Juicio por la obra pública: la Oficina Anticorrupción decidió no acusar a Cristina Kirchner
El organismo que depende del Ejecutivo tomó la decisión un mes antes de que comiencen los alegatos. La causa investiga el direccionamiento de los contratos en favor del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno kirchnerista.
A menos de un mes de que comiencen los alegatos, la Oficina Anticorrupción anunció este martes que renuncia a su rol como querellante y no acusará a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa investiga el direccionamiento de los contratos de obra pública en favor del empresario Lázaro Báez.
“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, indica la nota que envió el organismo que encabeza Felix Crous al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). El texto lleva la firma de Sergio Aleo, abogado de la Oficina Anticorrupción.
La OA llevó adelante desde 2016, cuando estaba a cargo de Laura Alonso, la querella contra la hoy vicepresidenta. El juicio comenzó en mayo de 2019 y tiene 13 acusados, entre ellos a Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer favorecer con millonarios contratos a Austral Construcciones.
Según la investigación, la empresa de Lázaro Báez habría sido beneficiada con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, por más de $46.000 millones.
Además de la exmandataria y el empresario K, fueron procesados Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), José López (exsecretario de Obras Públicas K), y Carlos Kirchner (primo del fallecido exPresidente), entre otros exfuncionarios.
El TOF 2 -integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso- fijó el 11 de julio como fecha de inicio de los alegatos, que se podrán seguir en vivo.
Se estima, de acuerdo al calendario fijado, que haya una sentencia antes de fin de año. El fiscal del proceso, Diego Luciani, pediría una condena. De acuerdo a los delitos de los que se acusa a la Vicepresidenta, la condena -de existir- podría ser desde 5 a 16 años de prisión.
Tras la salida de la Oficina Anticorrupción, la única querella estatal que queda en la causa es la de la Unidad de Información Financiera (UIF). No es la primera vez, desde el cambio de Gobierno, que la OA comandada por Crous abandona la querellas en una causa penal que investiga a exfuncionarios K, y específicamente a Cristina Kirchner. En mayo del 2020, decidió retirar su acusación por lavado de dinero contra la familia Kirchner en las causas Hotesur y Los Sauces.