El Colegio de Abogados de Villa Mercedes estuvo ausente y de “ninguna manera” apoya el proyecto K

“El gobernador dice lo que quiere, pero nosotros no asistimos a ningún tipo de reunión y de ninguna manera hemos avalado el proyecto”, manifestó esta tarde Claudio Sánchez Clavero en declaraciones a El Chorrillero.

El presidente del Colegio de Abogados de Villa Mercedes expresó que la propuesta de ampliar a veinticinco el número de jueces de la Corte Suprema es “un proyecto coyuntural de los gobernadores porque quizás se están preparando para una derrota electoral”. Y agregó en esa línea: “Más allá de las cuestiones políticas, para nosotros la Justicia está totalmente destruida. Mientras tanto esta semejante cantidad de miembros es totalmente inoportuna, no atienden a la situación real”.

Sánchez Clavero fue consultado por este medio después que Rodríguez Saá manifestara en una reunión de comisiones del Senado que los colegios de abogados y magistrados de San Luis “se maravillaban de la posibilidad de que la provincia tuviera un miembro puntano en la Corte y no hubo ningún cuestionamiento” a la iniciativa de los gobernadores K de llevar a 25 el número de cortesanos.

El 14 de junio el mandatario puntano convocó a legisladores e instituciones a una reunión en Terrazas del Portezuelo. La entidad que nuclea a los abogados de Villa Mercedes y diputados de la oposición no asistieron. Tampoco concurrieron las autoridades del Colegio de Magistrados de esa ciudad.

Hoy Rodríguez Saá destacó que se había reunido con los colegios sin dar los nombres de las entidades.

El Colegio de Abogados de Villa Mercedes anticipó hace unas semanas su posición a través de un documento.

El texto:

 Ante esta nueva iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional de pretender ampliar la CSJN de cinco a veinticinco miembros, y que también es impulsada por varios gobernadores de las provincias entre ellas San Luis, por lo que resulta necesario referirnos al tema.

 En primer lugar consideramos el aumento del número de los miembros de la CSJN como lo indica dicha iniciativa, no es una tema de prioridad de agenda Judicial, sino que más bien observamos que se desprende de un interés de índole político partidario, o más aun, de índole sectorial o personal de algunos gobernantes de la actualidad, prevaleciendo dicho interés sobre el derecho constitucional que el pueblo de nuestra nación, que hoy asciende a casi 47 millones de argentinos, pueda verse afectado o que surja de una marcada mayoría que esté reclamando un cambio en tal sentido, dándose a su vez en un momento coyuntural entre el poder ejecutivo y el poder judicial debido a cierta intención de injerencia del primero sobre el segundo para que no prosperen algunos causas que pudieren afectar a cuestiones de coparticipación federal o de corrupción que se encuentran tramitando en la CSJN.

 Estos intereses son los que de alguna manera desalientan a que desde nuestro lugar institucional se haga un análisis jurídico-constitucional de la procedencia y/o conveniencia del aumento de los miembros del más alto cuerpo judicial de la nación.

 Sumado a ello, el solo pensar en el presupuesto millonario que significa tamaña cantidad de jueces supremos, tanto en aumento de personal, infraestructura de toda índole que irremediablemente aumenta el gasto público por solo un proyecto político innecesario, también desalienta al mínimo análisis en el actual contexto socio-económico que vive nuestro país.

 En tal sentido y siendo más específicos nos parece hasta inoportuno pensar en un cambio tan trascendental en lo nacional pero que de ninguna manera puede mejorar la situación crítica que vive la justicia tanto nacional como local al menos en esta segunda circunscripción judicial con asiento en nuestra ciudad de Villa Mercedes.

 Tan es así, que en nuestra circunscripción judicial todavía no se ve reflejado el cumplimiento de las nuevas leyes de administración de justicia y procedimiento de familia ya que no solo no se respetan con los plazos procesales establecidos en dichas leyes sino que el atraso judicial y la fijación de audiencias y demás trámites de los expedientes superan, al estar fijándose audiencias para dentro de 5 o 6 meses hasta en 1 año,  cuando el plazos de los códigos establecen 10 días justamente para dar una respuestas rápida a los tan sensibles casos que trata el derecho de familias por citar un ejemplo.

 En el mismo sentido los trabajadores ven demorados el cobro de sus créditos judiciales por cuanto la burocracia judicial usando tiempos estériles pone obstáculos en la aplicación de excesos rituales de índole procesal que solo alejan la justicia de la realidad que perciben los ciudadanos, siendo bastante tenue los jueces ante los incumplimientos de grandes empresas y bancos al momento de aplicar las ejecuciones correspondientes para la efectivización del cobro de créditos, en especial los de carácter laboral, lo que en un contexto de alta inflación como el que se vive actualmente en nuestro país termina beneficiando a estos grandes grupos económicos en detrimento de los trabajadores.

También debemos recordar, que nuestra institución colegial respeta la libertad de expresión y pensamiento de todos nuestros matriculados por lo que no hacemos un juicio de valor sobre quienes consideren la viabilidad de tal iniciativa judicial, y por sobre todas las cosas respetamos los procedimientos institucionales preestablecidos por nuestra constitución Nacional, por lo que en definitiva serán nuestros legisladores nacionales quienes en su ejercicio del mandato federal tendrán a su cargo la aprobación o no del supuesto proyecto cuando, claro está al momento de que el mismo tenga carácter parlamentario, cuestión que hasta el momento no es así, y solo se encuentra en un ámbito de debate de un partido político y de algunos gobernantes de turno. (PERO ESTA MUY BIEN QUE CONSULTAS A LAS INSTITUCIONES TECNICA E IDÓNEAS LOS PROYECTOS LEGISLATIVOS, ….PERO HOY NO ES UN PROYECTO ¡!!!!!…)

 En este orden cabe señalar que nuestro CAVM es integrante de la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados) entidad de carácter federal y en quien depositamos nuestra confianza que harán una análisis académico-constitucional de la oportunidad, conveniencia y procedencia jurídico-política de tal proyecto.

 Pensamos que abocarnos al análisis de un proyecto de esta envergadura en los tiempos que se viven en la administración de justicia y como en la difícil situación de crisis económica que atraviesa nuestro país y de la que nuestra provincia no es ajena el aumento de la los miembros de la corte carece de relevancia para resolver estos temas que aquejan día a día a la gente común.

 Seguramente si la iniciativa avanza y el proyecto toma su carácter parlamentario y en consecuencia esté disponible para su examen y análisis público por la totalidad de la ciudadanía de manera objetiva podremos referirnos de una manera más exhaustiva y de manera especial con el estudio previo que requiere una dictamen y en su caso fijar una posición jurídica-política de manera institucional respecto del aumento de los miembro de la  CSJN, esperando esperanzadamente que para dicho momento hayan sido solucionados o al menos estén encaminada la solucionados de todos y cada uno de los terribles problemas que tenemos los profesionales del derecho y los justiciables en nuestro quehacer diario del ejercicio de la abogacía, y que por cierto afecta directamente a los justiciables y ciudadanos en el menoscabo de sus derechos al no contar con una justicia eficiente y que dé respuesta en tiempos justos y razonables de acuerdo las leyes procedimentales.

 Desde que ya agradecemos tengan en cuenta nuestra institución como referente de una posición jurídica y académica al respecto pero para esta gestión es prioridad que se concrete de una vez por todas los cambios en nuestra justicia local y se pueda lograr dar las respuestas que los ciudadanos necesitan ahora tratándose de UN MOMENTO CLAVE PARA ACERCAR LA JUSTICIA A LO QUE LA SOCIEDAD LEGÍTIMAMENTE RECLAMA, ES DECIR UN SERVICIO DE JUSTICIA QUE BRINDE RESPUESTAS EN TIEMPOS ÚTILES, QUE SEA TRANSPARENTE, QUE ACOMPAÑE A LOS JUSTICIABLES EN ESPECIAL A VÍCTIMAS, TRABAJADORES Y VULNERABLES, QUE ABANDONE LOS EXCESOS RITUALES ESTÉRILES, QUE LLEGUE AL NÚCLEO DE LAS GRANDES ORGANIZACIONES DELICTUALES Y EMPRESARIALES QUE BUSCAN EVADIR SUS OBLIGACIONES EN DETRIMENTO DE LOS CIUDADANOS HONESTOS, EN DEFINITIVA QUE SEA UNA JUSTICIA EFICIENTE, DINÁMICA, CIERTA, PREVISIBLE, ACCESIBLE Y HUMANA.

 Es en ese camino donde estamos y estaremos avocados aportando todo nuestro esfuerzo con el compromiso de nuestra gestión como actores y auxiliares de la justicia para una mejor servicio de la misma en beneficio de los ciudadanos y justiciables.