Poggi pidió a Anses y AFIP que informen cuántos funcionarios del Gobierno de San Luis cobran más de $300 mil

El diputado Nacional Claudio Poggi presentó este lunes un pedido de informe para conocer cuántos de los funcionarios declarados por el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá al 31 julio último, cobran haberes brutos (remunerativos y no remunerativos) que superan los $300 mil.

La presentación que ingresó en la Cámara de Diputados de la Nación está dirigida al Gobierno para que a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y/o de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) proporcionen la información.

La iniciativa forma parte del paquete de propuestas impulsadas por el Gabinete de Control y Seguimiento Fiscal del Frente Unidos por San Luis para frenar los gastos superfluos de la gestión de Rodríguez Saá. Este lunes anticiparon que promoverán tres proyectos de ley entre los que se encuentra uno vinculado a prohibir la creación de nuevos cargos de funcionarios y congelar los sueldos.

El organigrama y los salarios del personal político son dos datos que el Gobierno guarda bajo llave. Es información pública que no está publicada ni en el sitio web ni en el Boletín Oficial.

En los fundamentos del pedido de informes tuvo en cuenta que en 2018 se realizaron modificaciones a la Ley 25.917 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, con lo cual se definieron “buenas prácticas de gobierno que fijan reglas fiscales que tienen como objetivo contribuir a la transparencia estatal, al control de gasto público y, en definitiva, a una administración más eficiente”.

Sostuvo que entre otras reglas “se obliga a las jurisdicciones adheridas a publicar sus presupuestos, ejecuciones presupuestarias, cuentas de inversión, deuda flotante, nivel de ocupación del sector público, el total de la planta de personal permanente, transitoria y contratada, etc”.

“También calcular parámetros e indicadores de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en materia de recaudación y gasto. De esta manera, se establecen reglas cuantitativas que limitan el gasto público, el aumento de los cargos públicos y el incremento de los gastos corrientes previo al cese de los mandatos, entre otras disposiciones de similar sentido”, agregó.

Si bien el texto legal invitaba a las provincias a adherirse, San Luis no lo hizo. Eso, según Poggi “permitió una administración irresponsable que redundó en un déficit fiscal crónico y sistemático que se materializó en los últimos tres años en donde los recursos ordinarios no alcanzaron para cubrir el total del gasto provincial”.

Analizó que a partir del “cuantioso gasto público y déficit provincial, se desmejoraron todos los índices sociales y económicos en la jurisdicción, a punto tal que San Luis se ubica como la tercera jurisdicción con más pobreza”. Insistió en que “el gasto y el déficit fue estéril, inocuo e inútil para mejora la calidad de vida de los puntanos”.

Y sumó también que “esta actitud desinteresada de los funcionaros provinciales de seguir las reglas fiscales de buenas prácticas de gobierno del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal” también pusieron a San Luis “como la provincia menos transparente”, de acuerdo a los datos (2021) del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincia que elabora el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

“Dicho índice se realiza en forma anual y evalúa la cantidad, el nivel de detalle y grado de actualización de la información presupuestaria y fiscal que las provincias publican en sus páginas web oficiales. En esta oportunidad, el informe no solo ubicó a San Luis al final de la tabla, sino que además destacó que es la única jurisdicción del país que no publicó ninguna de las siete clasificaciones de ejecución de gastos”, consideró. Y recordó que “la publicidad de los actos de gobierno es un principio elemental en el que se asienta nuestro sistema republicano de gobierno”.

A lo largo del documento apunta que “resulta de interés conocer la cantidad de la planta de personal superior de la provincia de San Luis”, dado que no es una información que debería reservarse, sino “que se encuentra dentro de aquellas tuteladas por el principio de máxima divulgación y publicidad que impera en las administraciones gubernamentales”.

“Es un derecho de la sociedad poder acceder a esta información pública”, añadió, y destacó que San Luis, desde la transferencia de su caja previsional en virtud del convenio suscripto con el Estado Nacional, “declara mensualmente, en su rol de empleador, las cargas y contribuciones previsionales por su nómina de personal”.