Rechazo total de los diputados de la oposición a la pretensión de Rodríguez Saá de mandar al vicegobernador a la Corte

Los diputados opositores presentaron un proyecto de declaración en el que manifestaron su preocupación por un nuevo avance del Poder Ejecutivo que ejerce Alberto Rodríguez Saá. Afirmaron que el gobernador viola el artículo 189 de la Constitución que dice: “El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros poderes del Estado”.

“La incorporación del vicegobernador de la provincia de San Luis como ministro del Superior Tribunal de Justicia profundizaría la degradación institucional de la Provincia y acentuaría la dependencia de un poder del estado -la justicia- que hace tiempo dejo de ser independiente, afectando gravemente la democracia representativa. Resulta menester, abogar y defender la división de poderes, cuyo objetivo es limitar el poder y evitar el abuso de poder en el que puede incurrir una persona”, denunciaron en los fundamentos del texto que repudia la decisión del gobernador de proponer como cortesano a Eduardo Mones Ruiz.

El pronunciamiento contó con las firmas de Gastón Hissa (Pueyrredón), Mónica Becerra (Pedernera), Eugenia Gallardo (Pueyrredón), Federico Trombotto (San Martín), Luciana Perano ((Pueyrredón), Marisa Patafio (Pueyrredón), Ingrid Blumencweig (Pringles), Charly Pereyra (Pueyrredón), Claudia Dassa (Dupuy), Nancy Albornoz (Belgrano) y Gabriela Mansilla (Junín).

“En nuestra Provincia, el Poder Judicial, se encuentra en estado crítico, no logra esclarecer los hechos que llegan a su conocimiento, ni tampoco se investiga las responsabilidades de miembros del Poder Ejecutivo por las muertes de Florencia Magalí Morales en la comisaría de la localidad de Santa Rosa del Conlara y de Franco Maranguello, en la comisaría del Menor de Villa Mercedes”, señalaron los diputados.

Un párrafo más adelante graficaron la gravedad que implica el desembarco del dirigente rodriguezaísta en la cúpula de la Justicia: “El Poder Judicial tampoco logra dar respuesta o explicación a la desaparición, hace más de ocho meses de Guadalupe Belén Lucero Cialone. Permitir que el vicegobernador de nuestra provincia forme parte del Superior Tribunal de Justicia, implicaría rendirse ante el abuso de poder, y las maniobras realizadas por el Poder Ejecutivo, que conllevan una clara intención de privar a los sanluiseños de justicia”.

“Este atropello al Poder Judicial provocado por el gobernador, implicaría no tener más jueces imparciales e independientes, violándose así la garantía de juez natural establecida en nuestra Constitución Nacional”, insistieron.