Pidieron la interpelación del ministro Horcajo y la formación de una comisión investigadora por incumplimientos legales y ocultar información

El proceso de contratación del nuevo agente financiero del Estado está en la mira. Ante la “falta de transparencia y de la debida publicidad” por parte del Gobierno provincial, el bloque poggista de la Cámara Baja presentó un pedido de interpelación del ministro de Hacienda, Eloy Horcajo.

La presentación sucede luego de que la administración de Alberto Rodríguez respondiera una solicitud de informe. A partir de allí, los diputados opositores subrayaron que el proceso de traspaso del Banco Supervielle al Nación es, cuanto menos, “irregular”.

A lo largo de la fundamentación, Unidos por San Luis se detiene en múltiples aspectos de la contestación de dos carillas por parte de la cartera de Horcajo. De un principio la consideran “incompleta y con documentación repetida” y que el ministro ejerció de “forma abusiva el cargo”.

Para los legisladores, el funcionario obró “en forma evasiva y maliciosa, efectuando manifestaciones con total ligereza, impropias de un titular de una cartera ministerial provincial, afectando así la transparencia que exige la ciudadanía en el manejo de fondos públicos”.

“Deliberadamente incumplió con su deber de rendir cuentas y se limitó a indicar que procedió conforme al ordenamiento legal -algo obvio y que naturalmente debe ser seguido siempre sin más precisión-, lo que podría constituir una forma de burlarse de las atribuciones constitucionales de este Poder”, se argumenta desde el bloque.

El 2 de mayo Rodríguez Saá y el presidente del Nación, Eduardo Hecker firmaron el convenio que cerraba el vínculo. El 13 de marzo sin anuncio oficial previo habían rubricado la carta intención.

Días atrás, en el anuncio de la actualización del salario de la administración pública, el gobernador colmó de halagos a Horcajo y el equipo de Hacienda: “Hay que necesitar maestría y prudencia en momentos tan difíciles para que tengamos las cuentas bien”.

De la respuesta del ministro se desprende también que no se procedió mediante licitaciones (ni públicas, ni privadas) ya que solo se habría realizado un único proceso licitatorio que fue declarado “fracasado”.

“No estaríamos frente a la modalidad de concursos de precios en tanto que no estamos frente a servicios que tienen mercado permanente, modalidad que, a su vez, exige una amplia difusión e invitación a ofertar a varios potenciales proveedores, lo que no habría ocurrido en el caso”, resalta la presentación.

Para la impulsora del proyecto que tomará estado legislativo este miércoles en Diputados, Eugenia Gallardo (Avanzar-Pueyrredón), “la actitud renuente a brindar información sobre la marcha de un proceso de contratación tan sensible e importante, es contradictoria con nuestro sistema de gobierno republicano, que exige la más alta publicidad de todos y cada uno de los actos de Gobierno”.

“No podemos dejar de pasar por alto que en su presentación el señor ministro, pretendiendo dar una respuesta correlativa a cada uno de los puntos del interrogatorio ‘salteó’ pícaramente el punto número 4, en el que se solicitaba detalle del objeto y pliegos de la licitación fracasada y la reciente contratación, indicando expresamente las diferencias entre dichos documentos y acompañando además la documentación respaldatoria”, agregó.

En otro pasaje de la respuesta, el Gobierno argumenta la situación contractual entre las partes la Ley N° VIII 0256-2004 y decretos y normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La Ley N° VIII-0256-2004 de "Contabilidad,. Administración y Control Público" no habilita a la contratación directa ni a la compulsa de precios, toda vez que éste no encuadra en ninguno de los supuestos que expresa y taxativamente prevén los artículos 100 y 100 bis de la norma.

Ello fue calificado como “absurdo” porque la entidad nacional “en nada puede entrometerse en el plexo normativo puntano que establece el régimen de contrataciones públicas provincial, siendo su definición una competencia propia y exclusiva de la Provincia”.

“No se acompañaron todos los acuerdos suscriptos con el Banco de la Nación Argentina pese haberse requerido en forma expresa y pese a la existencia de convenios dado que así lo dieron a conocer desde la Agencia de Noticias de San Luis”, aseveraron.

Además, advierten “preocupación” en otro punto, tal como lo es el escenario de los trabajadores bancarios en este cambio de agente, ante la respuesta de Horcajo que “dicha situación está siendo acordada de manera interna entre el Banco de la Nación Argentina y el Banco Supervielle S.A., no teniendo el Gobierno injerencia en este tema".

“Es muy grave. A tal fin debe tenerse presente que esta Cámara instó a que el Poder Ejecutivo evitara la pérdida de empleo de los trabajadores bancarios puntanos involucrados. Inquieta la negativa a brindar la información requerida formalmente, evidenciando una actitud remisa y desobediente que pareciera tener como propósito ocultar la real situación de la contratación de marras”, resaltaron.

De esta manera, en el articulado, se pretende que el ministro comparezca ante los diputados en el término de 10 días una vez que el proyecto sea aprobado.

También se creará una Comisión Investigadora integrada por tres legisladores, dos en representación de las primeras dos minorías y uno del bloque mayoritario.