San Luis es la única provincia que no tiene datos sobre adolescentes con causas penales
Nación junto a Unicef difundieron un relevamiento sobre la población de hasta 18 años que está en instituciones de encierro o dispositivos penales. Desde el Gobierno local reconocieron que no existen estos establecimientos y aseguraron que están “trabajando en la creación de un área especializada en materia”.
A lo largo de 110 páginas, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), plasmaron la realidad de niños y adolescentes que están cumpliendo una medida judicial de carácter penal. El documento recaba la población de cada una de las 24 jurisdicciones que han sido aprehendidas y se encuentran en residencias, instituciones o con dispositivos para su contención.
El informe de 2021 abarca hasta el 30 de diciembre y los resultados fueron presentados en tres capítulos. El primero brinda información de los dispositivos penales juveniles del país. El segundo expone las características de la población adolescente en establecimientos especializados de aprehensión. Y en el restante aparece un desglose de los menores de edad que están alcanzados por medidas penales en territorio, establecimientos de restricción de libertad o de privación.
En toda la Argentina, a fines de 2021 había 4437 adolescentes cumpliendo de una medida penal. Además, se contabilizaron 130 dispositivos penales juveniles en todo el país, hubo durante el año pasado 1929 ingresos. Un punto relevante que se desprende del documento es que no existen datos de San Luis y como en años anteriores, fue la única provincia que exhibió una ausencia de políticas en la temática.
Pero, ¿a qué se debe esto? Desde el Gobierno provincial transmitieron que no existen este tipo establecimientos de encierro para jóvenes de hasta 18 años, mientras que sólo disponen de Comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (Canaf). Pero tampoco dieron cifras sobre estas dependencias.
Áreas que intervienen.
Por otro lado, dijeron estar “trabajando en la creación de un área especializada en materia”.
Desde Senaf y Unicef señalaron que el relevamiento es “de vital importancia para la generación de políticas públicas en materia de garantías y restitución integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes infractores a la ley penal”.
Antes de abordar el detalle del informe, es necesario explicar que el término “dispositivo penal juvenil” hace alusión a una modalidad particular de organización de las intervenciones del Estado para la implementación de una medida judicial como respuesta a la infracción o presunta contravención de la ley penal por parte de una niña, niño o adolescente.
La aplicación de una medida “implica la organización de elementos heterogéneos para la intervención (instituciones, saberes y discursos disciplinarios, aspectos edilicios, normativas administrativas y prácticas específicas)”.
En este sentido, tanto un establecimiento como un programa se denominan “dispositivos penales”, aunque de distinto tipo.
Primer capítulo
Inicialmente recabaron información sobre las áreas gubernamentales a cargo del diseño e implementación de las políticas en materia penal juvenil de todas las jurisdicciones del país. Reconocieron en esto, que durante los últimos años “muchas provincias avanzaron en la creación y/o jerarquización de dependencias gubernamentales especializadas en materia penal juvenil”.
Mencionaron que algunas están “en proceso de reestructuración del área, como es el caso de Tierra del Fuego y Catamarca. Otras, están en la creación del área especializada, como sucede en San Luis”.
En este punto, plantearon que la conformación de estos espacios son “el resultado de procesos de mediano y largo plazo, que requieren de una decisión sostenida en el tiempo por parte de los estados provinciales de jerarquizar las políticas públicas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, en general, y la problemática penal juvenil en particular”.
En concreto, respecto al área que interviene detallaron que San Luis “está trabajando en la creación de un área especializada en materia penal juvenil, que dependerá del Programa de Promoción y Protección de Derechos de niñez, adolescencia, familia y adultos mayores, del ministerio de Desarrollo Social”.
También, desde el ámbito local transmitieron estar desarrollando acciones para implementar “un dispositivo de acompañamiento y supervisión de medidas penales territoriales”, que actuará en conjunto con la Justicia provincial.
La dependencia Canaf en el Ejecutivo provincial.
Tuvieron en cuenta el funcionamiento de comisarías de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia que “intervienen en la aprehensión de niños, niñas y adolescentes y dependen de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Mujer Víctima de Violencia de Género de la Policía de la Provincia de San Luis, dentro del ministerio de Seguridad”.
Desde Senaf y Unicef aclararon que estas dependencias “a los fines de este relevamiento, no se consideran Dispositivos de Aprehensión Especializados en tanto no dependen del organismo especializado de niñez”.
Segundo capítulo
Esta parte, abordó la caracterización de la totalidad de los dispositivos penales juveniles, cantidad, tipificación, distribución de los adolescentes incluidos en ellos a nivel nacional, principales características de la población según el tipo de dispositivo, datos desagregados por jurisdicción.
Fueron identificados cinco tipos de dispositivos, dos relacionados con el momento de la aprehensión (establecimientos de aprehensión especializados y equipos técnicos de guardia). Y otros tres que tienen que ver con el cumplimiento de una medida penal (en territorio, establecimientos de restricción de libertad, y de privación de libertad).
Al 30 de diciembre fueron registrados 130 dispositivos penales juveniles en todo el país. De ese total, 18 (el 13,8%) corresponden a los vinculados a la detención y 112 al cumplimiento (86,2%). Dentro de estos últimos, 28 son de medidas penales en territorio, 25 de restricción de libertad, y 59 de privación.
Tipos de dispositivos y cantidad en el país.
Se detuvieron en San Luis, desde donde manifestaron “al momento del relevamiento no contar con instituciones de encierro para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, como tampoco dispositivos de medida penal en territorio”.
Volvieron a hacer alusión a las comisarias e incluyeron la Dirección General de Niñez, Adolescencia, Familia y Violencia de Género, (DG -10).
Determinaron que con “las únicas que intervienen en los casos en que se han cometido un hecho ilícito y hubiera involucrados menores de 18 años de edad, informando al juez de Niñez y quien dispone las medidas al efecto, y al organismo de Niñez”.
En el informe advirtieron que “la provincia no ha remitido datos de estas dependencias para este relevamiento”.
En consonancia, desde Senaf y Unicef apuntaron a “la importancia de avanzar hacia la creación de establecimientos especializados de aprehensión en todo el país para que los adolescentes reciban un trato adecuado y minimizar el tiempo y/o contacto con las fuerzas de seguridad”.
A nivel general, hubo 1929 ingresos totales a dispositivos especializados de aprehensión. Se definieron cuatro grupos para sistematizar el origen de las causas que permiten diferenciar entre las demoras vinculadas a la presunta comisión de un delito de aquellas que no involucran un hecho punible.
Ingresos totales a dispositivos.
El 94,7% fue detenido por la presunta comisión de delito y el restante 4,7% por motivos ajenos a la comisión de un ilícito: 2,9% por infracciones a los códigos de faltas de las provincias, un 1,7% por situaciones de protección de derechos, y un 0,2% por averiguación de antecedentes.
Tercer capítulo
El apartado sobre la población en dispositivos de medidas penales en territorio, establecimientos de restricción de libertad y de privación de libertad, tampoco aparecieron índices de San Luis.
Sin embargo, se puede conocer la realidad de la Argentina donde el universo es de 4437 jóvenes.
Población en dispositivos.
Al analizar la información según el tipo de dispositivo, el 80,1% se encuentra incluido en en territorio (3554); el 3,4% en uno de restricción de libertad (150) y el 16,5% en aquellos de privación (733).
“La gran mayoría de los adolescentes se encuentra cumpliendo una medida penal en territorio, en adecuación a los estándares internacionales vigentes en materia penal juvenil que imponen a los estados aplicar como última ratio la medida privativa de libertad”, resumieron.
La población en dispositivos según cada jurisdicción.
Finalmente, concluyeron en que 21 jurisdicciones cuentan con al menos un dispositivo de medida penal en territorio. Estos consisten en el monitoreo, acompañamiento y supervisión en el marco de su red socio comunitaria y familiar.
“Tres provincias no cuentan con este tipo de dispositivo (Misiones, Santa Cruz y San Luis”, sentenciaron.