Unidos por San Luis reclamó que no asuman los 30 fiscales y defensores nominados discrecionalmente por Rodríguez Saá

En la sesión de hoy tomó estado legislativo y pasó a la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado un proyecto de resolución de dos artículos. En el primero pidieron que se deje sin efecto el Decreto-Acuerdo Nº 1-HCS-2022 y en el otro que se deniegue el acuerdo solicitado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá para 30 fiscales y defensores adjuntos provisorios.

Los senadores Sergio Guardia y Adolfo Castro Luna firmaron la presentación para frenar la escandalosa pretensión de Rodríguez Saá de nombrar a funcionarios y amigos del poder en esferas de la Justicia. En la sesión secreta del 31 de mayo ambos legisladores no convalidaron el visto bueno del bloque kirchnerista Fuerza San Luis a los pliegos.

“No acompañamos en el entendimiento que el sistema elegido no aseguraba la idoneidad que la Constitución Nacional, en su artículo 16, establece como única condición para la admisión en los empleos”, argumentaron los legisladores poggistas.

Con la excusa de la urgencia de la implementación del sistema acusatorio, aprobado por la Legislatura en agosto de 2021, el actual gobernador impulsó a funcionarios de su gabinete, ex ministros y hasta una expresidenta del Consejo Provincial de Justicialista que fue diputada hasta diciembre para ocupar los cargos en el sistema Judicial. Insiste con ocupar los puestos con gente que milita en su proyecto político y está bajo su dependencia funcional. Todo viene inmediatamente después del papelón que significó el fallido nombramiento del vicegobernador Eduardo Mones Ruiz en el Superior Tribunal.

El escándalo de los fiscales fue coronado con la convocatoria a exámenes que fue la vía utilizada para intentar enderezar una maniobra impugnada públicamente por la oposición porque la cobertura de los cargos no siguió los canales consagrados en el ordenamiento legal. El Gobierno introdujo una cláusula transitoria en su momento para avanzar y cubrirse la espalda.

El Chorrillero publicó el 13 de junio que de los 30 designados,  18 no se presentaron a rendir ante la comisión técnica del Consejo de la Magistratura y otros 11 se sometieron a la evaluación, pero fueron declarados “no recomendables” porque no superaron la instancia. Uno aprobó para fiscal, pero había obtenido el acuerdo para defensor.

“Es evidente que esta situación nos pone ante una situación que impone estar a la altura de las circunstancias y tomar todas las medidas necesarias para asegurar la plena vigencia del estado de derecho y las garantías de los ciudadanos, máxime teniendo en cuenta que tratamos la designación de fiscales que van a tener a su cargo el ejercicio de la acción penal en representación del Estado, que van a tener a su cargo garantizar el debido proceso en causas donde, por ejemplo, va a estar en juego la vida o la libertad de todos los habitantes de la Provincia o, en el caso de los defensores, el de asegurar el correcto ejercicio del derecho a la defensa de los sectores socialmente más vulnerables de la sociedad”, señalaron los senadores opositores en los fundamentos de la resolución que busca dar de baja el acto consumado por mayoría por la Cámara Alta.

La presidencia del Superior Tribunal no oficializó la fecha de juramento de los cuestionados funcionarios.