Varios convocantes a la marcha contra la Corte están condenados, procesados o imputados
Varios de los dirigentes que exigen la renuncia de los integrantes del máximo tribunal tienen o tuvieron expedientes abiertos en su contra. La oposición endureció sus críticas hacia la movilización.
Este martes diversos sectores vinculados al kirchnerismo realizarán una marcha para pedir la renuncia de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de esta forma se configurará un nuevo capítulo de tensión entre el oficialismo y el máximo tribunal.
Varios de los dirigentes que impulsan la marcha enfrentan o enfrentaron procesos en la Justicia, una lista encabezada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, que si bien no apoyó la movilización de manera pública, tan solo días atrás, desde Honduras, dijo que antes en América Latina había golpes militares y “ahora golpes judiciales”.
La Vicepresidenta enfrenta un juicio oral por el direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, y tiene tres expedientes a la espera de esa instancia: la causa Cuadernos y otros dos que se desprendieron del caso original.
Pero a la dirigente se le suman otros impulsores de la marcha que también tienen un frente judicial amplio como Luis D´Elía, el ministro de Seguridad Aníbal Fernández y sectores cercanos a Milagro Sala.
Los impulsores de la marcha contra la Corte Suprema con causas judiciales
Luis D´Elía: en 2017 fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de una comisaría en La Boca en junio de 2004. Lo encontraron culpable de los delitos de “atentado contra la autoridad”, “usurpación del espacio público, “instigación a cometer delitos”, “lesiones” y “privación de la libertad”. Fue detenido el 25 de febrero de 2019, cuando la condena quedó firme. El 4 de abril de 2020 le otorgaron el arresto domiciliario y el 19 de agosto de 2021 le dieron la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su condena.
Juan María Ramos Padilla: el juez integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires es otro impulsor de la convocatoria junto a D’Elía. Su hijo Alejo Ramos Padilla está denunciado por haber impulsado el Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
Hebe de Bonafini: en mayo de 2017, la titular de Madres de Plaza de Mayo fue procesada por la causa Sueños Compartidos. En octubre de 2020 se confirmó la elevación a juicio de la causa. Será juzgada como presunta partícipe de defraudación a la administración pública por el supuesto desvío de fondos. Investigan si $200 millones, que eran destinados para la construcción de viviendas sociales, fueron redireccionados.
Aníbal Fernández: La Sala I de la Cámara de Apelaciones revocó en octubre de 2021 el sobreseimiento dictado por el juez Daniel Rafecas por supuestos sobreprecios en la compra de derechos de TV del Programa Fútbol Para Todos. Como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, era el responsable del programa que estatizó las transmisiones deportivas entre 2009 y 2017. De esta manera, la Justicia deberá seguir investigando en medio de las intenciones de Oscar Parrilli de relanzar el programa.
Pablo Moyano: quedó procesado en una causa por asociación ilícita entre barrabravas y dirigentes de Independiente en octubre de 2020. Fue sobreseído en diciembre de ese mismo año. Su padre Hugo Moyano fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña por supuesto enriquecimiento ilícito hace tres años.
Juan Martín Mena: el viceministro de Justicia de la Nación fue investigado en la causa por el supuesto encubrimiento a Irán por el atentado a la AMIA. Se lo sobreseyó, pero aún no quedó firme.
Milagro Sala: sectores cercanos a la líder de la Tupac Amaru se plegarán a la marcha. El Tribunal Superior de Justicia de Jujuy ratificó una condena a 13 años de cárcel para la líder de esta agrupación –que desde hace dos años es beneficiaria de la prisión domiciliaria y vive en su chalet del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy- por el caso conocido como “pibes villeros”.
Sala está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que desvió fondos estatales por unos 60 millones de pesos entre 2011 y 2015. Además, tiene otra condena a tres años y dos meses de prisión por amenazar policías, entre otras causas.
Cristina Caamaño: una de las funcionarias del Gobierno que apoyó la movilización. La titular de Justicia Legítima dijo que su organización va a estar presente porque “se debe terminar con una corporación judicial que es parte del lawfare”. La interventora de la AFI fue investigada en una causa por la filtración de un informe secreto con los nombres de más de 2000 espías. María Servini le dictó la falta de mérito.
Quiénes apoyan la marcha contra la Corte Suprema
Aunque la vocera presidencial Gabriela Cerruti afirmó que el Gobierno “no toma postura”, reiteró que el presidente Alberto Fernández está “a favor de una reforma del Poder Judicial”.
Además de los ministros y funcionarios de Gobierno que ya expresaron su apoyo a la movilización, en el ámbito gremial también confirmaron su presencia en la marcha del martes los integrantes de la Corriente Federal que lidera el bancario y diputado oficialista, Sergio Palazzo, así como también el legislador y líder de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
La convocatoria es para pedir la renuncia de los jueces Horacio Rosatti (Presidente); Carlos Rosenkrantz (Vicepresidente); Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La oposición cuestionó la movilización contra la Justicia
La movilización en contra de la Corte despertó fuertes críticas por parte de la oposición, que alertó sobre una embestida contra la independencia del máximo tribunal.
“De todas las barbaridades institucionales que vi últimamente, la marcha contra la Corte Suprema es una de las más graves”, sostuvo el jefe del bloque de diputados del PRO Cristian Ritondo.
La marcha comenzó a tomar forma a finales del año pasado luego de que la Corte Suprema declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura y obligó al Gobierno a reformular la integración del cuerpo y volver a 20 integrantes desde abril. (TN)