Diputados rodriguezaístas aprobaron la profundización de los planes
Los legisladores oficialistas le aseguraron al Gobierno el primer paso para continuar con los subsidios como la política social central en la provincia. El proyecto contempla la incompatibilidad del beneficio con los nacionales y municipales.
Este miércoles, en la segunda sesión extraordinaria del 2022, los diputados K del bloque Fuerza San Luis y sus aliados le dieron media sanción al proyecto de ley que busca profundizar el Plan de Inclusión Social.
En pocas palabras, significa un relanzamiento del Plan que en junio cumplirá 19 años de su comienzo. El gobernador Alberto Rodríguez Saá realizó el llamado el viernes de la semana pasada a sesiones extraordinarias y mandó el texto.
El nuevo marco normativo al que se apunta, y que ahora pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento, recibió múltiples críticas por parte de la oposición.
Éstas se concentraron en la incompatibilidad con los beneficios nacionales y municipales (menos la Asignación Universal por Hijo), que no se fomenten políticas de generación de puestos de trabajo genuinos y que tampoco establece cuánto percibirá mensualmente, entre otros puntos.
El presidente del interbloque de Unidos por San Luis, Gastón Hissa, remarcó que el Gobierno “fracasó en planificar un programa para la reinserción laboral”.
“No se ha progresado. Rodríguez Saá el año pasado habló de la economía de la vida, de la creación de puestos de trabajo, habló de la era brillante, de la era innovadora. Yo me pregunto ¿ustedes creen que con esta ley vamos a hacer algo de esto?”, sostuvo en su intervención.
Asimismo, puntualizó la “utilización electoral” de los planes: “No lo podemos negar, ocurrió en 2017, 2019 y 2021, lo reconocen los mismos beneficiarios”.
“Es coercitiva. No hay nada innovador, es una ley abierta, no fija las reglas claras. Respecto a las incompatibilidades ¿no puede tener el beneficiario del Plan el programa nacional de Potenciar Trabajo? Claramente, con una lectura política, quieren seguir haciendo control político del Plan”, manifestó.
Los últimos registros informados por Terrazas del Portezuelo indicaron que, antes de las elecciones del 2021, había 27.647 beneficiarios de Inclusión y 17.708 en las Becas 22AG.
La votación final se dividió en dos partes por una moción de la diputada de Sanluiseños por el Cambio, Verónica Causi.
En primer lugar, se valoró el proyecto en general que culminó con 26 votos afirmativos, 11 abstenciones de Unidos por San Luis y cuatro votos negativos del bloque de la Unión Cívica Radical.
Quienes lo acompañaron fueron el bloque oficialista, Todos Unidos, Mario Alume Nasif, del bloque Resistencia Peronista, y Causi.
La propuesta fue eliminar los artículos 4° y 6° y modificar el 14°. El resultado fue similar: 25 positivos, 11 abstenciones y cinco negativos (se sumó Causi).
Uno de los encargados de defender el proyecto de la bancada oficialista fue Federico Berardo, ex ministro de Desarrollo Social, que aseguró que el objetivo “no es someter a nadie. Queremos que la gente sea feliz, coma”.
“Uno no niega las dificultades de la mayoría de los beneficiarios respecto al ingreso. Pero tampoco neguemos que en la mayoría de los hogares hay más de un Plan de Inclusión, que además de Asignación Universal por Hijo, está la Tarjeta Alimentar, existe la Beca 22 AG”, manifestó.
En esta misma línea indicó que, con esta nueva ley, “se busca hacer lo mejor que se puede en este momento”.
Otros legisladores que hablaron en el recinto fueron: Mónica Becerra, Eugenia Gallardo, Federico Trombotto, Ingrid Blumencweig, Nancy del Valle Albornoz y María Mancilla de Unidos por San Luis; Luis Lucero Guillet y Víctor Sosa (UCR); Gloria Petrino, Carlos Muñoz y María Spinuzza (FFSL); Berta Arenas (TU); y Nasif y Causi.
Ahora, la Cámara Alta le otorgará la sanción definitiva a la ley gracias a la mayoría que cuenta Rodríguez Saá.
¿Qué dice la ley?
-Alcanza a todas las personas mayores de 18 años sin empleo formal registrado.
-Los beneficiarios percibirán una “colaboración económica mensual”.
-Los actuales beneficiarios deberán optar por el actual régimen o por el nuevo. Quienes no adhieran quedarán afuera y recibirán por el plazo de tres meses un aporte extraordinario equivalente al monto del beneficio.
-El beneficio “no implica en modo alguno vinculación de naturaleza laboral ni administrativa entre el Estado provincial y el beneficiario”.
-Percibirán una “colaboración económica mensual de carácter no remunerativo”, aunque no se detalla cuánto.
-Será causal de “incompatibilidad con el beneficio social, la percepción de planes o beneficios económicos provenientes de los Gobierno nacionales o municipales”. La excepción es la Asignación Universal por Hijo (AUH).
-Las prácticas a desarrollar tendrán una duración mínima de seis horas diarias o una máxima de ocho horas, cinco días a la semana.
-Se derogan las leyes N° I – 0001- 2004, la N° VII -0844 -2013 y la N° I – 0953-2016.
-Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar "los ajustes presupuestarios, modificaciones y transferencias de partidas que resulten necesarias”.