Casi tres meses del funcionamiento total del Hospital “Ramón Carrillo”: falta de profesionales, demoras y una salud privatizada

El 19 de enero a las 8 fue el día donde la salud pública de la provincia dio un giro extraordinario. Ese miércoles el Gobierno anunció que el Hospital Central “Ramón Carrillo” comenzaba a funcionar en su totalidad. El Policlínico de San Luis dejó de prestar servicios y fue destinado solamente al área de Pediatría.

Desde las primeras horas, los vecinos se encontraron con problemáticas y dificultades para la atención. Algunos tuvieron que esperar hasta seis horas. Otros tomaron la determinación de irse. Y toda la jornada se vivió como un caos.

Sin embargo, en ese momento fue adjudicado a que todo se estaba acomodando y se trataba de un centro nuevo. Pasaron más de dos meses y lejos de mejorar el panorama, se agravó. Se sumaron más cuestionamientos, dudas sobre los servicios y denuncias.

Entre las prestaciones que el ministerio de Salud anunció para alcanzar el funcionamiento integral en el “Ramón Carrillo”, enumeraron urgencias y emergencias médicas de adultos (15 años de edad en adelante), internación de pacientes moderados y críticos, cirugías de guardia y programadas. Eso consistía en la tercera y última etapa de apertura.

La noticia más impactante sobre el flamante hospital había sido expuesta por varios pacientes y después fue confirmada por la presidenta de la sociedad del Estado que administra el complejo María José Zanglá: la atención universal es solo para las urgencias.

De esa manera, reveló que quienes cuentan con obra social o prepaga, pueden atenderse en la medida que estas hayan celebrado convenio y tendrán que pagar los coseguros necesarios. Aquellos que tienen mutual, pero esta no tenga acuerdo con el “Ramón Carrillo” tendrán que pagar por la atención completa.

Zanglá, aclaró que solo es universal para las urgencias. De esa manera, los sanluiseños se enteraron que la millonaria obra inaugurada en abril del año pasado, no brinda servicios de forma gratuita.

Días después de que comenzará a trabajar con todas las áreas, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos de Salud (APTS) rechazaron la decisión del Gobierno de obligar a médicos a trabajar en el Hospital Ramón Carrillo y el Policlínico.

Luego, se sumaron testimonios de vecinos que mostraron un nosocomio desbordado. Un caso fue el de Javier Díaz, quien padece las secuelas de un incendio y tuvo que recurrir por asistencia.

En este contexto, desde APTS reconocieron que “no hay” médicos suficientes y una guardia solo cuenta con dos. “No hay personal, y eso genera demoras en la atención. El punto es que no se ha nombrado a más profesionales, es un Hospital tres veces más grande y están atendiendo con la misma cantidad”, explicó la secretaria General, Ana Lía Trifiró.

Ya en inicios de febrero, el gremio denunció persecución e irregularidades en la contratación de médicos.

A casi un mes desde que comenzó a funcionar en su totalidad, los mismos pacientes y sus allegados se animaron a contar sus experiencias.

La mayoría fueron adultos mayores que acudieron en casos de emergencia. Debieron aguardar durante horas en pasillos o fuera del Hospital. A algunos los derivaban a clínicas privadas y otros nosocomios por falta de lugar. A ellos se suman enfermos que pidieron ver a un cura, pero fallecieron sin poder hacerlo.

Esto último se debió a que la sociedad del Estado no había elaborado un protocolo. Por eso, los sacerdotes o monjas que asistían, tenían que esperar durante horas para que los autorizaran a ingresar.

En los dos meses que pasaron desde que quedó habilitado al 100%, desde prensa del ministerio de Salud y el “Ramón Carrillo” se encargaron de destacar el moderno equipamiento, las primeras intervenciones de complejidad y las cifras de personas que habían pasado por allí. Pero nunca hicieron alusión de las denuncias por el mal servicio de acceso a la salud.

Ya a mediados de marzo, el Hospital Central había atendido a más de 30 mil personas. Y en ese contexto, surgieron más relatos de protagonistas.

Mariela Alejandra Correa les preguntó a las autoridades “por qué no cuentan las muertes que ya llevan por mala praxis” o “los traslados que tienen casi a diario de urgencia a clínicas de Mercedes u otras ciudades por la falta de diagnóstico o por errores cometidos”.

“Y los que estamos en lista de espera desde enero, cuando un pedido dice urgente, ¿qué hacemos? ¿Llevamos la cuenta de la previsora o qué?”, cuestionó Claribel Pieroni.

Elisabeth Vial consideró que el Hospital “todavía deja mucho que desear” y expuso que su hijo desde noviembre necesitaba una cirugía y lo seguían postergando. Agregó que para sacar un turno “aunque sea de urgencia son de acá a un mes dependiendo de las especialidades”.

Así, en el último tiempo fueron incrementado las situaciones de malestar en quienes tuvieron que recurrir por diferentes problemáticas de salud.

Esta semana, hubo dos manifestaciones para cuestionar la atención profesional. Una de ellas fue en Terrazas del Portezuelo, donde un grupo de personas fue a reclamar por salud y la Policía les cerró los portones. La otra en el ingreso al Poder Judicial para pedir justicia por un joven que falleció en el centro de salud.

Por su lado, desde el bloque de diputados de Unidos por San Luis presentaron hace más de una semana un pedido de informes y entre los puntos, buscan saber si el nosocomio es administrado por entidades privadas y en caso de ser así, que especifique quiénes son.

Además, solicitaron de manera “detallada y fundamentada” conocer si es de carácter público o privado. Y si se tratara de esta última, datos sobre la persona física o jurídica que ostenta la propiedad.

En relación a las limitaciones en la atención universal, los legisladores plantearon que viola al artículo N°57 de la Constitución provincial, el cual establece de que “el Estado debe garantizar el derecho a la salud para toda persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo, sin embargo, en este caso se restringiría el acceso a ciertos ciudadanos, limitando el servicio prestado ya que aquellos que cuenten con obra social no adherida sólo pueden atenderse a través del pago de las prácticas a realizar”.

En contraposición, los datos que destacaron en estos tres meses desde el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá fueron: el primer implante coclear, la implementación de un 0800, los números de personas atendidas, visitas de universidades, muestras analizadas, exámenes y la colocación del primer stent.

“Ramón Carrillo estaría muy contento", dijo el gobernador el octubre, cuando comenzó la atención de consultorios externos (primera etapa). Pero hoy, la realidad de lo que sucede en el Hospital muestra lo opuesto.