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El Gobierno implementó los descuentos a trabajadores para Dosep: “Será una de las obras sociales de mayor porcentaje de aportes”

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial cuestionó las retenciones con las que se encontraron este miércoles al percibir sus haberes. Se trata de los nuevos montos que deben destinar para la obra social del Estado a partir de la ley aprobada por el oficialismo.

Actualizada: 01/09/2022 08:21
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“Una vez más, en forma inconsulta y unilateral, el Gobierno de la Provincia modifica legislaciones afectando derechos”, escribieron en un comunicado desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación en San Luis, UTEP.

De esa forma se refirieron a la Ley 1078, de Dosep, que fue promulgada este lunes con la publicación en el Boletín Oficial. La normativa fue aprobada en la Legislatura por los senadores y diputados que responden a Alberto Rodríguez Saá, mientras que la oposición la había rechazado.

“En los recibos de haberes del mes de agosto se refleja un aumento de retención del 1% y con los haberes del próximo mes completará la retención de otro 1% para acumular un incremento en los aportes del 2% llegando al 6% mensual”, describieron desde el sindicato que tiene como secretaria General a Soledad Correa Amiotti.

Advirtieron que con la legislación, Dosep se convertirá en “una de las de mayor porcentaje de aportes, conjuntamente con las obras sociales estatales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Chaco”.

Consideraron que “de haber sido necesaria, por estar en riesgo la situación de la obra social, el ingreso de nuevos recursos financieros debió ser un tema para tratarse y debatirse con los trabajadores”.

En este sentido, desde UTEP expresaron preocupación por la forma y manera de proceder del Gobierno provincial.

Al mismo tiempo, anticiparon que recurrirán a “todos los procedimientos administrativos y legales necesarios, para resguardar el derecho a la intangibilidad de los salarios”.

Desde Unidos por San Luis habían expuesto que la nueva ley llevaba consigo “un fin recaudatorio más que de rentabilidad social ya que no ofrece mejores beneficios en las prestaciones”.

Por su parte, desde el oficialismo aseguraron la aprobación potenciaría los servicios.

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