Tamayo no pudo explicar que hizo los $55 millones que recibió del Gobierno en la última campaña electoral

Durante la sesión de este jueves en el Concejo Deliberante, el bloque rodriguezaaista  aprobó las Cuentas de Inversión 2021 de la gestión de Sergio Tamayo. La Municipalidad registró ingresos por $4.052.070.128,55 y se gastaron $3.860.437.329, lo que sumado a $224 millones de fuentes y aplicaciones financieras dio un saldo favorable de $405.594.805,40.

El discurso del oficialismo se centró en demostrar que hubo superávit, en un incremento de lo recaudado del 53% versus lo presupuestado y que no hubo dictamen negativo por parte del Tribunal de Cuentas sobre la administración de los recursos.

En la vereda de enfrente se posicionó Unidos por San Luis que rechazó el expediente. El concejal  Guillermo Araujo (Avanzar), hizo un análisis crítico y enumeró las irregularidades.

Por un lado, hizo mención al acuerdo que el intendente firmó en 2020 con Edesal para el cobro de las tasas a través de la boleta de luz y donde le reconocía a la empresa una deuda de $25 millones.

Explicó que, durante el año pasado, “pudimos comprobar que se pagaron cuotas de esa deuda ilegalmente reconocida superando los 8 millones de pesos en órdenes de pago. Sin mencionar que hace tiempo pedimos cierta documentación del tema y no podemos acceder a ella porque no la envían”.

También señaló que el 29 de marzo del 2021, se firmó un acuerdo entre Provincia y Municipio para coparticipar los fondos de la deuda con Nación: “Hace tiempo que venimos pidiendo información y no logramos tener el acuerdo, por lo tanto no sabemos las obras que surgen de ese convenio, las obligaciones del Municipio, si incluye transferencias de fondos o solamente la concreción de proyectos de infraestructura y son montos importantes, significativos".

Otro de los puntos fue que la administración de Tamayo no presentó hasta el momento la rendición trimestral de gastos del cuarto trimestre del año pasado.

Además, afirmó que hubo una “clara subvaluación” de recursos. “Lo que se manifiesta como un logro, de tener 53% más de ingresos, es una cuestión a observar y preocupante porque los recursos extras que entraron no estaban presupuestados, son de libre disponibilidad por parte del intendente, los puede usar discrecionalmente, con lo cual se tiende a subvaluar para tener más fondos para usar sin el control del Concejo”.

Por otro lado, señaló que por ordenanza está establecido un límite al movimiento de partidas del 30% sin autorización del Concejo: "Si bien vemos que el 60% es inamovible porque es para personal municipal, el 30% lo pueden mover libremente, con lo cual nos queda un control de apenas el 10%. Darle el presupuesto al intendente o darle un cheque en blanco es prácticamente lo mismo”.

También expuso que durante el 2021 hubo fondos que le correspondían a la ciudad de San Luis y no llegaron.

"El artículo 14 de la ley nacional 27.591 de Presupuesto Participativo establece que una parte de los fondos de coparticipación debían ser destinados a la educación no formal como talleres de oficios, arte, cultura y emprendedurismo. Sin embargo, el intendente no los reclamó".

En su exposición, Araujo recordó que el 14 de septiembre del año pasado (previo a las elecciones), Tamayo pidió un adelanto de la coparticipación por $55 millones para paliar los efectos de la pandemia.

"Es nuestra función controlar qué hizo con esos fondos mientras los tuvo el Municipio. Saber cuál fue el motivo que justificó el pedido. Y si hubo superávit, cuál fue la necesidad de solicitar eso", argumentó.

Por su parte, el encargado de defender los gastos de Tamayo fue el concejal de Fuerza San Luis, Lautaro Ojeda.

Dijo que las Cuentas debían ser aprobadas porque "evolucionó notablemente su presentación contable respecto de años anteriores, fue preparado a la luz del marco jurídico y teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas vigentes para el sector público y si bien no es vinculante, la mayoría de los miembros de tribunal de cuentas ha definido la emisión de un dictamen favorable o si lo digo de otra manera, no existió dictamen de rechazo".

Asimismo, destacó que hubo superávit y eso "explica mejoras en el mecanismo de recaudación y que el Municipio gastó menos de lo que ingresó en el año”.

Finalmente, la rendición  fue aprobada por nueve votos afirmativos de los concejales kirchneristas Ojeda, Daniela Serrano, Agustina Gatto, Julieta Ponce, Juan Martín Divizia, Gastón Témoli, Alejandro Cordido, Paulina Calderón y Carlos Ponce. Araujo, María del Carmen “Pini” Molina, Agustina Arancibia Rodríguez y Ailén Chaine rechazaron las Cuentas.

Se abstuvieron Otoniel Pérez Miranda (PRO y Javier Suárez Ortíz (UCR).

Este último, justificó su voto en decir que fue presidente de la Legislatura municipal el año pasado: “Personalmente me voy a abstener porque en estas Cuentas está incluida la ejecución presupuestaria que corresponde a la del Concejo, de la cual fui parte directa. Siento un deber objetivo, moral, de encontrarme incurso en una inhabilitación que me permite excusarme de opinar”.