El Gobierno intimó a la cooperativa de agua y la Municipalidad a pagar $24 millones

A la Cooperativa de Agua de Quines le llegó el agua al cuello. No posee capacidad de pago del canon mensual y menos de la deuda con el Gobierno provincial que se le vino encima y la acecha.

San Luis Agua acaba de mandarle una carta documento a la entidad exigiendo el pago de $24 millones, de los cuales 18 millones corresponden a intereses.

El Gobierno de Rodríguez Saá va por todo. El subgerente del Ente, Proto Franco le advirtió al presidente de la entidad, Alberto Viale que si no se hacen cargo avanzará con un menú jurídico: demanda judicial, embargo y desplazamiento de la comisión directiva a través de una intervención.

El ultimátum alcanzó al intendente kirchnerista, Oscar “Paco” Macías que recibió también una carta documento de intimación a la Municipalidad para pagar los $24 millones en caso de que la cooperativa no asuma el compromiso.

La amenaza oficial ha dejado en una posición incómoda al intendente que coqueteó con la entidad y después tomó distancia. Rodríguez Saá puede descontarle fondos de la coparticipación.

En el inicio del año el Gobierno aumento un 62% el agua cruda. La Ley Impositiva Anual fue aprobada por mayoría por los diputados y senadores rodriguezaistas.

De esa forma el canon mensual de $388 mil en 2021 pasó a $622 mil.

En las últimas horas San Luis Agua le habría enviado un mail a la entidad ajustando la deuda en $18 millones.

Acorralado el consejo de administración ensayó los primeros pasos frente a la asfixiante crisis.

Fueron convocados los tres diputados rodriguezaistas K del departamento Ayacucho, Juan Carlos Eduardo, Ana Agüero y Mario Alume. El presidente de la entidad puso los números en formato de gráfico sobre la mesa y les comunicó la imposibilidad de hacer frente al millonario reclamo de Terrazas del Portezuelo.

Los diputados se pusieron del lado de la administración de Rodríguez Saá y transmitieron que el consejo de administración “debería dar un paso al costado y dejar que el Gobierno se haga cargo”, reveló un directivo de la entidad a El Chorrillero. También dijeron que “iban a ver que podían hacer” ante SLA.

La deuda se originó en 2011 al crearse San Luis Agua. Desde ese momento hasta ahora se canceló una boleta en abril de 2012, según el Gobierno.

“No se paga porque se considera demasiado elevado el canon y no podemos hacerlo aunque quisiéramos”, reconoció Viale.

“Si la cooperativa hubiese trasladado los porcentajes de aumento que aplicó San Luis Agua a lo largo del tiempo, el usuario debería pagar hoy aproximadamente once mil pesos por mes, es imposible”, graficó Viale.

El índice de cumplimiento de pago del servicio se ubica en un 75% entre los que están al día y deben un período, un 15% adeuda más de una boleta y el 10% no paga. La tarifa actual es de $1.125 al mes. Según datos oficiales, el padrón está conformado por 3100 conexiones.

La Cooperativa de Agua Potable, Teléfono y Otros Servicios Públicos y Sociales Quines Limitada, es una institución de referencia de la localidad. Las sucesivas gestiones han procurado mantenerla “autónoma e independiente” de la política.

El Gobierno cobra $4 el metro cúbico poblacional y al sector agrícola $2,40. “Para nosotros debería ser al revés, menos para aquellos que brindan un servicio esencial como es el agua. Pedimos que nos cobren alrededor de dos pesos”, planteó Viale.

La preocupación es mayor cuando miran el horizonte porque en 2023 además del ajuste anual, Sam Luis Agua tendrá en cuenta el resultado del censo al momento de hacer el cálculo.

Ahora la entidad está en un callejón sin salida. Se evalúa un llamado a una asamblea extraordinaria de abonados que podría ser masiva en función de la gravedad de la crisis.

Por lo pronto, la entidad hizo público el problema buscando descomprimir la presión. El intendente por su lado quiere evitar que le toquen la billetera de la comuna. Un directivo de la cooperativa entiende que “la difusión ayudará a la solución”.

Hay cooperativas de otras localidades que están en la lista.