confidencial. Por su lado, La Pampa utiliza el 101 para recibir este tipo de consultas o realizar denuncias. Chubut y Santa Cruz también sumaron la modalidad este 2021 y aportaron detalles sobre los últimos meses.

El objetivo del informe, que se basó en el periodo comprendido entre octubre de 2020 y septiembre pasado es “aportar información cualitativa y cuantitativa que permita conocer y estudiar las problemáticas que atraviesan las infancias y adolescencias, a fin de profundizar el análisis de sus causas, instalarlo en las agendas públicas y mejorar la formulación, diseño, evaluación e implementación de políticas públicas”.

Sin embargo, hasta el momento no es posible realizar este análisis sobre San Luis puesto que en julio la administración de Alberto Rodríguez Saá comunicó que estaban capacitando a personal especializado para atender el 102.

Desde el ministerio de Ciencia y Tecnología informaron que buscaban brindar herramientas a los trabajadores antes de lanzar la línea de forma oficial, para que de esa forma pudieran actuar ante llamados de menores y adultos que detecten situaciones de maltrato hacia los chicos.

Desde el Gobierno también dijeron que los datos estadísticos (cantidad de llamadas y casos), los comenzarían a cuantificar en los próximos meses, pero nunca hubo anuncios sobre la implementación en la provincia.

El rol del contacto es fundamental a la hora de exponer situaciones donde se vulneran los derechos de los niños porque se da intervención de forma inmediata al órgano local de aplicación de la Ley 26.061 a nivel provincial.

En el periodo estudiado, Mendoza fue la provincia que recibió más llamados, alcanzando a 8.101. Detrás se ubicaron Jujuy y Chaco con 5878 y 5015, respectivamente.

De manera opuesta fue la situación de Misiones (96), Río Negro (176) y Chubut (12). Esta última fue analizada sólo cuatro meses.

Del documento también se desprende que 20.721 comunicaciones fueron por consultas de orientación o solicitud de información, mientras que 24.868 requirieron la intervención del órgano de aplicación u otro actor.

De todos los contactos, el 43% fue realizado por una persona adulta del entorno afectivo o comunitario del niño, niña o adolescente, el 38% no se identificó, el 18% por el referente de una institución y un 1% por menores.

Por otro lado, en 8123 hubo alusión a maltrato físico, en 6470 a negligencia, en 3852 a consultas legales y en 2658 a abuso sexual infantil.

Finalmente, el informe evidencia que el mes en el que más llamadas se recibieron fue en marzo de 2021, cuando se produjeron 4.693 consultas.