Al menos 100 organizaciones y autoconvocados de diferentes países repudiaron el “abuso policial” después de la marcha “Ni Una Menos”
Por medio de un comunicado denunciaron que efectivos de civil detuvieron a dos personas y las trasladaron en autos “sin identificaciones institucionales”. Les quitaron los teléfonos y borraron las fotografías que habían tomado. “Exigimos el cese urgente de la criminalización de la protesta”, reclamaron.
“Hacemos responsable al gobernador Alberto Rodríguez Saá de lo que pueda sucedernos a quienes formamos parte de este colectivo”, expresaron en un comunicado que comenzó a circular esta semana y que lleva la adhesión de más de 100 organización y personas autoconvocados.
En el texto hicieron referencia a la marcha que se realizó el 3 de junio al cumplirse los siete años del primer “Ni Una Menos”. Denunciaron que al finalizar con la manifestación la Policía “realizó un trabajo de inteligencia para identificar a las personas que fueron participes de la marcha”.
“Efectivos policiales, parte de ellos vestidos de civil y utilizando autos sin identificaciones institucionales, detuvieron a todas las mujeres que se encontraban en las calles circulando luego de finalizada la marcha en la ex terminal, obligándolas a darles sus documentos de identidad sin brindar ningún tipo de explicación”, relataron en el documento.
Adjudicaron esto a una “cacería” de quienes habían estado movilizándose. Y dijeron que “la presencia de personal policial encubierto y la utilización de vehículos sin identificación oficial recuerda a la ultima dictadura cívico militar eclesiástica, uno de los momentos más oscuros y sangrientos de la historia reciente argentina, plagado de persecución y miedo”.
Mencionaron que dos integrantes del colectivo LGBTTIQ+ fueron detenidos y trasladados a la Comisaria 1°.
“Sin mediar ningún tipo de causa les sacaron sus celulares, borrando los videos que habían filmado y, sin explicación, las subieron en una camioneta sin identificación y las trasladaron a la comisaria”, expusieron.
En el comunicado, contaron que la situación se mantuvo hasta después de las 3 de la madrugada siguiente donde los dejaron ir “gracias a toda la gente que se acercó a pedir por su libertad”.
En este escenario, exigieron “el cese urgente de la criminalización de la protesta” bajo el fundamento de que tienen el “derecho como colectivo y como sociedad de poder salir a las calles para gritar contra el avasallamiento sin ser violentados por las fuerzas de seguridad”.
“Nuestro grito de basta de violencia policial resuena con más fuerza en una provincia como la de San Luis, donde las fuerzas policiales son reconocidas por sus actos violentos, llegando los mismos al extremo de cometer un femicidio de Estado al asesinar a Florencia Magalí Morales en la localidad de Santa Rosa del Conlara”, tuvieron en cuenta.
En la parte final hicieron alusión a que en nos meses de hará en San Luis el 35° Encuentro Plurinacional y transmitieron una “profunda preocupación en relación a la seguridad del colectivo de mujeres y disidencias, considerando los antecedentes del accionar de las fuerzas policiales”.
El texto llevó las adhesiones de organizaciones, gremios y agrupaciones de San Luis y otras provincial del país, como así también de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Italia, España, Bélgica, México y Panamá.