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Poggi reclamó “frenar la escalada de inseguridad” y quiere saber si el Gobierno provincial solicitó fuerzas federales para combatir el delito

El diputado Nacional exigió ayer que se implementen medidas en forma urgente y hoy insistió en señalar “la incapacidad para enfrentar y dar respuesta adecuada a la gravísima que vive la provincia”.

Actualizada: 07/09/2022 15:53
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A través de un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación, Claudio Poggi volvió a ubicar en agenda el delicado escenario y la necesidad de dar combate a la inseguridad.

La violencia del ataque al policía Diego Gatica que está en “estado crítico” para robarle la bicicleta y las zapatillas, conmocionó a la sociedad puntana. Este asalto que tuvo un fuerte impacto por la agresividad, se suma a la larga lista de actos delictivos que afectan a los puntanos.

Poggi pidió hoy al Gobierno nacional que informe si el gobernador Alberto Rodríguez Saá ha gestionado la asistencia de más fuerzas federales para el “esclarecimiento, investigación o prevención de la creciente ola de inseguridad”. En la actualidad en la provincia hay dos delegaciones de la Policía Federal con asiento en las ciudades de San Luis y Villa Mercedes.

“Siendo manifiesta la incapacidad del Poder Ejecutivo Provincial para enfrentar y dar respuesta adecuada a la gravísima situación, se torna indispensable conocer si, dentro de las competencias que le son propias a las autoridades provinciales, han solicitado el auxilio federal para, de una vez por todas poner freno a la escalada delictiva”, sostuvo Poggi en el texto que ingresó a la Cámara de Diputados.

El pedido se concentra en cuatro ítems. Uno de ellos busca saber sobre la asistencia o el asiento de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria “para colaborar con la Policía de la Provincia en tareas de prevención del delito”.

También acerca de la asistencia de fuerzas federales “para colaborar en la investigación o esclarecimiento de ilícitos no resueltos” y sobre el acompañamiento de los cuerpos de peritos o con especialización dependientes del Gobierno Federal “para el esclarecimiento de delitos de competencia provincial o para la capacitación en la materia de personal de las fuerzas de seguridad provinciales”.

Por último, intenta indagar respecto al “asesoramiento sobre el diseño de políticas o planes de prevención del delito”.

“La situación caótica de inseguridad es responsabilidad suya gobernador al haber elegido como ministro a un funcionario que carece de idoneidad”, apuntó ayer en un hilo publicado en twitter al exigir al gobierno que implemente políticas para prevenir el delito.

Trajo a colación el brutal asalto que sufrió el agente Diego Gatica. También sumó lo sucedió con Florencia Morales, Guadalupe Lucero y Franco Maranguello.

“La inseguridad golpea a los ciudadanos a plena luz del día, mientras hacen sus compras, realizan sus actividades cotidianas o en el camino de ida o regreso a sus lugares de trabajo, incluso dentro de su propio hogar”, precisó Poggi entre los fundamentos.

A su vez dijo que la gravedad de los hechos “exige una inmediata e irrenunciable obligación del Estado Provincial de diseñar políticas para la prevención de los mismos”.

En este sentido pidió “no escatimar esfuerzos para esclarecerlos y que los responsables, luego de un debido proceso, reciban la sanción penal que les corresponda”.

En otro análisis, centró su mirada en los delitos contra la propiedad: “Se advierte una escalada en la agresividad con que actúan las personas que delinquen, ya que ingresan a los domicilios cuando están sus moradores, asaltan a las personas en la vía pública o en comercios, en horarios de plena actividad laboral, con uso de armas o violencia, lo que agrava la situación”.

“Los ilícitos ya no se concretan solo de noche o cuando no hay nadie en los locales, sino que suceden cuando hay personas en el mismo (propietario, empleados y/o clientes), por lo que no solo hay daños patrimoniales sino peligro cierto para la vida de las personas y su integridad física”, agregó.

Los fundamentos

| “Hace ya un largo tiempo los habitantes de mi provincia se encuentran profundamente conmovidos por los continuos hechos delictivos contra la vida de las personas, contra la integridad sexual y contra la propiedad, entre otros, que día a día se suceden en San Luis”.

| “La inseguridad golpea a los ciudadanos a plena luz del día, mientras hacen sus compras, realizan sus actividades cotidianas o en el camino de ida o regreso a sus lugares de trabajo, incluso dentro de su propio hogar”.

| “La gravedad de los delitos indicados exige una inmediata e irrenunciable obligación del Estado Provincial de ´diseñar políticas para la prevención de los mismos, la ejecución de la consiguiente actividad preventiva y, perpetrados que hayan sido los delitos, no escatimar esfuerzos para esclarecerlos y que los responsables, luego de un debido proceso, reciban la sanción penal que les corresponda”.

| “En el puntual caso de los delitos contra la propiedad, se advierte en mi provincia una escalada en la agresividad con que actúan las personas que delinquen, ya que ingresan a los domicilios cuando están sus moradores, asaltan a las personas en la vía pública o en comercios, en horarios de plena actividad laboral, con uso de armas o violencia, lo que agrava la situación”.

| “En los comercios se advierte la misma modalidad: los ilícitos ya no se concretan solo de noche o cuando no hay nadie en los locales, sino que suceden cuando hay personas en el mismo (propietario, empleados y/o clientes), por lo que no solo hay daños patrimoniales sino peligro cierto para la vida de las personas y su integridad física”.

| “Si a este cuadro de situación agregamos que en mi provincia siguen sin esclarecerse las muertes en comisarías de Florencia Magalí Morales y Franco Maranguello y que sigue desaparecida hace casi un año y tres meses la niña Guadalupe Belén Lucero Cialone (que hoy tiene 6 años) que desapareció de la puerta de la casa de una familiar mientras jugaba con otros niños, por citar algunos de los más resonantes casos, es claro que en la Provincia de San Luis existe un accionar por parte del Poder Ejecutivo Provincial, en la cabeza de los organismos de seguridad a cargo, que en algunos casos resulta cuestionable, en otros insuficiente y en otros omisivo, que genera una situación de inseguridad cada vez más alarmante y violatoria de las garantías de mis comprovincianos”.

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