PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL
Diputados de Unidos por San Luis expresaron preocupación por el momento que viven los beneficiarios y reclamaron claridad al Gobierno
Esta semana el Gobierno comenzó con el reempadronamiento, lo que ha generado incertidumbre entre los beneficiarios de Inclusión Social que, a partir de la nueva ley para cobrar el plan deberán renunciar a las ayudas nacionales.
A través de un proyecto de declaración, el bloque de diputados de Unidos por San Luis expresó “preocupación por la situación que están atravesando los trabajadores”.
En el escrito se advierten algunos detalles de la nueva Ley de Inclusión Social que fue sancionada por el rodriguezaismo en marzo de este año. Apuntaron que el artículo cuarto establece que la asistencia provincial “es incompatible con la percepción de planes o beneficios económicos provenientes del Gobierno nacional, provincial o municipal, con excepción de la Asignación Universal por Hijo”.
Es bajo este nuevo escenario que se abrió la inscripción para que los beneficiarios digan si quieren quedarse o no dentro del Plan de Inclusión Social.
La norma contempla el acompañamiento del Estado a través de un aporte solidario extraordinario por tres meses (un monto equivalente al beneficio que se percibía con anterioridad), para quienes opten por no ser incluidos en la Ley.
En el proyecto, que tiene como autor al diputado Gastón Hissa se tiene en cuenta que el reempadronamiento, que comenzó este lunes 9 de mayo, generó “una gran preocupación en los beneficiarios” dado que “no se encuentran claros los requisitos ni las causales de incompatibilidad o de extinción del beneficio”. Tampoco los mecanismos de justificación de inasistencias, o para obtener el pase a otra dependencia establecidos por el decreto reglamentario”. Sumaron a esto “el contexto económico social” que enfrenta la provincia.
Fundamentaron que “teniendo en cuenta que el beneficio otorgado por la referida Ley resulta incompatible con otros planes (…) los beneficiarios se encontrarán bajo la línea de la indigencia”.
Añadieron que en marzo se otorgó un aumento para que el beneficio provincial llegue a los $26.700. Y puntualizaron los datos sobre el avance de de la inflación. Indicaron que es “muy difícil” que los trabajadores del plan “puedan afrontar los gastos que implica cubrir sus necesidades básicas y las del grupo familiar”.
Consideraron que “es necesario llevar tranquilidad a los beneficiarios del plan de inclusión social y de otorgarles un acabado conocimiento de lo establecido por la referida Ley y su decreto reglamentario”.
En marzo, el Indec informó que una familia tipo conformada por dos adultos y dos chicos necesitó en febrero $83.807 para evitar caer en la pobreza y $37.414 para superar la línea de indigencia.
Los legisladores opositores sostuvieron que se “vería con agrado” que el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá ofrezca información “clara y pormenorizada” a los beneficiarios del Plan sobre requisitos, incompatibilidades y demás mecanismos establecidos en el Decreto N° 3182–MDS-2022.