Igual que en San Luis: designaron a un amigo de Máximo Kirchner en la Corte de Santa Cruz que nunca ejerció la abogacía
El juez no cumple los requisitos establecidos en la Constitución provincial. Acá el Gobierno de Rodríguez Saá colonizó la Justicia con la designación de funcionarios y militantes de su proyecto político.
La designación de un abogado, amigo personal de Máximo Kirchner y aportante de la campaña del Frente de Todos, en el Tribunal Superior de Justicia desató un escándalo en Santa Cruz.
El nombramiento de Fernando Basanta generó la reacción de la oposición que lo calificó de “ilegal”, aunque la mayoría kirchnerista en la Legislatura hizo una “interpretación amplia de la Constitución” para incorporarlo a la Corte.
Máximo Kirchner y Fernando Basanta.
Desde la oposición alertaron que a través del nombramiento se busca "garantizar impunidad y total parcialidad" para con el Gobierno "en todas las cuestiones judiciales".
Basanta es un abogado de 42 años que se recibió cuando tenía 34. El artículo 127 de la Constitución provincial tiene como requisito para quienes pretendan integrar el Superior Tribunal contar en el ejercicio de la profesión de abogado durante al menos 6 años. El ex funcionario no los tenía porque además, nunca se matriculó en la provincia. Pero “en la interpretación amplia” que hizo el Frente de Todos se tomó en cuenta el tiempo estuvo en la administración pública.
Desde el Frente de Todos argumentaron que “la antigüedad del ejercicio profesional no es estrictamente en la actividad privada sino que puede computarse el ejercicio en la función pública del aspirante al cargo”.
Carolina Monteriso en un acto en Terrazas del Portezuelo. (Foto ANSL)
Acá Alberto Rodríguez Saá avanza con la designación de funcionarios y militantes de su proyecto político en la Justicia. Algunos ejemplos de casos ocurridos en los últimos tiempos: 1) Carolina Monteriso, esposa de un íntimo amigo y secretario del ministro de Obras Públicas Alberto Rodríguez Saá, es la presidente del Superior Tribunal; 2) Luis Martínez pasó de jefe del bloque de Diputados K y apoderado del PJ a la procuración General; 3) Eva Morel, ex diputada y presidente del Consejo provincial del PJ, fue nombrada defensora adjunta sin rendir examen; 4) más de una docena de asesores ministeriales, funcionarios y militantes del partido gobernante asumieron como fiscales y defensores eludiendo el proceso de selección del Consejo de la Magistratura y en algunos casos fueron declarados “no recomendables” para los cargos por la comisión técnica de evaluación; 5) Laura Molino recibió el acuerdo como jueza del Tribunal de Impugnaciones después que la Corte Suprema le anulara una sentencia.
El primer escándalo judicial del año fue la postulación del actual vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz como juez del Superior Tribunal. Por los cuestionamientos y el fuerte rechazo de la oposición y colegios de abogados, el dirigente se bajó de la nominación el día que se presentó en la audiencia pública.