Concejales insisten en saber qué hizo Tamayo con los 55 millones que recibió del Gobierno antes de las elecciones

“En el marco del control y seguimiento de los recursos públicos que está haciendo Unidos por San Luis, hemos venido al Tribunal de Cuentas a pedir información del uso que hizo el intendente (Sergio Tamayo) de los 55 millones que pidió al Gobierno provincial antes de las elecciones de noviembre”, afirmó el concejal de Unidos por San Luis, Guillermo Araujo.

Por medio de un video contó que en otras oportunidades habían solicitado saber el destino de ese dinero, pero no tuvieron respuesta. Esta vez, lo hicieron amparándose en la ordenanza que regula el acceso a la información pública.

“Muy bien por nuestros concejales de la ciudad de San Luis, siendo custodios de la plata que pertenece a todos los vecinos”, expresó el diputado Nacional, Claudio Poggi tras la presentación de los ediles de la oposición.

EL requerimiento pretende obtener certezas sobre qué hizo Tamayo con los $55 millones que fueron transferidos por el Gobierno provincial en concepto de coparticipación.

“El año pasado, después de que el oficialismo provincial perdiera las elecciones PASO y antes de volver a hacerlo en las generales, el intendente, al igual que otros oficialistas, solicitó un adelanto para aplicarlos supuestamente a cubrir necesidad de vulnerabilidad social generadas por la pandemia”, plantearon los legisladores en un comunicado que también llevó la firma de María Molina y Agustina Arancibia Rodríguez.

Agregaron que unas semanas después de los comicios, los fondos fueron devueltos a la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Al mismo tiempo, mencionaron que “según funcionarios municipales esos fondos no fueron utilizados, sin saber dar una explicación del motivo que generó la solicitud unas semanas antes de la contienda electoral”.

“Cuando se le consultó por este tema a Marcos Cianchino, miembro del Tribunal de Cuentas Municipal, no supo responder y pidió que se cursara la consulta por escrito”, añadieron.

En julio, Araujo había presentado una nota solicitando estos detalles, pero la contestación no llegó. Insistió el 10 de agosto y corrió la misma suerte.

“Es esto lo que motiva a un nuevo pedido, esta vez amparados en la ordenanza que regula el acceso a la información pública, por lo cual, miembros del TCM tendrán 15 días para dar una respuesta y no ser pasibles de las sanciones que establece la normativa en caso de omitir en contestar”, argumentaron.