Informe de Fopea: San Luis es una de las provincias con mayores ataques a la libertad de expresión

En medio de la Feria del Libro y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la entidad periodística difundió un informe sobre el monitoreo que realizaron profesionales de todo el país sobre las agresiones al periodismo durante 2021. Los datos recabados ubicaron al territorio puntano como uno de los puntos de alerta por la cantidad de casos detectados.

El año pasado, en la provincia fueron detectados siete ataques a la prensa. Así lo reflejó el monitor del Foro, el periodista Oscar Flores. A raíz de esa cifra, San Luis está entre los seis distritos con más episodios reportados. Si bien, por encima se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires, teniendo en cuenta la cantidad de medios de todos los distritos, el panorama local es más preocupante.

A modo de comparación, en San Luis el Fopea se encontró con 41 medios de comunicación, lo que significa que se produjo una agresión cada 5,8. En la provincia de Buenos Aires, mencionaron 641 empresas y 17 episodios, es decir, uno cada 37,7.

En la realidad nacional, advirtieron como uno de los niveles de ataques y “quizás el más peligroso” la “criminalización de la prensa mediante el uso de la Justicia penal”.

“En muchas provincias del país es cada vez más común que el poder político o económico local apele a abogados, que actúan como sicarios, para denunciar a periodistas que realizan trabajos de investigación y que incomodan al poder local”, expusieron, y en uno de los lugares donde se encontraron con esto fue en San Luis.

También tuvieron en cuenta que estas acciones “además de amedrentar a los colegas denunciados, la utilización de la Justicia penal para acallar voces críticas persigue un objetivo disciplinador: se desalienta el periodismo de investigación, fundamental en una democracia, porque el mejor reaseguro que tiene la prensa libre es la vigencia de una justicia independiente. Y eso es algo que escasea o peligra en la Argentina”.

El primer hecho reportado se produjo el 1º de abril, cuando el gobernador Alberto Rodríguez Saá impidió el acceso de la prensa a la Asamblea Legislativa. La apertura de sesiones tuvo la presencia de los legisladores y unos 70 invitados.

“Pero, excusándose en la pandemia, no se autorizó el ingreso de los trabajadores de prensa, quienes debieron seguir la transmisión a través de las plataformas de la Agencia de Noticias San Luis (ANSL), un medio informativo del Gobierno provincial”, señalaron desde Fopea. Y agregaron que tampoco venían “convocando a los medios de comunicación para que los funcionarios den explicaciones sobre actos de gobierno o para la cobertura de actividades oficiales trascendentes”.

El 13 de mayo, el Foro expresó “su preocupación por las declaraciones agraviantes del intendente de Villa de Merlo, Juan Álvarez Pinto, contra la periodista Vanina García”.

“El mandatario municipal se refirió al trabajo de la colega tildándola de ‘mentirosa’ ante la audiencia”, indicaron sobre ese caso.

Al mismo tiempo, plantearon que “la credibilidad es un valor central en la tarea de los periodistas y el ataque a esta figura debe estar fundada y no ser parte de comentarios al pasar que sólo generan dudas y resultan lesivos para nuestra tarea”.

Ese mismo mes, Fopea volvió a hacer alusión al “continuo debilitamiento de la libertad de expresión en San Luis”.

Allí, exteriorizaron que “la hostilidad hacia los colegas puntanos quedó nuevamente en evidencia” y “corrobora que el agravamiento de las actitudes excede a un solo poder del Estado”.

En esa ocasión tuvieron en cuenta que el periodista Mario Otero acudió ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos para denunciar al Gobierno de Rodríguez Saá por “violar las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa”.

A eso sumaron “un dictamen de la Justicia que complica la situación judicial de Diego Masci, condenado en 2020 a indemnizar a una funcionaria provincial”.

“Es evidente que lejos de ceder, con el correr de los años aumenta en San Luis el clima de hostigamiento hacia la prensa y se afecta la calidad de la información que llega a la ciudadanía”, reflexionaron el 21 de mayo.

El 25 repudiaron “los hechos de violencia que sufrieron periodistas en San Luis mientras cubrían manifestaciones”.

Uno de ellos fue durante una protesta contra las restricciones en Merlo, donde al periodista Saúl Fernández (FM Láser) lo insultaron y arrojaron pedazos de baldosas. El otro fue en Villa Mercedes, donde Vanesa Escudero (FM Latina) fue “insultada y hostigada durante varios minutos por un grupo de manifestantes”.

El 22 de junio, la víctima fue el microfonista del móvil de Crónica TV, Gabriel Barbato, quien fue golpeado por un grupo de manifestantes en una de las marchas para pedir por la aparición de Guadalupe Lucero.

En el documento, Fopea también incluyó el caso de Andrea Bringas quien en octubre sufrió censura de parte de las autoridades de FM Centro 98.7 de Villa Mercedes, tras entrevistar al entonces candidato a diputado Nacional, Claudio Poggi.

“Ya se habían dado situaciones en las que cuando entrevistaba o editorializaba con algún detalle crítico al Gobierno provincial, era editada o bloqueada por el medio”, consignaron.

El caso de Diego Masci volvió a ser tenido en cuenta cuando el 25 de noviembre, el Superior Tribunal de Justicia ratificó la condena contra el periodista por la supuesta comisión del delito penal de violación de intimidad.

En ese escenario, Fopea fue contundente: “En una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica del público”.  Y llamaron a la Corte Suprema de Justicia a “revocar esta decisión que afecta gravemente el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también se registraron 17 hechos de agresiones. El tercer lugar lo tuvo Chaco con 11 y el cuarto Tucumán con nueve.

A nivel general, la mayoría de los agresores fueron funcionarios provinciales (18) y municipales (12).

En relación a las víctimas, la principal proporción fue a un periodista de radio (25). Y del total, el 63,6% eran hombres.

En San Luis, la cantidad de episodios de este tipo ha ido incrementando desde que Fopea realiza el monitoreo, en 2008. En 2021 no sólo se produjo una mayor cantidad, sino que hasta triplicó los dos que se habían informado en 2020.

La suma desde 2008 alcanzó los 37. La cifra anterior más elevada había sido en 2013 con cinco ataques.

Los principales desafíos que marcó Oscar Flores fueron la lucha contra la precarización laboral, la limitación a la libertad de opinión y la inexistencia de los mecanismos claros, rápidos y fáciles de acceso a la información pública.

Dijo que “la censura en la libre opinión llega al extremo de desplazar a periodistas y conductores de programas que invitan a opositores”.

Y además explicó que “la mayoría de la documentación referida a obras públicas, gastos del Estado y otra información de interés es de difícil acceso para los ciudadanos y también para periodistas. El Boletín Oficial publica la información de decretos a cuenta gotas y fuera de tiempo”.