Profesionales de la salud llegaron al Superior Tribunal con un planteo para ser reconocidos como empleados públicos

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) llegó a la Superior Tribunal de Justicia (STJ) con la presentación para “finalizar con la incertidumbre” y sean considerados como empleados públicos.

“El tema de fondo es la estabilidad, se debe correr el velo y ver la realidad. Pedimos la declaración de la constitucionalidad del tercer párrafo del artículo N° 7 de la ley de Carrera Sanitaria donde se les reconoce a los agentes una estabilidad propia del empleado público”, explicó el asesor legal de la asociación, Lucas Gieco en declaraciones a La Mañana de Dimensión.

Los profesionales no forman parte de la planta permanente de la administración pública. Están bajo un contrato que se renueva cada tres meses.

El reclamo lleva varios años. En una primera instancia acudieron al programa del Gobierno provincial de Relaciones Laborales para que se  pronuncie, pero desde el sindicato subrayaron que “nunca obtuvieron respuestas”.

“Para ser fiel a la ley fuimos a esta delegación, nos presentamos y nunca recibimos una devolución. Allí se produjo una denegación tácita. Hay una forma de destrato del programa porque esperábamos al menos que dijeran que eran o no competentes, pero no obtuvimos nada”, indicó.

El siguiente paso lo dieron ante el juzgado Civil, Comercial y Ambiental Nº 4 a cargo de Agustín Ruta. El magistrado decidió excusarse y tampoco resolvió la cuestión de fondo.

“Como hay dudas sobre una relación jurídica desde hace mucho tiempo y ante la falta de certeza de la relación entre el Estado y los agentes, buscamos que la Justicia lo diga. No tenemos ninguna duda que, quien se desempeña durante 10 o 15 años y otros se jubilan, deben gozar de la estabilidad”, aseguró.

Este miércoles la Corte provincial corrió vista al procurador General, Luis Martínez para que se pronuncie si el caso es competencia o no del máximo órgano judicial de San Luis. El planteo ingresó el 17 de febrero.

“Entiendo que debe dictaminar que la acción es procedente y que el Tribunal es plenamente competente porque así lo establece la Constitución Provincial. Es de competencia originaria atender cuestiones de esta naturaleza, en contra del Estado en relación al empleo público”, insistió Gieco.

Sin embargo, el letrado no tiene expectativas positivas de un dictamen favorable por parte del STJ: “Vamos a terminar, lamentablemente, por el no reconocimiento de los agentes de la salud pública, amparados por la Constitución Nacional y Provincial”.

“Creo que terminará el caso en la Corte Suprema. Pido disculpas por la desconfianza, ojalá me equivoque, pero la verdad es que lo veo difícil porque está el Gobierno de por medio”, aseveró.

Por otra parte, Gieco se detuvo en la situación de los trabajadores que se encuentran en el marco de la Sociedad del Estado “Ramón Carrillo” y que “merece un análisis particular”.

“La salud pública la regula, por un lado, la Ley de Carrera Sanitaria pero, por otro lado, crean ésta forma que se ampara en el derecho privado, con los monotributistas y con la Ley de Trabajo. Creemos que es una forma de licuar la Carrera Sanitaria y que, en definitiva, tiende a lo mismo: a la incertidumbre”, agregó.

En este sentido, advirtió que “durante los últimos años se observan desvinculaciones totalmente arbitrarias”.

Anteriormente, desde APTS destacaron que son 3500 profesionales y técnicos de la salud que pertenecen a la carrera sanitaria y que sólo siete integran la planta permanente a pesar de que cumplen con los requisitos.

“Desde hace tiempo que no sucedían cosas jurídicamente tan graves. Muy rara vez sucedía una situación de cesantía, pareciera que todo está convulsionado y ante cualquier situación te envían un telegrama de tres renglones diciendo ‘hasta luego’”, resaltó.