Se cumplen dos años de la muerte de Florencia Magalí Morales que sigue impune
Desde la familia sostienen que se trató de un femicidio y responsabilizaron a la Policía. Están a la espera de que la Justicia responda a una apelación presentada junto a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No hay detenidos y hubo un intento de archivar la causa.
Este martes 5 de abril se cumplirán dos años de la muerte de Florencia Morales, de 38 años, en un calabozo de la Comisaría de Santa Rosa del Conlara en plena cuarentena estricta.
Ese día había ido a comprar alimentos para sus dos hijos y la nieta de tres años, pero terminó detenida porque “estaba violando el aislamiento social, preventivo y obligatorio” ya que circulaba en la vía pública un día que no le correspondía salir. Eran tiempos que regía la terminación del DNI. También le adjudicaron que “andaba en bicicleta a contramano”
Por la noche, la familia recibió la peor noticia: Florencia había fallecido. Apareció colgada en la celda.
El informe preliminar policial reportó que se trató de un suicidio, sin embargo la familia nunca creyó esa versión. Sostuvieron que fue un femicidio y responsabilizaron a los efectivos que estaban de turno. Las pericias de parte arrojaron que fue “estrangulada”. Un informe de la necropsia indicaba que presentaba “lesiones compatibles con la autodefensa”.
La muerte de Florencia es considerada un caso de “violencia del Estado”.
La familia sigue pidiendo explicaciones al Gobierno de Rodríguez Saá. Está disconforme con la actuación del ministerio de Seguridad y también con el rol de la secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad.
En estos dos años hubo movilizaciones en el pueblo y en distintos puntos de la provincia para pedir Justicia. En paralelo, hubo un pedido del defensor de Pobres y Ausentes, José Francisco Pérez para archivar la causa.
El juez de Instrucción, Jorge Pinto resolvió el 2 de diciembre del año pasado el procesamiento de cuatro policías y dispuso la detención y prisión preventiva para dos de ellos: el jefe de la dependencia, Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros. Todo quedó en la nada porque a los pocos días fueron excarcelados por pagar una fianza de $200 mil. Victoria Torres y María Eugenia Arguello son las otras dos policías imputadas.
La familia no está de acuerdo con la calificación de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y mal desempeño de funcionario público”.
El abogado que representa a la familia, Santiago Calderón Salomón dijo a El Chorrillero que apelaron en diciembre la resolución junto a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que se cambie la carátula a femicidio.
Los cuatro uniformados están en libertad actualmente. Fueron suspendidos.
Recién el 4 de marzo se conformó el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes que analizará la presentación. Está integrado por Hernán Herrera, Vilma Eguinoa y Sandra Ehrlich.
Integrantes de la familia de Florencia llegarán a la provincia este martes para participar de las movilizaciones en las que se insistirá con el reclamo de justicia. Sostienen que "nadie se suicida en una comisaría" y que "a Florencia la mató la Policía".