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GASTOS SUPERFLUOS Y DÉFICIT

Poggi fue a la Justicia por la “corruptela” de los funcionarios y pidió que se convoque a la Asamblea Legislativa

Promovió una acción de amparo para exigir que se regularice la composición del Tribunal de Cuentas para controlar la utilización que hace el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá de los fondos públicos.

Foto Marcos Verdullo
Diputado nacional, Claudio Poggi.
Actualizada: 28/08/2022 22:22
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El presidente de Avanzar San Luis y diputado Nacional, Claudio Poggi promovió la presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la omisión por parte del Poder Legislativo, cuyas autoridades no convocan a la Asamblea para designar dos miembros del Tribunal de Cuentas, uno de los cuales le corresponde a Unidos por San Luis.

“El oficialismo está incumpliendo lo que dicta la Constitución y no permite que controlemos en que gastan los fondos públicos”, afirmó el legislador en un video que publicó pasadas las 19 en su página de Facebook.

“¿Qué quieren tapar? ¿Qué quieren ocultar?”, indagó el líder de la oposición. El último miércoles interpuso la acción de amparo junto a Ricardo Endeiza, que intervino en su doble condición de patrocinante y presidente de la Asamblea provincial de Avanzar.

Desde los bloques parlamentarios de Unidos por San Luis al crearse el Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal pidieron al vicegobernador Eduardo Mones Ruiz, que a su vez es el presidente de la Asamblea Legislativa, y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo para que se convoque al pleno de diputados y senadores para completar la integración del órgano auditor. Esta noche Poggi apuntó a ambos.

Unidos por San Luis exige la designación del auditor de la oposición en el Tribunal de Cuentas que en los últimos dos años aprobó los balances del Gobierno con las firmas de los miembros del rodriguezaaismo. Las cuentas son revisadas únicamente por los representantes del gobernador.

“Esto tiene el agravante que desde hace tres años consecutivos la Provincia viene con déficit fiscal, es decir, durante tres años consecutivos se gasta más de lo que ingresa comprometiendo nuestro futuro y nuestra independencia económica”, insistió Poggi.

En la acción de amparo puntualizaron el artículo 242 inciso 2 de la Constitución provincial y señalaron en este sentido que se afecta gravemente “el principio republicano de representación de las minorías en los órganos de control del Estado”. Este inciso es el que garantiza el vocal de la oposición que debe ser de Unidos por San Luis.

“Claramente somos la primera minoría porque nuestro interbloque posee once diputados y dos senadores, por lo cual tenemos la convicción de que corresponde que sea nominado por nuestro espacio. Tenemos la obligación y el derecho de ejercer la función de control, máxime en esta matriz de corrupción que se viene indicando desde el Gabinete de Seguimiento y Control Fiscal”, sostuvo Endeiza en declaraciones a El Chorrillero.

En ese marco buscan que se dicte sentencia y se ordene a las autoridades de la Legislatura a constituir la Asamblea.

Al mismo tiempo señalan la “clara la importancia de la cuestión planteada” citando el artículo 238 de la Constitución que define las competencias del Tribunal. 1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas públicas, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; en este último caso, determina los responsables, como también el monto, las causas y los alcances respectivos. 2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales que administran fondos, como así también requiere la revisión de la documentación que estime pertinente. 3) Fiscaliza la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorgan a las instituciones privadas.

En las últimas declaraciones públicas Poggi habló de los mensajes que reciben sobre la discrecionalidad de los funcionarios de Alberto Rodríguez Saá.

En el anuncio de esta noche volvió sobre el tema: “Los mismos empleados públicos, beneficiarios de planes sociales y ustedes mismos nos cuentan sobre los desmanejos de los funcionarios públicos sobre los fondos públicos, gastos superfluos, innecesarios, improductivos, gasto público que no llega al ciudadano sino que tiene que ver con un privilegio o beneficio personal en lugar del bien común para todos los sanluiseños”.

Poggi y Endeiza hicieron la reserva del caso federal a los efectos recurrir por la vía del recurso de Inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia y reserva del recurso extraordinario federal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia en caso de un pronunciamiento adverso.

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