Rodríguez Saá insiste con la designación de Mones Ruiz: el oficialismo se quejó porque se “hace mucha prensa” con las impugnaciones
El Senado fijó audiencia para el 7 de abril como paso previo al tratamiento del pliego del vicegobernador como ministro del Superior Tribunal de Justicia. María Angélica Torrontegui dijo que está legalmente habilitado para el cargo.
Este lunes, la Cámara de Senadores realizó una sesión extraordinaria para determinar la fecha en la que el vicegobernador Eduardo Mones Ruiz deberá presentarse a fin de ser evaluado para asumir en el Superior Tribunal de Justicia.
Por unanimidad, resolvieron fijar la audiencia pública para el 7 de abril a las 10:30. Hasta el 29 podrán presentarse las preguntas, observaciones, adhesiones e impugnaciones.
De esa manera, el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá dio un paso más para el nombramiento de Mones Ruiz en el Alto Cuerpo. Partidos políticos, instituciones y ciudadanos realizaron impugnaciones ante el Poder Ejecutivo, la Justicia y después ante el mismo Senado.
En la sesión, que comenzó dos horas después de la convocatoria, estuvieron presentes la presidenta provisional, María Angélica Torrontegui que presidio la sesión; los senadores de Unidos por San Luis, Sergio Guardia y Adolfo Castro Luna; y los de Fuerza San Luis, Mariana Cruz, Diego García, Daniel Camilli, Carlos García y Marcelo Debandi.
Al finalizar, Torrontegui subrayó que no daría su opinión sobre el tema, pero defendió la nominación del vicegobernador y apuntó a los medios de comunicación.
Sobre las impugnaciones dijo que estaban a “la espera de lo que vaya ingresando” al Senado, mientras que “algunas” ya entraron.
“No voy a dar opinión por supuesto sobre el tema porque es una decisión que se toma con la resolución. Esto sucede, aunque no es muy habitual que vengan a las audiencias con los candidatos la prensa”, sostuvo la actual presidenta provisional del Senado y titular del Consejo provincial del PJ rodriguezaísta que se mostró molesta en la entrevista.
Insistió en el rol de los medios y afirmó que “mucha prensa hacen quienes opinan de esa manera” en relación a que Mones Ruiz no cumpliría con el requisito de ejercer 10 años la profesión de abogado.
“Por supuesto que sí está habilitado. Va a ser acreditado o no de acuerdo al reglamento interno del Senado y la Constitución en cada una de las impugnaciones que se hayan presentado, también las consideraciones de apoyo a esta postulación”, continuó cuando le preguntaron si Mones Ruiz está habilitado legalmente para asumir en la cabeza del Poder Judicial.
Torrontegui aseguró que con la designación “de ninguna manera se viola la independencia de los tres poderes”.
“No tiene nada que ver que sea vicegobernador de la Provincia. Hay casos claramente, uno a nivel nacional que era senador el doctor Juan Carlos Maqueda y asumió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se quejó nadie”, fundamentó la dirigente.
Asimismo, planteó que “un juez no debe tener actividad política una vez que asuma el cargo”.
Por otro lado, hizo alusión a que el abogado Ricardo Bazla anticipó que denunciaría penalmente a los senadores que voten al vicegobernador: “Es una intimidación, no corresponde, vamos a poner como que hace mucha prensa”.
“No veo razón para que se judicialice, pero si alguien quiere judicializarlo, los estrados están para que los ciudadanos hagan lo que creen que corresponde. No puedo opinar sobre el Poder Judicial”, finalizó Torrontegui.
El 14 de febrero se conoció la candidatura para completar la integración del Superior Tribunal de Justicia. En diciembre se había generado la vacante por el fallecimiento de Diana Bernal.
Desde ese momento, el funcionario provincial dejó de acudir al Senado y tampoco participó de actos del Gobierno. Hoy Torrontegui relevó que pidió una licencia sin goce de haberes.
El presidente de Avanzar San Luis y diputado Nacional, Claudio Poggi fue el primer en realizar presentaciones sobre la postulación de Mones Ruiz. Luego se sumaron con impugnaciones y observaciones diputados y concejales de Unidos por San Luis y el radicalismo, los abogados Bazla y Francisco Guiñazú, los colegios de Abogados de San Luis y Villa Mercedes y el Partido Demócrata.