El Colegio de Abogados calificó la designación de los 30 fiscales y defensores como “un atropello” y un “abuso de la buena fe”

Después del escándalo que se desató a principios de mes en la Justicia por la postulación por parte de Alberto Rodríguez Saá de 30 fiscales y defensores, este lunes se conoció la palabra del Colegio de Abogados en San Luis. La institución se había mantenido en silencio y según transmitió la presidenta, Flavia Molina Arlandi, el jueves se reunieron para fijar una posición.

Explicó que con la nueva Ley Orgánica se implementó un decreto transitorio que habilitaba al Ejecutivo a hacer estos nombramientos por los plazos que se establecían para la puesta en marcha de la nueva legislación.

“La practica nos decía que Córdoba y todas las provincias dentro del país, tuvieron que tener una cláusula transitoria porque no había manera, a término de llamar a un concurso ordinario, que lleva tiempo. Y a su vez empezar a implementar el sistema”, continuó en declaraciones al programa Nada Secreto, de Radio Universidad.

Afirmó que en una segunda etapa los colegios que nuclean a los abogados recibieron formularios donde elevaron una lisa de 150 matriculados inscriptos para esos cargos.

Cuestionó que de esa nómina, “hay 30 nombramientos que son en su mayoría funcionarios, a eso sumamos que 11 han rendido un examen porque el concurso paralelo para el llamado está en trámite, y casualmente ya tenemos certeza que no están capacitados”.

“Descartamos que no van a asumir”, afirmó la letrada. Y adelantó que el próximo jueves tendrán otro encuentro para “ver las acciones atenientes” porque están “evaluando que va a pasar”.

Indicó que “probablemente van a haber varias acciones de inconstitucionalidad o hasta un amparo”, pero están analizándolo en conjunto con el Colegio de Abogados de Villa Mercedes.

“Realmente con esos exámenes damos por hecho que no van a asumir. Por lo menos los que no aprobaron. Y los que están nombrados y no han rendidos tendrá que haber un examen base, porque no está nada más y nada menos que la seguridad jurídica”, insistió.

Molina Arlandi aclaró que la participación de los colegios fue “solamente para el llamado a inscripción para estos nombramientos provisorios”.

“De los 150 designó solo funcionarios. Ahí está el abuso de la buena fe. Realmente vemos un poder de disposición que fue dado en un momento determinado, particular y necesario, que claramente ha sido vulnerado y abusado. No hay otra explicación. Nos hemos visto malamente sorprendidos. Me parece un atropello”, aseveró.

Reflexionó en que podría haberse tratado de una “casualidad” y que “estos 30 funcionarios estaban más preparados”. Pero que esto fue descartado cuando de los 30, hubo 11 que rindieron mal.

“No hay muchas opciones. Este mea culta también lo tiene que hacer el Ejecutivo y dejarlo sin efecto. Y hacer un nuevo llamado o nombramiento”, manifestó.

El próximo viernes, el Superior Tribunal les tomará juramento a los fiscales designados por Rodríguez Saá que no rindieron los exámenes.

“Espero que esto se resuelva de otra manera. Si no sucede nada en este contexto de diálogo, yo no me enojo, no se cerrar puertas. Ahora hay cosas que no se pueden tolerar”, concluyó.