Crónica de una violación anunciada

Los silencios cómplices, las carencias de argumentos y la obediencia debida que los funcionarios, aún electos, profesan respecto del gobernador Rodríguez Saá, hace presagiar que será el 7 de abril de 2022, el día en que se consagrará la peor violación a la Constitución de San Luis, durante la vigencia del régimen gobernante.

María Angélica Torrontegui es la persona menos indicada para hablar de normas constitucionales, cuando a ella misma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó que dejara de usurpar el cargo de intendenta de la ciudad de San Luis, luego de dos años de funciones ilegales en el cargo de “intendenta paralela”. Eso ocurrió el 24 de febrero de 2002 y tuvo que emigrar a su casa.

Claudio Poggi ha dicho que la propuesta de Mones Ruiz a la Corte de San Luis, es como si Alberto Fernández propusiera a Cristina Kirchner para la Corte nacional, y – lamentablemente – aun cuando la comparación es válida, en términos generales, en nuestra provincia, se toma la propuesta de Rodríguez Saá como un acto más. Casi, como un hecho normal. Nada es normal y todo forma parte de la patología institucional que ha instaurado el actual gobernador.

Torrontegui pretende justificar la violación de la Constitución, poniendo el antecedente de Juan Carlos Maqueda, cuando dejó de ser senador nacional y asumió en la Corte nacional. Omitió un detalle no menor: la experiencia académica y profesional de Maqueda y también que llegó al máximo tribunal argentino con el voto consensuado de peronistas, radicales y representantes provinciales que ocupaban bancas en la Cámara Alta. Nunca el Colegio de Abogados de Córdoba cuestionó a Maqueda. Nunca Maqueda fue impugnado y conociéndolo a Maqueda no me caben dudas que también hubiera votado contra la doble intendencia de Torrontegui. Sin embargo, la senadora por Pueyrredón se esmera en justificar sin sustento que no hay vulneración constitucional. Y, en todo caso, Maqueda llegó desde el Legislativo. No desde el Ejecutivo.

Torrontegui, una vez más, abusa de su autoridad y unilateralmente adelanta la opinión de un cuerpo colegiado del que sólo es una novena parte. Dice que Mones Ruiz cumple todos los requisitos constitucionales. Parece no darse cuenta que se acerca demasiado al delito de prevaricato. Por otro lado, ningún legislador puede ser molestado judicialmente por sus votos, pero tiene el deber de observar la Constitución, por eso su juramento consiste en “cumplir y hacer cumplir la Constitución”. La patología radica en que les agrada “hacer cumplir”, pero no cumplirla ellos, sino anunciar día y hora de su violación.

(*) Abogado, dirigente de Avanzar San Luis y Vocal del Tribunal Contralor de Villa Mercedes.