APTS denunció persecución e irregularidades en la contratación de profesionales en el Hospital Ramón Carrillo
El gremio en una carta abierta dirigida al gobernador Alberto Rodríguez Saá formuló serios cuestionamientos al mecanismo. Además apuntaron contra el gerente del Servicio de Cirugía.
La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) volvió a manifestar públicamente su disconformidad con medidas del Gobierno provincial que afectan al personal. Señalaron que se les aseguró a “los profesionales que prestarían los servicios que ya venían cumpliendo en sus lugares habituales de trabajo conforme al convenio marco de colaboración y el acuerdo específico de personal entre el Gobierno y la Sociedad del Estado Ramón Carrillo que no es vinculante, ya que el nombramiento se realizaría a modo de colaboración y transitoriamente.
Según el gremio la realidad de los profesionales es distinta. “La mayoría de ellos nos vienen trasmitiendo, a modo de reclamo gremial, que esto no sería así y que continuamente se les haría saber que quedarían allí permanentemente y/o trabajando allí y en sus servicios de designación; y que; además de ello; se le estarían cercenando sus irrenunciables derechos laborales tales como el derecho a refrigerio, a descanso en guardias y comunicación entre colegas toda vez que el trabajo lo permita a una buena convivencia”, expusieron en el texto dado a conocer ayer al mediodía.
Al mismo tiempo el gremio se hizo eco de otras quejas.
“Hemos recibido acusaciones de supuesto maltrato por parte de quien ejerce la gerencia del Servicio de Cirugía, esposo de la presidenta del directorio (María José Zanglá)”, expusieron. Se trata de José Luis Peralta.
La colaboración de los profesionales “no puede implicar de modo alguno, la renuncia a sus derechos adquiridos en el marco de la Ley de Carrera Sanitaria Provincial, toda vez que ellos son irrenunciables y la asignación de su régimen de trabajo, a modo de colaboración y de forma transitoria en el Hospital Central Ramón Carrillo, dejó en claro APTS.
El gremio le pidió al gobernador que “revierta esta situación a la mayor brevedad de lo contrario podríamos estar en presencia de una pseuda contratación, y/o una contratación encubierta y/o simulada, distinta a la real, y claramente violatoria del principio de la primacía de la realidad, efectuada para privar a nuestros afiliados de sus derechos adquiridos y materializada por su mismo empleador, es decir, por el Poder Ejecutivo Provincial”.