La palabra del principal denunciante en su paso por San Luis: cómo funcionan, el contexto provincial y su relato de lo vivido

En las últimas semanas fue desarticulada una poderosa secta criminal que operaba en Villa Crespo. Fueron imputadas 19 personas, se ejecutaron más de 50 allanamientos y la principal investigación de la Justicia es la trata de personas con reducción a la servidumbre mediante la coerción.

El principal denunciante es Pablo Salum, quien fue víctima de la organización desde los 8 años cuando ingresó junto a su familia. Pasó el tiempo, logró escapar y a los 14 hizo la primera exposición sobre las aberraciones que se escondían detrás de la actividad de la “Escuela de Yoga Buenos Aires”.

Durante todos estos años la lucha contra estos grupos coercitivos no se detuvo, y en noviembre del 2018 arribó a San Luis para presentar en la Cámara de Diputados una iniciativa para la prevención y la asistencia a las víctimas y sus familiares.

En una nota a El Chorrillero relató cómo fue transitar ese periodo de total oscuridad, la falta de acción del Estado para atacar a los grupos y el escenario que se vislumbra en la provincia.

“La mayoría de niños mueren dentro de estas organizaciones extremas como en la que estuve. Son anticiencias, no quieren que se eduquen a los chicos, militan contra la ESI (Educación Sexual Integral), no quieren que la gente sea educada, racional, crítica, de esa forma los captan fácilmente”, recordó en aquel momento.

Así, contó que su madre fue la primera y que luego toda la familia quedó involucrada: “Es una organización terrible, a los chicos se los obligaba a tener relaciones sexuales con adultos, con propios padres, explotaban a chicas para captar gente de poder. Son organizaciones siniestras capaces de hacer cualquier cosa para obtener su meta, la que sea”.

Por un problema de salud, su madre se acercó a lo que en ese entonces era una escuela de filosofía, de yoga. Dos clientas del negocio que tenía la familia le contaron de la entidad y Carmen Graciela Alarcón fue. Lo llevó a Pablo, que era el menor de sus tres hijos, con los que, entonces, vivía en el barrio de Núñez.

Según la investigación, una vez que alguien ingresó, los iniciaban y les cobraban para darles acceso a la palabra del líder, a la promesa de felicidad y bienestar y a pertenecer al “círculo”.

También eran obligados a cortar con los lazos familiares, a ceder bienes y propiedades y a pagar, incluso, vendiendo el cuerpo por dinero.

Salum logró salir. Sostuvo que tenía acceso a documentación y pudo ver en primera persona las vejaciones. “Desde chico que no me banco las injusticias y ya a temprana edad había cosas que no me cerraban”, señaló.

“No comprendía como mi mamá y hermana eran explotadas sexualmente y lo veían como algo bueno y feliz. Me puse en rebeldía, según la secta, y me empezaron a hacer la vida imposible, a someterme a castigos físicos, a no darme de comer, a no darme vestimenta. Llegó a un punto que me llevaron secuestrado al edificio central de la organización donde pude escapar y denunciarlos”, manifestó.

Él no tiene más relación con su familia. “Quedaron allí. Destruyeron a mi familia. Las víctimas terminan siendo victimarios”, sintetiza.

A través de esa resolución, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes, la inmovilización y congelamiento de las cuentas y productos bancarios y el franjado de las cajas de seguridad que registrasen los imputados.

En los procedimientos realizados por la Policía Federal se incautaron U$D 1.130.454, $1.638.532, 1000 libras esterlinas, 100 euros, 52 monedas de oro (1,850 kilos de ese metal precioso) y un kilo en monedas de plata. Además, de una camioneta Ford Bronco y 300 historias clínicas de posibles “pacientes” de la secta.

Sectas en San Luis

Salum indicó que la provincia integra un circuito denominado “New Age” que funcionan como “salvadores” a dramas individuales a través de filosofías de vida y “soluciones mágicas”. También lo integran jurisdicciones como Mendoza, Córdoba y Neuquén, principalmente.

“Son provincias con un atractivo indispensable para estas organizaciones, que son más de índole de comunidades. Seducen a los jóvenes a abandonar a la familia, prácticas que dañan la salud mental y el físico como las sanaciones que ofrecen. Te venden técnicas de meditación, de respiración, de lectura del aura, curaciones a través de la energía, todas pseudoprácticas que causan mucho daño a la población. Muchas personas enfermas son captadas y terminan muriendo por caer en estas organizaciones que lucran con estas actividades”, explicó.

Para detener y prevenir el avance de las organizaciones el rol del Estado es clave. Con normas y acciones concretas las víctimas no quedarían solas, según Salum.

“Organizaciones coercitivas en San Luis hay desde hace mucho tiempo, el tema es que se van incrementando por la inacción del Estado. No tenemos profesionales de la salud y judiciales capacitados en la problemática”, aseveró.

Fue la por entonces diputada provincial por la UCR, Elena Pastor, quien contactó a Salum para promover la ley “anti sectas”. Si bien fue presentada, jamás tuvo tratamiento en la Cámara Baja, ni siquiera fue discutida en las comisiones. Hoy no hay ningún tipo de herramientas para combatirlas.

Se buscaba crear un ente u organismo para atacar el drama: “El primer paso es la prevención y la educación. La prevención es observar los síntomas de esos chicos o adultos, principalmente mujeres y chicos. Los síntomas suelen ser muy evidentes como adicciones, abandono del empleo del estudio, el desapego, nuevos cortes de pelo, nuevas vestimentas, restricciones en la alimentación, nuevas ideas”.

“La gente no tiene información, con esta ley le pedimos al gobernador (Alberto Rodríguez Saá) que nos apoye. La realidad es que no hay banderas políticas. Hay víctimas que necesitan la ayuda de todos, del gobernador, de la oposición. Cuando las personas están en crisis, uno no tiene acceso a la educación o a la sanidad, terminan cayendo en manos de estas organizaciones”, agregó.