Rafael Berruezo: “Hay una intromisión del Ejecutivo sobre la Justicia y el Colegio de Abogados es cómplice de esta inconstitucionalidad”

“Es muy triste y preocupante lo que está pasando en la Justicia. Lo más grave de todo esto es que cuenta con el silencio y complicidad del Colegio de San Luis”, expuso el abogado Rafael Berruezo en declaraciones a La Mañana de Dimensión.

“Si hubo representantes del colegio que avalaron esto, hay que sacarlos de allí porque permitieron la legalidad del decreto 195 del ministerio de Justicia, Gobierno y Culto, por el cual el Ejecutivo convoca a abogados para ocupar el cargo de fiscales adjuntos por 18 meses. Cómo justificará la presidenta esta inconstitucionalidad de base”, sostuvo.

En ese sentido, anticipó que abogados solicitaron una reunión ampliada con integrantes del directorio de la entidad para que “den explicaciones sobre esto, donde se manifiesta una intromisión del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y son cómplices de esta inconstitucionalidad”.

“La Justicia está en juicio, pero los problemas que hay son por mérito propio, nadie los obliga. Cuando salió este tema, todos los que nos desempeñamos en el área penal, pegamos el grito en el cielo, porque cómo el Gobierno va a designar, suena raro, no se me ocurre pensar que la Justicia sacará una acordada para nombrar empleados públicos. Hay una cuestión muy básica, tenemos un sistema republicano de gobierno y uno de los principios es la división e independencia de poderes”, detalló.

Además, dijo que existe una “interrelación” entre los poderes, pero “la única que hay entre el Ejecutivo y el Judicial es que el primero puede proponer los ministros de la Corte siempre y cuando cumplan con los requisitos. En el caso de jueces y fiscales, el segundo debe llamar a concurso, hacer una terna, seleccionar tres, elevarla y el Ejecutivo de esos tres elige uno, lo manda al Senado y allí aprueban o no el pliego”.

También le pidió al colegio de abogados que se expida sobre la designación del vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, como ministro de la Corte.

En la misma línea, Berruezo indicó que “no corresponde” la postulación del dirigente albertista porque no reúne uno de los requisitos necesarios para el cargo; el ejercicio de 10 años de la profesión de abogado que exige el artículo 202 de la Constitución Provincial.

“Desde la década del ‘80 o ‘90 que se dedica a la política y, además, tiene la matrícula suspendida hace más de 10 años”, precisó.

Y agregó: “Esto no lo dice una ordenanza, una acordada del Superior Tribunal o un decreto del Ejecutivo, sino la Constitución, por lo tanto si no cumple con eso, no puede asumir”.

“Existen otros antecedentes de esto, como la designación del Procurador General (Luis Martínez). Hay un avasallamiento, una imposición que se hace históricamente desde el Ejecutivo y una intromisión en este caso en el Poder Judicial totalmente ilegal", precisó.

Por último, Berruezo señaló que en caso de que Mones Ruiz asuma, "se podría pensar en el cumplimiento de un delito de abuso de autoridad o denunciar a los senadores que convaliden la designación por incumplimiento de la Constitución”.