Poggi impugnó la postulación del vicegobernador Mones Ruiz como juez del Superior Tribunal

El presidente de Avanzar San Luis y diputado nacional, Claudio Poggi impugnó la decisión del gobernador Alberto Rodríguez Saá, de postular a su vicegobernador Eduardo Mones Ruiz como ministro del Superior Tribunal de Justicia. La presentación que firmó junto al titular de la Asamblea provincial partidaria, Ricardo Endeiza ingresó en el ministerio de Justicia, Gobierno y Culto y se enmarca en la Ley de audiencias públicas de selección de jueces de la Corte y del procurador General.

El gobernador abrió el proceso de designación el 14 de febrero con la publicación del edicto de antecedentes curriculares.

Hace minutos ambas autoridades de Avanzar San Luis se constituyeron personalmente en la mesa de entradas del ministerio en Terazas del Portezuelo para entregar el texto. Se trata del primer cuestionamiento formal a la nominación del dirigente rodriguezaísta que forma parte de la estructura política del actual gobernador. Desde hace varios años Monez Ruiz ocupa cargos en la primea línea del Gobierno, como ministro y desde 2019 como vicegobernador ubicándose en el primer peldaño en la sucesión institucional; y en la mesa directiva del aparato partidario como vicepresidente primero del PJ además de congresal nacional.

En el último proceso electoral el propio gobernador lo ungió candidato a diputado nacional titular en segundo lugar por el Frente K Fuerza San Luis.

Por estas razones entienden que Mones Ruiz “no reúne las condiciones que supone la garantía de ser juzgados por un juez independiente e imparcial”.  Dejaron sentado al mismo tiempo que si el gobernador persiste en la vocación de proponerlo el Senado debe rechazar el pliego.

“La impugnación que realizamos se basa en cuestiones objetivas relacionadas con la defensa de las instituciones de república y no en cuestiones personales referidas al postulado ni en cualquier tipo de discriminación racial, religiosa, ideológica o de cualquier otra naturaleza”, sostuvieron Poggi y Endeiza, que además actúa como patrocinante.

“Advertimos una alta y legítima preocupación social del pueblo de San Luis por el respeto de la independencia del Poder Judicial”, advirtió Poggi y señaló “el temor que generan en la ciudadanía actos tan graves y antirrepublicanos” como la postulación de Mones Ruiz para juez de la Corte.

“Existe coincidencia en que el servicio de justicia es clave en una democracia republicana. Por ello, todo cuanto pueda interferir en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial causa un daño institucional enorme y afecta la calidad de esa democracia”, fundamentó.

Al mismo tiempo Poggi reclamó que “la sociedad debe tener la certeza de que los jueces que administran justicia son independientes del poder político, y ello es necesario porque los jueces tienen que juzgar al mismo poder, sea en el control de las leyes o declarando inconstitucionalidades de los actos administrativos o institucionales de los poderes políticos o la responsabilidad por sus acciones”.

“En el Estado de derecho, la función del juez debe ser imparcial, transparente e independiente, tal es el concepto ético que debe primar”, subrayaron para inmediatamente expresar: “La república y los ciudadanos necesitan tener jueces con ejemplaridad ética, compromiso con el sistema republicano de gobierno y ausencia de compromisos políticos partidarios. Y debe tenerse bien claro que tal independencia judicial no es una garantía para los jueces, sino que lo es para todos los habitantes de San Luis”.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que: ´Si se busca proteger los derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que le permita juzgar tanto las acciones del Poder Ejecutivo, como la procedencia de las leyes dictadas y aun de los juicios emitidos por sus propios integrantes. Por tanto, se considera que la efectiva independencia del Poder Judicial es un requisito imprescindible para la vigencia práctica de los derechos humanos en general´”, señalaron.

Igualmente Poggi y Endeiza remarcaron que al momento de tratar la postulación de Mones Ruiz se deben merituar postulados de la Constitución nacional, la Constitución provincial y tratados internacionales de derechos humanos.

En ese marco manifestaron que la postulación del vicegobernador “pone en crisis la manda legal y la aspiración social de tener jueces independientes e imparciales”.

En los últimos días desde el Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes indicaron en referencia a Mones Ruiz que “su compromiso al haber ocupado diferentes cargos en el Poder Ejecutivo Provincial desde hace varios años afecta directa e indudablemente la imparcialidad de su criterio en el cargo al que se lo propone al STJ”. Otro punto que está en duda es si cumple y hasta ahora no estaría acreditados si se ajusta al mínimo de 10 años de ejercicio de la profesión de abogado o de alguna magistratura judicial, como exige la Constitución.

Poggi cuestionó que se intenta hacer saltar a Mones Ruiz “sin solución de continuidad de la cabeza de un poder del Estado a la cabeza de otro”. “Causales y razones que necesariamente deberán ser consideradas para desistir de la postulación y, para el caso en que se insista con la postulación, deberá ser consideradas por los senadores al momento de tratar el pliego”, reclamó.

“No solo es importante la independencia, sino la percepción de independencia y, al menos una gran parte de la sociedad, tiene razones basadas en hechos concretos para entender que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo no se desempeñará como independiente e imparcial”, expresó.

“La división de poderes, uno de los pilares elementales de la república, sería una quimera en caso de prosperar la candidatura” de Mones Ruiz, sostienen Poggi y Endeiza.

“Señor gobernador de la Provincia, señores senadores, en sus manos está considerar esta impugnación y evitar una grave lesión a la forma de gobierno republicana establecida por los artículos 1º de la Carta Magna Provincial y de la Nacional”, alertaron las autoridades de Avanzar San Luis.

“La postulación del vicegobernador de la Provincia para pasar de un día para otro a ser ministro del Superior de Justicia no puede prosperar, no puede ser aprobada, así lo impone la garantía que reconoce el derecho de toda persona a ser oída ante un tribunal independiente e imparcial, conforme lo establecen la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, abundaron al fundar la impugnación y pidieron que no se deje de valorar el criterio de la Corte Suprema en relación a que “es indispensable recordar cuáles san los principios constitucionales y supranacionales que rigen tanto la designación de los magistrados integrantes del Poder Judicial de la Nación a efectos de preservar la garantía  del juez natural, como el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial…”.

“La independencia judicial es completa o no existe. No puede haber juez dependiente. No existe lugar para el juez que predique una independencia relativa, circunstancial o subjetiva. La independencia en lo judicial se tiene o no se tiene y no puede ser juez quien de ella adolece. Traído cuanto hemos dicho al caso concreto de la postulación del Vicegobernador de la Provincia Dr. Eduardo Gastón Ramón Mones Ruiz para ser designado ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, es innegable y así hemos palpado, en nuestro diario contacto con los habitantes de la Provincia, que tal postulación pone en crisis la manda legal y la aspiración social de tener jueces independientes e imparciales”, resaltó.

Rodríguez Saá viene de descabezar en 2020 a la cúpula judicial y reemplazarla por funcionarios más afines todavía. “En nuestra provincia se acrecienta cada día la matriz sistemática y organizada de generar una solo pseudo y aparente división de poderes. Tal matriz se ha acentuado cuando vemos que la esposa de un altísimo funcionario del Poder Ejecutivo fue designada ministra del Superior Tribunal de Justicia o que el jefe del Bloque de Diputados que responden al gobernador es designado procurador General de la Provincia (jefe de todos los Fiscales y Defensores Oficiales de la Provincia). Aluden de ese modo a la cortesana Carolina Monte Riso, esposa del secretario General de la Gobernación y jefe de Gabinete, Miguel “Micky” Berardo, y a Luis Martínez. Otro antecedente inmediato escandaloso fue el nombramiento de Lilia Novillo, candidata a intendente de la ciudad y apoderada del partido gobernante que tuvo “una actuación absolutamente parcial y dependiente, funcional a los intereses del oficialismo provincial”.

En ese contexto pusieron de relieve que es “intolerable esta falta de independencia e imparcialidad, que se acentúa en el tiempo, si consideramos que vivimos en una sociedad que clama y necesita respuesta a decenas de causas irresueltas, entre las que podemos mencionar las muertes de Florencia Magalí Morales en la comisaría de Santa Rosa del Conlara y de Franco Maranguello, en la comisaría del Menor de Villa Mercedes o la desaparición, hace más de 8 meses, de Guadalupe Belén Lucero Cialone”.

“Ante esto surge una pregunta: ¿en el caso que de estas u otras causas surgiera algún tipo de responsabilidad, propia de los deberes de funcionarios públicos, del Gobernador de la Provincia, de alguno de sus ministros o funcionarios, puede la sociedad, los damnificados, sus familias tener la garantía de que el Vicegobernador de la Provincia hoy postulado juez, actuará con independencia e imparcialidad al juzgarlos? ¿Que medirá con la misma vara a todos sin tener en cuenta de quien se trate? La respuesta es no; la dependencia política, el ser parte de la misma gestión de gobierno lo impedirán”, dejó planteado Poggi.

En el mismo sentido también dejado expuesto: ¿Quiénes litiguen contra el Estado, o quienes adhieran a partidos políticos distintos al que pertenece el vicegobernador de la Provincia, tendrán la garantía y confianza de la independencia e imparcialidad del proceso judicial, cuando  el tribunal más alto de la Provincia en la que están litigando, está integrado por una persona que integró días antes el Poder Ejecutivo, con plena adhesion al partido que dirige el Gobernador de la Provincia, con el cual compartió fórmula? Por supuesto que no”.

Por esas razones entiende que el dirigente rodriguezaísta de Villa Mercedes “no puede ser ni nominado ni, eventualmente, designado”. En ese marco dejó planteada la reserva del caso federal para acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.