DOLOROSO SALDO DE DOS AÑOS
Lo que vivimos en la pandemia: el “noticiero” de escraches, vacunas VIP, muertes en comisarías, taludes mortales, la manipulación electoral y más pobreza
La improvisación y el autoritarismo derivaron mientras avanzaba el coronavirus en una profunda crisis socioeconómica y en atropellos. Las estadísticas del fracaso de una gestión que hizo pagar un alto precio a la sociedad con una cuarentena dura.
Lo peor de la crisis sanitaria parece haber pasado, por ahora. El 19 de marzo de 2020 el Gobierno nacional decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), frente a un virus del que se conocía poco y nada. Ocho días antes la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba que la propagación desenfrenada del coronavirus era una pandemia.
La fecha amerita un repaso sobre qué sucedió en este tiempo. El doloroso saldo: confinamiento; escrache público de ciudadanos; zanjas y taludes de la muerte; muertes en comisarías; prohibición para entrar a San Luis para despedir a los seres queridos; vacunas VIP; ocultamiento de información pública; aprietes al personal de salud; colapso del sistema sanitario; centro de internación hacinados, abandono de cuentapropistas y comerciantes, y el uso electoral de la vacuna, son parte de un triste listado de consecuencias.
Gobernador Alberto Rodríguez Saá (Foto Marcos Verdullo).
El gobernador tomó la frase de San Juan Bosco “a la luz del sol y a los ojos de Dios” para cerrar los reportes televisivos y de las redes sociales. Al amparo de esa frase se repitieron un sinfín de arbitrariedades que sufrió la sociedad.
Un repaso de estos dos años
| Estadísticas
El ránking en la tasa de contagios cada 100 mil habitantes ubica a San Luis como la tercera provincia con mayor cantidad de casos con 26.350. Es superada por la Ciudad de Buenos Aires (32.909), La Pampa (29.545) y Tierra del Fuego (26.983).
Fallecidos cada 100 mil habitantes desde el inicio de la pandemia: San Luis se ubica en la 7ma posición en el ranking nacional con 318.
A nivel cuyo, San Luis lidera la lista ya que Mendoza cuenta con 249 y San Juan 159.
En los meses más críticos, la provincia se estableció dentro de las cinco peores en la tasa de muertes por millón de habitantes.
| Índices epidemiológicos
Hasta este viernes se registraron un total de 150.006 contagios desde el primero informado el 9 de marzo del 2020, una mujer que llegó desde Barcelona, España.
En este periodo hubo tres olas de casos, pero los meses más críticos fueron enero del 2022 con 51.242, mayo del 2021 con 18.436 y abril de ese año con 15.513.
Muertes totales al viernes: 1.605.
En tanto que los departamentos con las dos ciudades más grandes de la provincia son los que presentan mayor cantidad de contagios. Hasta febrero, Pueyrredón mantuvo 75.228 y Pedernera 43.686.
Por otra parte, Junín llegó a 11.119, Ayacucho a 5.647, Pringles a 4.167, Dupuy a 3.135, Belgrano a 895 y San Martín a 605.
Las ciudades con más casos hasta febrero:
San Luis: 63.280.
Villa Mercedes: 40604.
Villa de Merlo: 7398.
La Punta: 5546.
| Datos de la campaña
434.150 personas completaron el esquema de vacunación. Es el 84,36% de la población.
292.790 recibieron la tercera dosis. Es el 56,9% de la población.
| Vacunas VIP
El 29 de diciembre del 2020 comenzó la campaña en la provincia.
En los meses iniciales se reportaron demoras en la llegada de los inyectables, principalmente para quienes tenían que completar el esquema con Sputnik V. En algunos casos debieron aguardar hasta más de seis meses.
A poco de empezar se desató el escándalo nacional de un vacunatorio paralelo a funcionarios y dirigentes que no era personal esencial. A nivel nacional le costó la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García.
Carla Vizzotti y Silvia Sosa Araujo. (Foto Marcos Verdullo).
En San Luis el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá tiene escondido todavía el listado de vacunados VIP. Políticos del partido gobernante y la oposición, funcionarios, legisladores, jueces y amigos del poder fueron privilegiados y saltaron la fila para ser inmunizados, inclusive antes que el personal esencial y grupos de riesgo.
A instancias del ex gobernador Claudio Poggi se conoció el “vacunatorio paralelo”. En una entrevista manifestó que lo habían llamado para poner a su disposición la vacuna y rechazó el ofrecimiento.
La ex ministra de Salud, Silvia Sosa Araujo reconoció después que habían ofrecido y colocado vacunas a “personal estratégico que está relacionado con el gobernador”.
Protesta en San Luis. (Foto Marcos Verdullo).
Algunos políticos del oficialismo y la oposición admitieron públicamente que no respetaron el orden de prioridad determinado por el ministerio de Salud de la Nación.
| El colapso sanitario y la loable labor del personal de salud
El trabajo de profesionales, técnicos y empleados es para ponderar desde todo punto de vista. Desde el día cero el personal estuvo en la línea de fuego para dar la batalla.
Han desarrollado su labor en condiciones muy complejas, inclusive en un contexto donde el mismo Gobierno los manoseó y atropelló con medidas arbitrarias.
Los gremios se quejaron y denunciaron las condiciones adversas en las que se desempeñaron.
El recargo de trabajo por falta de personal quedó expuesto a lo largo de los dos años.
El Gobierno nunca reconoció el colapso del sistema.
Hasta hoy hay personal que se queja por las demoras en cobrar.
Hubo aprietes y destrato. Un ejemplo: Rodríguez Saá los culpó de contagios “por tomar mate” en horario laboral.
| Escraches oficial al vecino y personal de la salud
El gobernador en el “noticiero” nocturno emitido por la cadena de medios oficiales y contratados expuso los nombres de ciudadanos que incumplieron con las disposiciones legales del ASPO.
El caso más recordado de todos fue el de Gilberto Bongiovanni, un tambero de Tilisarao que, según el Comité de Crisis fue un caso "positivo leve de Covid-19″.
El Gobierno montó con el aparato mediático una persecución al vecino que quedó expuesto.
Lo culparon de “desparramar” la enfermedad por toda la provincia. La noticia tuvo un fuerte impacto ya que vino acompañada por la decisión de las autoridades de volver a la fase 1 de la cuarentena, la más estricta.
Lo mismo ocurrió contra la jefa de piso de la sucursal de la cadena Carrefour. Se dio a conocer el nombre de Zulma del Valle Valdez que había sido denunciada penalmente por “no cumplir con el protocolo”.
Un médico del Hospital de San Luis había cometido una “negligencia grave” porque asistió a trabajar aun teniendo síntomas.
En otra oportunidad el mandatario apuntó contra el personal del Hospital de Tilisarao. “Se contagiaron por tomar mate”, manifestó Rodríguez Saá que seguidamente decidió cerrar el centro de salud cuando la localidad presentaba un gran foco de contagios.
| Muertes en las comisarías
Mientras regía la cuarentena más dura, se presentaron dos casos en dependencias policiales que hasta hoy no fueron resueltos.
El primero de ellos ocurrió el 5 abril del 2020 en Santa Rosa del Conlara cuando Florencia Morales (39) quedó detenida en una celda, en pleno ASPO por haber salido a comprar comida a sus hijos en un día que no podía hacerlo porque no le correspondía a su terminación de DNI.
Horas después su familia fue informada que la “encontraron sin vida”.
Protesta frente a la Comisaría de Santa Rosa. (Foto Marcos Verdullo).
Desde un comienzo la versión oficial fue la de un “suicidio”, en tanto que la familia de la mujer descree de ello.
La investigación llevada adelante por el juez Jorge Pinto estuvo manchada por irregularidades en las pericias y en los tiempos. En la actualidad no hay ningún detenido.
Ese mismo mes, Franco Maranguello (16) fue detenido en la puerta de la casa, también por violar el aislamiento. Su muerte generó conmoción porque sucedió en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes.
Florencia Morales y Franco Maranguello.
Desde ese entonces se llevaron a cabo medidas judiciales, pero hasta el momento tampoco hay respuestas de lo qué sucedió.
Rodríguez Saá se refirió a estos hechos en una sola ocasión. Fue recién en junio de ese año en una conferencia de prensa, aunque se desligó de responsabilidad: "Ninguna de las muertes en las comisarías estuvo vinculada a la pandemia ni a las medidas tomadas".
| San Luis cerrado
Miles de ciudadanos demoraron meses en poder a volver a San Luis y otros que debían pasar por la provincia tuvieron obstáculos.
El cierre de la provincia derivó en protestas en los límites.
Las trabas y la burocracia para ser habilitados fueron una constante. Pese a que familias enteras acreditaban tener un ser querido enfermo o tener su domicilio en San Luis, eran rechazados. Muchos acampaban en los ingresos hasta que el Gobierno diera el “Ok”.
En el caso de los productores y camioneros que necesitaban trabajar, las restricciones fueron más severas todavía.
Todo esto derivó en protestas en Desaguadero, La Punilla y Justo Daract.
El cierre de la provincia derivó en protestas en los límites.
| Ciudades y pueblos cercados
A lo largo de la cuarentena el Gobierno desplegó un operativo para “alambrar” la provincia. Ciudades y pueblos quedaron incomunicadas. La fórmula fueron taludes y zanjas.
Incluso, en las ciudades más grandes los terraplenes impedían la libre circulación entre los barrios.
Cansados por los abusos, los vecinos decidieron actuar por su cuenta y removerlos para circular, para ir por ejemplo al trabajo o comprar provisiones. En Tilisarao y Merlo hubo rebeliones populares.
La fórmula para encerrar localidades y barrios eran taludes y zanjas.
La fórmula para encerrar localidades y barrios eran taludes y zanjas.
La fórmula para encerrar localidades y barrios eran taludes y zanjas.
| Muerte en el límite de la Villa de Merlo y la furia popular
A fines de mayo del 2020 Mario Javier Cortés, de 41 años buscó cruzar el límite entre San Luis y Córdoba, por un paso bloqueado. En el intento perdió la vida.
Esto generó una pueblada por parte de los vecinos de ambas provincias. Un centenar se autoconvocó en ese paso ubicado entre la Villa de Merlo y La Paz y derribó el montículo de tierra y piedras.
Ellos fueron acusados por el Gobierno públicamente por “romper las disposiciones de prevención de contagio del Covid-19”. Durante meses sin éxito exigieron la implementación de un corredor humanitario.
Muerte en el límite de la Villa de Merlo y la furia popular.
Muerte en el límite de la Villa de Merlo y la furia popular.
Muerte en el límite de la Villa de Merlo y la furia popular.
| Crisis y pérdidas de comercios
Por el cierre total estuvieron meses sin trabajar y sin asistencia provincial. La ayuda nacional no llegó a muchísimos comercios de distintos rubros y emprendimientos.
No se han difundido estadísticas sobre la cantidad de negocios que bajaron la persiana en la provincia.
El pedido de ayuda por parte de los comerciantes no tuvo respuesta. (Foto Marcos Verdullo).
Más de 100 comercios minoristas cerraron en el centro de la ciudad de la ciudad de San Luis hasta fines de 2020, según un relevamiento de la CAME. Fue el resultado de las medidas restrictivas por la pandemia y la crisis de arrastre. El estudio arrojó que el 24,4% de los locales de las galerías también cerraron.
Ante las restricciones para trabajar, decenas de comerciantes puntanos protestaron en la Casa de Gobierno para que adopte políticas de auxilio como créditos y la baja de impuestos.
El pedido de ayuda por parte de los comerciantes no tuvo respuesta. (Foto Marcos Verdullo).
Hubo caravanas en la capital y en Villa Mercedes, pero nunca hubo respuestas tanto a nivel provincial como municipal. El año pasado, en medio de las elecciones, Rodríguez Saá lanzó créditos. En la actualidad alrededor de 11 mil solicitudes de créditos están paralizadas en los despachos oficiales.
El pedido de ayuda por parte de los comerciantes no tuvo respuesta. (Foto Marcos Verdullo).
| La insensibilidad: el “caso Garay” y de las familias que no pudieron despedir a su ser querido
Las hermanas Victoria y Antonela Garay buscaron por todos los medios estar junto a su papá, Martín, en sus últimos momentos pero las restricciones impuestas por el Gobierno de Rodríguez Saá impidieron la despedida de su ser amado. Cuando lograron entrar ya era tarde porque había muerto.
En agosto del 2020 su cuadro de cáncer de pulmón empeoró y debió ser internado. Cuando se enteraron, sus hijas atravesaron medio país desde Tierra del Fuego, pero las reiteradas solicitudes de ingreso fueron rechazadas por el Comité de Crisis.
Matín Garay y sus hijas.
A ello, se le suma el caso de Mariana Ivaseta, de 44 años, que murió sin poder ver a sus seres queridos por última vez el 16 de octubre del mismo año. Su madre al enterarse que su estado de salud ya estaba comprometido comenzó con los trámites para llegar a verla desde Mendoza pero la burocracia y el tiempo lo impidieron. Hubo otros casos pero las familias prefirieron no hacerlo público.
| El hacinamiento en los centros de aislamientos
Desde un comienzo el Gobierno decidió abrir una serie de centros para aquellos que presentaban síntomas leves de Covid-19 hasta que recibieran el alta. Pero a través de los testimonios de los propios pacientes se conocieron las malas condiciones de los lugares.
Fueron ubicados en diferentes puntos de la provincia: en la ex fábrica Scac de la capital, en La Pedrera y en la UPrO de Villa Mercedes, en el Hospital “Catalina Rodríguez” de la Villa de Merlo y en las residencias de la ULP en La Punta.
La falta de agua por largas horas, filtraciones cuando llovía y demoras de días en la entrega de los PCR, eran escenas que se repitieron. Algunos fueron cerrados de inmediato a pesar de que se gastaron cifras millonarias en armarlos y en propaganda.
El hacinamiento en los centros de aislamientos.
El hacinamiento en los centros de aislamientos.
El hacinamiento en los centros de aislamientos.
| Aprietes a profesionales de salud
El médico Sergio Allende denunció públicamente persecución del Gobierno en septiembre del 2020 por haber dado a conocer las condiciones inhumanas en las que están internados los pacientes en la Villa de Merlo.
Un médico del Hospital San Luis y personal del Hospital de Tilisarao también fueron destinatarios de la ira oficial.
| Pagar para ser aislados
La solidaridad del Estado con quienes debían regresar a San Luis duró poco.
El Gobierno inicialmente negó que enviaba, a través de los hoteles, un mail los varados con las tarifas a quienes querían regresar de inmediato.
Con el correr de los días blanqueó que había contratado a la cadena “EPIC” cuyo valor por los 14 días llegaba a los $50.400. La elección de empresa generó fuerte críticas del resto de los hoteleros.
| Ocultamiento de la información
La prohibición de acceder a información pública se acentuó durante la pandemia.
El Gobierno mantiene bloqueados hasta ahora datos sanitarios, el manejo de fondos y el listado de vacunados VIP, entre otras cosas.
Un ejemplo de esto es el pedido de acceso a la información pública formulado por El Chorrillero a principios de junio del año pasado. El objetivo era conocer detalles que giraban, principalmente, en torno al “personal estratégico” que fue vacunado.
El pedido de acceso a la información por parte de El Chorrillero en el ministerio de Salud. (Foto Victor Albornoz).
A nivel legislativo, bloques opositores, como San Luis Unido, realizaron proyectos de solicitud de informes que tuvieron el mismo final.
Además, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) ubicó a la provincia como una de las tres que no daba cuenta de información desagregada sobre la vacunación.
| Suba de la pobreza y desempleo
El tejido social puntano se resquebrajó. Hoy, las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), posicionan a San Luis con graves indicadores.
La pobreza subió del 35%, registrado en el segundo semestre del 2019, al 44,3% durante el primer semestre del 2021.
La pobreza infantil de San Luis se ubicó en el 69,9%, es decir, siete de cada 10 chicos son pobres. Es la tercera provincia con las cifras más altas.
En tanto que el desempleo escaló: del 2,9%, informado en el cierre del 2019, al 4,7% reportado en el tercer trimestre de 2021.
| Uso electoral de la vacuna
El uso electoral de la vacunación. (Foto Marcos Verdullo).
Rodríguez Saá y candidatos recorrieron en tiempos electorales los centros de vacunación. Posaban y se sacaban fotos que luego subían por las redes sociales oficiales y personales.
La discrecionalidad llegó a instancias de la Justicia a partir de una denuncia porque los centros de vacunación se habían convertido en virtuales sedes de la alianza electoral oficial que reproducía el nombre Fuerza San Luis y los colores del Gobierno en carteles en los ingresos.