El Tribunal Contralor de Villa Mercedes presentó al Concejo Deliberante las irregularidades en la canera
Hicieron una presentación sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos y el perjuicio económico al patrimonio municipal.
El Tribunal de Contralor de Villa Mercedes expuso este viernes ante el Concejo Deliberante las irregularidades detectadas en el refugio de Contención Animal de la Municipalidad de Villa Mercedes.
En el documento, firmado por la presidenta, Silvia Palacios y el vocal, Ricardo Bazla, se señaló que se presentaron ante la canera en tres oportunidades: octubre del 2020, 15 de marzo del 2021 y 11 de noviembre de ese mismo año donde realizaron inspecciones oculares de las instalaciones; un relevamiento del personal en actividad, horarios y funciones; la cantidad, especie y género de los animales en custodia y su estado de salud e higiene. En todas las visitas, la jefa del Programa, María Soledad Martínez, no se encontraba en el lugar sino que llegó luego de que fuera notificada de la presencia de los integrantes del Tribunal.
Otro de los puntos hace referencia a que periódicamente el refugio recibe donaciones pero que “no quedan registradas en ningún lado, es decir que habrían estado ingresando bienes al patrimonio municipal sin que ellos quedaran asentados, como tampoco su destino específico y menos aún su especificación material”.
Dos ex empleadas de la canera realizaron una denuncia penal por maltrato animal e incumplimientos de los deberes de funcionario público contra Martínez, Karina Maranguello y Joaquín Flores, del gabinete de Maximiliano Fontera. El organismo auditor hará un seguimiento de la causa y aportará pruebas, según se comunicó.
Hace unos días, trascendieron imágenes muy fuertes en el estado que se encuentran los animales y que tomaron estado público a través de las redes sociales. La Municipalidad de Villa Mercedes salió a desmentir todo lo que salió a la luz.
En el documento también comunicaron que Paula Poggio y Javier Bossa no figuran en el registro de profesionales inscriptos en el Colegio Médico Veterinario provincial, y no tienen matrícula habilitante para trabajar en el lugar.
“En consecuencia, no estarían en condiciones de desempeñarse como médicos ni como auxiliares, con lo cual, de ser así, estarían incursos en la presunta comisión del ejercicio ilegal de la profesión”, señalaron.
Por último, comunicaron que existe un perjuicio económico de $6.030.600 en las arcas municipales.