Diputados de Unidos por San Luis cuestionaron al Gobierno por “atentar contra la Constitución” al designar funcionarios de la Justicia y reclamaron el llamado a concursos
El bloque opositor advirtió sobre el “accionar negligente” del Poder Ejecutivo en relación al mecanismo usado para hacer alrededor de 30 nombramientos.
Los diputados provinciales de Unidos por San Luis se pronunciaron hoy a través de un proyecto de declaración en el que advirtieron que se está “atentando contra los derechos consagrados por la Constitución Nacional, Provincial y disposiciones relacionadas a la materia”.
Frente a la decisión del Gobierno de avanzar en la designación de unos 30 funcionarios en el Poder Judicial, los legisladores opositores reclamaron que se abra el proceso natural de cobertura de cargos. Dejaron sentada la “imperiosa necesidad” de impulsar el llamado a concurso para ocupar los puestos vacantes “acorde a la normativa vigente, garantizando un eficiente funcionamiento de la Justicia penal conforme lo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, debiendo garantizar igualdad de condiciones para todos aquellos ciudadanos que se encuentren habilitados para presentarse”.
El decreto 195-MJG y C-2022 activó el nombramiento provisorio y “discrecional” con “la colaboración de los Colegios de Abogados y Procuradores”, criticaron un grupo de profesionales.
“En virtud de la profunda preocupación del mecanismo irregular utilizado por el Gobierno de la provincia para la designación de cargos judiciales, abogados del foro local publicaron una carta abierta intitulada ´idoneidad o discrecionalidad´, entendiendo que la urgencia planteada no justifica la designación de funcionarios que no tendrán el proceso de evaluación previsto en la Ley 615/08, que procura garantizar la ´idoneidad´como requisito de admisibilidad (artículo 23 de la Constitución Provincial), lo que resulta de extrema gravedad institucional, aunque la decisión esté respaldada por el artículo 118 de la reciente reforma judicial impulsada por el Gobierno provincial a través de la Ley 0086-2021”, señalaron los diputados opositores en los fundamentos.
Hoy justamente entró en vigencia la reforma penal en la Justicia provincial, que implica el pase del modelo inquisitivo al acusatorio.
En ese contexto los legisladores del Frente Unidos por San Luis formularon otras observaciones. Expusieron la necesidad de una mayor cantidad de personal en las fiscalías,
“…los juzgados de instrucción tienen 10 empleados y las fiscalías tres. Si las fiscalías van a pasar a hacer lo que hacían los juzgados de instrucción no se las ha dotado de personal. No sabemos cómo va a ir pasando el personal para las fiscalías. Tanto el Superior Tribunal como el procurador general no han sido claros en esto. A lo mejor ya lo tienen establecido cómo va a ser, pero no ha sido comunicado”, estas declaraciones de dirigentes del gremio fueron reflejadas en el proyecto. También tuvieron en cuenta que “no hubo ninguna capacitación para los empleados que se deban desempeñarse en nuevos roles”.