Violencia policial en San Luis: desde el caso Florencia Morales hasta los disparos con balas de goma
En los últimos años salieron a la luz una serie de delicados y graves episodios que involucran al personal de la Policía provincial. Los casos de violencia institucional aumentaron.
Este mes hubo al menos tres hechos que tuvieron gran repercusión a través de las redes sociales, y por lo cual la Jefatura Central de Policía tuvo que pasar a disponibilidad a todos los agentes involucrados.
El más reciente ocurrió en Villa Mercedes en la madrugada del sábado. Según el relato de un joven, un agente de la fuerza le disparó con balas de goma y los perdigones se le incrustaron en la espalda. Todo sucedió en las inmediaciones al anfiteatro donde se desarrollaba el Festival de la Calle Angosta. También acusó que en la Comisaría 9° no quisieron tomarle la denuncia.
También con perdigones terminó herido un chico de Naschel cuando fue a la comisaría para denunciar que se estaba desarrollando una fiesta, con menores a quienes les estaban suministrando drogas y alcohol. El pedido para que los policías intervengan terminó en una golpiza adentro de la dependencia. Y al final un tiro.
Antes, el 14 de enero y también en Villa Mercedes, un policía que fue apartado de la institución le pegó una cacheta a un muchacho a la salida de una celebración. La actitud del hombre quedó grabada y el video recorrió los medios periodíticos. Antes de pegarle se burló de la camisa que tenía puesta.
¿Cuáles son las principales denuncias por violencia institucional en la provincia?
De entrada hay dos casos que sacudieron a la opinión pública durante la cuarentena y fueron las muertes de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello, en diferentes comisarías de San Luis. Ambos todavía no fueron aclarados.
En el primero de ellos, la mujer (39) fue encontrada sin vida en una celda de una dependencia de Santa Rosa del Conlara en medio de la cuarentena más estricta que se vivía en San Luis a causa del coronavirus, el 5 de abril del 2020.
En su informe, la Policía reportó que fue un “suicidio”, pero la familia descreyó de la hipótesis desde un primer momento.
Lo cierto es que el desarrollo de la investigación encabezada por el juez Jorge Pinto contó, cuanto menos, con serias fallas. Esto fue subrayado por los abogados de la familia de Morales, y del caso se hicieron eco organizaciones nacionales de los derechos humanos.
A casi dos años de lo ocurrido la causa continúa en Tribunales a la espera de una resolución.
El segundo caso sucedió solo 19 días después, el 25 de abril. Al igual que la mujer, Maranguello (16) fue hallado sin vida en un calabozo de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes.
El argumento oficial fue el mismo: que se quitó la vida. La detención tuvo lugar en la puerta de la casa del menor, y le adjudicaron que había violado la cuarentena.
Después informaron que la detención fue por encontrarse en “sospechas de robo” y que llevaba “dos cuchillos entre sus prendas de vestir”.
Desde ese entonces se llevaron a cabo medidas judiciales, aunque con cierta lentitud, según la familia. La investigación está a cargo de la jueza de Instrucción N° 3, Mirta Ucelay.
Ambas muertes tuvieron pronunciamientos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura o La Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (Radhis).
Incluso la Nación le “llamó la atención” al Gobierno de San Luis por la violencia que había trascendido por medios de prensa nacionales. Más allá de todo, el gobernador Alberto Rodríguez Saá en escasas ocasiones mencionó alguno de los episodios.
Más episodios
Villa de la Quebrada. El 21 de diciembre de 2019 tres efectivos fueron acusados por abuso sexual agravado sobre una mujer que se encontraba detenida en una comisaría de la localidad.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), sucedió cuando el oficial principal y jefe de servicio de la mencionada seccional del departamento de Belgrano asumió la custodia personal de una mujer detenida allí por hacer circular moneda falsa, quien debía ser retirada por la Policía Federal Argentina (PFA).
Según la acusación, dos auxiliares ingresaron a la sala para alentar al abusador, que rompió la ropa de la víctima y la violó, hasta que la mujer forcejeó y tomó el cinturón donde el policía portaba el arma reglamentaria, lo que motivó que éste volviera a golpearla.
La Toma. El abogado Ricardo Bazla fue quien denunció abusos el 11 de abril del 2020 particularmente cometidos por un alto jefe policial de esa localidad.
Aseguró que hubo agresiones a personas del pueblo, aunque no dio más detalles para proteger a las víctimas.
“Tenemos conocimiento que, en algunos casos, les han tirado gas pimienta a detenidos dentro de los calabozos. Eso no es ejercicio de la autoridad, eso es apremio ilegal y abuso de autoridad, que ya hemos denunciado penalmente”, sostuvo Bazla en aquel momento.
Villa de Merlo. El 18 de noviembre de ese año le tocó a otro chico. Su madre, Aldana Farías utilizó Facebook para relatar lo ocurrido.
Su hijo Ignacio Corbalán fue detenido mientras circulaba en moto en medio de un operativo policial llevado adelante por miembros de la División COAR.
La mujer dijo que no se detuvo por “miedo” ante la falta de papeles y que luego fue interceptado por una camioneta policial. Allí se produjo el hecho: “Se bajaron, lo agarraron de los pelos, lo tiraron al suelo, pegaron patadas, mientras él se tapaba con los brazos. Volvieron a levantarlo, lo pusieron contra la camioneta y le dieron un golpe de puño en la costilla”.
San Luis. El 10 de abril del 2021 el periodista de Radio Comunitaria La Cigarra de San Francisco, Carlos Camargo denunció que el subjefe de la Policía, Claudio Lattini, ejerció violencia institucional.
Según su testimonio, ordenó que lo demorara y que borraran todas las imágenes y videos que tenía su teléfono celular.
Ese día la Policía realizó un procedimiento en la playa de estacionamiento del Easy en la capital donde detuvo a cuatro personas que circulaban en un Citroën C3 y tenían un inhibidor de alarmas.
Camargo estaba casualmente en ese lugar, hasta donde había ido a realizar compras. Allí decidió tomar fotos pero Lattini lo “agredió”.
El comunicador también denunció que eliminaron "alrededor de 500 archivos que tenía” en el celular, y que cuando le entregaron el teléfono “tenía dañada la pantalla”.